Del Villar advirtió al GDF: El Renave, fuente de legalización de autos robados

El cada vez más impugnado Registro Nacional de Vehículos (Renave), sufrió un duro golpe el viernes 4: la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, anunció que no se firmará el convenio respectivo con la Secretaría de Comercio, lo que implica que la administración capitalina no condicionará la prestación de otros servicios -verificación, cambio de placas, altas y bajas de vehículos- al cumplimiento del registro.
Además, tienen placas del Distrito Federal poco más de 3 millones 700 vehículos, que representan cerca de 8% de los que
circulan en todo el territorio nacional.
La decisión del Gobierno del DF se basó en parte en un análisis realizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual desde un principio consideró contraproducente que el Estado dejará en manos de particulares el Renave.

En julio de 1999, la PGJDF señaló que el Renave en manos del gobierno federal podía haber sido una medida importante para restablecer los controles perdidos del Estado mexicano sobre el parque vehicular nacional, a raíz de la desaparición del Registro Federal de Automóviles en 1989.
La procuraduría capitalina impugnó la tardía expedición del reglamento correspondiente y la falta de modificaciones necesarias a la ley para que la competencia de su aplicación recayera en la Secretaría de Gobernación mediante la Policía Federal Preventiva.
En un oficio dirigido al secretario de Comercio, Herminio Blanco, el 13 de julio de 1999, el procurador Samuel del Villar advirtió que el Renave “manejado por el principio fundamental de lucro” y fuera de los controles más estrictos del Estado, tenderá a convertirse en una extraordinaria fuente de documentación y de “legalización” adicional de vehículos robados para su comercialización en agencias, lotes, deshuesaderos, operaciones entre particulares e, incluso, en exportaciones ilícitas.
Según la PGJDF, el robo y comercio ilícito de vehículos y autopartes constituye la fuente de criminalidad organizada más rica y más peligrosa después del narcotráfico. Su organización y desarrollo depende fundamentalmente de su capacidad de documentar los vehículos y las autopartes robadas para introducirlos al mercado abierto “lícito”.
La PGJDF dio a conocer algunas de las formas que utiliza el crimen organizado para “lavar” vehículos robados:
El “injerto”: usa documentos de identificación de un vehículo siniestrado para “legalizar” un vehículo robado.
El “clonamiento”: multiplica la falsificación de la documentación auténtica de un vehículo adquirido lícitamente para amparar el número correspondiente de vehículos robados.
El “remarcado”: altera los números originales de identificación de vehículos robados.
Y, también, la compra de vehículos como chatarra para utilizar su factura y amparar la venta de autopartes de vehículos robados y “deshuesados”.
Subrayó que el artículo 11 de la Ley del Renave ofrece el camino franco para que el proceso de “legalización” sea puesto en duda. Establece: “La inscripción de un vehículo en el Registro presume la existencia del mismo y su pertenencia  a la persona inscrita en él como propietario, salvo prueba en contrario”.
Consideró que mediante ese artículo se legalizará  un “gran lavadero de vehículos”, mientras no se realice una depuración del parque vehicular para que corra a la par con los registros estatales, que es donde se expiden placas y tarjetas de circulación.
También consideró que otorgar atribuciones a manos privadas para la “inspección de vehículos automotores con propósitos de identificación de los mismos”, no tiene sustento constitucional ni legal, toda vez que violenta lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional y usurpa atribuciones que corresponde a diversas autoridades locales y federales.
Además, su efectividad está estructuralmente neutralizada por el número infinitamente reducido de sus elementos en relación con el parque vehicular en el territorio nacional, que supera los 44 millones de automores.
Según la PGJDF, “es inconcebible un  proceso de inspección mínimamente adecuado sin  la participación de las autoridades federales y locales competentes en materia de tránsito vehicular y de prevención y persecución de la delincuencia”.
Por ello, la PGJDF advirtió que para que el Renave sirva efectivamente como medio de control, sería necesario que estuviera adscrito y administrado directamente por una autoridad federal competente. Sólo así, dice, se podría prevenir e inhibir el robo de vehículos y auxiliar al Ministerio Público en su investigación.
Otro problema es que a la base de datos del Renave necesariamente tendrá que anexarse la base de vehículos robados, que se concentra en tres entidades: Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal, que representan 85% del total de vehículos robados en todo el país.
De acuerdo con los indicadores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de enero a junio de 1998 y 1999 el robo con violencia en el DF pasó de 48 a 44.20%. En el mismo período, en el Estado de México se reportaron 3 mil 556 automóviles robados, de los cuales 475 fueron recuperados, mientras que en Jalisco se robaron 2 mil 601 y se recuperaron 667. Según la AMIS, 70% de la recuperación a nivel nacional se concentra en el Distrito Federal.

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