Ignora recomendaciones de la OEA Fujimori acorrala a la oposición

LIMA.- Un gobierno fortalecido y endurecido, y una oposición acorralada y neutralizada encontrará la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que esta semana, con la presencia de su secretario general César Gaviria, iniciará la búsqueda de una salida a la aguda crisis originada por la tercera elección de Alberto Fujimori.
Con motivo de la tercera “juramentación” consecutiva de Fujimori como mandatario, el viernes 28 de julio, la oposición encabezada por el excandidato presidencial Alejandro Toledo organizó una jornada de protesta, que se inició el miércoles 26 bajo la denominación de la Marcha de los Cuatro Suyos, en la que participaron ciudadanos de todos los rincones del país. El jueves, en una multitudinaria manifestación que, según los observadores más conservadores, reunió a más de 60 mil personas, Toledo advirtió a sus seguidores que la jornada contra la toma de posesión sería “pacífica de principio a fin, pero también muy firme”.
El viernes, el centro de la capital, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, amaneció copado por 5 mil policías y en el resto de la ciudad había otros 30 mil, dotados de 12 toneladas de bombas lacrimógenas.
Mientras apuradamente Fujimori rendía juramento, y la oposición parlamentaria se colocaba máscaras antigás y se retiraba de la ceremonia gritando “dictador”, “el país exige nuevas elecciones” y “el pueblo se muere de hambre”, en las calles las fuerzas de seguridad y los manifestantes se trenzaban en una violenta confrontación.

Fujimori, la mayoría de los diputados oficialistas y los dos únicos presidentes latinoamericanos asistentes, el boliviano Hugo Bánzer y el ecuatoriano Gustavo Noboa, se quedaron solos en la ceremonia. Nunca antes se había registrado un acto tan deslucido y triste.
Las calles fueron controladas por la policía hasta el filo del mediodía, cuando, repentinamente, sus tropas se retiraron y dejaron sin seguridad los más importantes establecimientos públicos. Esto fue aprovechado por individuos que incendiaron los edificios del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, de la Corte Superior de Lima y del Banco de la Nación, donde fallecieron por asfixia cinco vigilantes y un chofer.
En la misma noche del viernes 28, Toledo denunció la infiltración de supuestos agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión política que controla el oscuro asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Aunque no presentó pruebas, el líder de la oposición dijo que la policía se retiró deliberadamente de los locales públicos para permitir el ataque de individuos presuntamente pagados por el régimen o para ocasionar daños y responsabilizar a los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos.
Al día siguiente, el gobierno nombró a Richard Saavedra Luján fiscal dedicado exclusivamente a la investigación de los desmanes. Antes de iniciar su trabajo, Saavedra recibió una indicación expresa de Fujimori, cuando éste pronunció un inusual discurso en un almuerzo con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Sin mencionarlo, culpó a Toledo y a toda la oposición de las acciones vandálicas que dañaron seriamente su toma de posesión ante los ojos del mundo. Y también reveló un supuesto plan de los manifestantes para quemar el Congreso y así impedir su asunción. Peor aún, los tildó de terroristas, al compararlos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el cual durante cuatro meses mantuvo a 72 rehenes en la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki, entre los cuales se encontraba Pedro Fujimori, hermano del presidente.
Según el mandatario peruano, la oposición intentó cumplir un plan que no pudo ejecutar el MRTA porque los descubrió la policía: tomar el Congreso.

Más de lo mismo

La declaración de Fujimori sólo fue el principio de una sucesión de denuncias judiciales contra Alejandro Toledo, a quien la prensa oficialista financiada con publicidad estatal señaló como “el único responsable”, “autor directo”, “cerebro maquiavélico” y “conocido terrorista” que concibió las acciones vandálicas.
Efectivamente, el gobierno no perdió tiempo. La Dirección Nacional de Seguridad del Estado dio a conocer sus informes acusando a Toledo, al escritor Álvaro Vargas Llosa, al empresario Carlos Bruce Montes de Oca y a la dirigente feminista Aída García Naranjo, entre otros siete líderes de la oposición, como los organizadores de la jornada de protesta. Además de acusarlos de desatar la violencia el viernes 28, los señaló como presuntos autores de los saqueos y robos que también se registraron ese día.
“Nos quieren meter presos para descabezar la protesta”, dijo Toledo a Proceso mientras discutía con miembros del Colegio de Abogados de Lima la estrategia de su defensa: “Pero el objetivo principal del gobierno es desacreditarnos ante la misión de la OEA. Nos quieren dañar como interlocutores válidos de la oposición. Y para ese fin podrían acusarnos hasta de terroristas”.
En efecto, el nuevo primer ministro, Federico Salas Guevara, uno los ocho candidatos de la oposición en las pasadas elecciones, al iniciar sus actividades, señaló que “la OEA debe evaluar si ese señor (Toledo) tiene credibilidad para representar a la oposición y estar presente en las conversaciones”.
Salas es parte de la imagen populista que quiere proyectar el tercer gobierno de Fujimori. Durante la campaña electoral, Salas, alcalde de un pueblo de los Andes del Sur, llegó a Lima montado en caballo con un feroz discurso antigubernamental. Además de reclamar más recursos para su hambriento pueblo, Huancavelica, en esa ocasión Salas llegó a pedir la destitución de Montesinos. Ahora se ha olvidado de aquellas exigencias: “El tema Montesinos será visto más adelante”, dijo en su primera presentación.
En realidad, el nombramiento de Federico Salas supone el reconocimiento de una “oposición dialogante” con la que la OEA debería negociar la salida a la crisis, y no con la “oposición recalcitrante” de Toledo, al decir del propio Fujimori.
La numerosa y continua protesta popular contra el tercer gobierno de Fujimori, hasta el momento, ha logrado la intervención de la OEA y su aislamiento internacional, pero también su endurecimiento.
Además del nombramiento de Federico Salas como primer ministro, Fujimori designó como ministro de Economía a Carlos Boloña Behr, neoliberal radical que condujo una agresiva privatización de empresas estatales y mantuvo con mano dura la caja fiscal a costa de los salarios de los trabajadores. Boloña fue, además, uno de los pocos ministros que se mantuvo en el gabinete cuando Fujimori, en alianza con las Fuerzas Armadas, dio el autogolpe, el 5 de abril de 1992.
Pero Fujimori ha dado más muestras de que radicalizará el modelo de su régimen. En la primera semana de junio, la Asamblea General de la OEA acordó enviar una misión a Lima para alentar al gobierno a aplicar reformas destinadas a recuperar la credibilidad de la democracia peruana.
Entre los 29 puntos que planteó la organización, destacan el replanteamiento de las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, así como la reestructuración del poderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la consecuente remoción de Montesinos.
Sin embargo, al iniciar su tercer mandato, Fujimori mantuvo a los jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, miembros del estrecho entorno del asesor Montesinos, quien también ha sido ratificado en su puesto. Entre los pocos cambios en el gabinete, el presidente designó en el Ministerio del Interior al general del Ejército Walter Chacón Málaga, otro compañero de la escuela militar de Montesinos, a quien debe su ascenso. Tampoco fue removido el jefe de la decisiva Segunda Región Militar con sede en Lima -de donde suelen salir las tropas y los tanques cuando se produce una asonada castrense-, el general Luis Cubas Porta. Este decisivo militar está casado con Karelia Montesinos, hermana del influyente e inescrutable asesor. Más aún, el presidente Fujimori, en abierto desafío a la OEA, anunció que su consejero podría asumir algún cargo público.

Quemar las pruebas

El gobierno peruano ha aprovechado muy bien la violenta manifestación dirigida por la oposición para desacreditar a sus dirigentes. Incluso, algunos de los incendios provocados por los manifestantes, según los voceros oficiales, o por infiltrados del gobierno, según la oposición, de alguna manera beneficiaron al régimen.
Según el Jurado Nacional de Elecciones, se quemó completamente la oficina del procurador, que investigaba varios casos de fraude electoral, como la adulteración de los votos preferenciales de varios candidatos del oficialismo. Y en el Banco de la Nación se quemaron documentos trascendentales, como las actas del directorio e informes sobre las cuestionadas negociaciones para la venta de los papeles de la deuda externa peruana.
-¿No resultó contraproducente para la oposición la protesta contra la tercera asunción de Fujimori? -preguntó Proceso a Álvaro Vargas Llosa, uno de los colaboradores más cercanos de Toledo.
-Todo lo contrario. El régimen ha iniciado una desesperada cacería contra la oposición para acorralarnos y desprestigiarnos, pero al mismo tiempo ha quedado en evidencia la naturaleza represiva, autoritaria e ilegítima del gobierno -respondió el hijo del novelista Mario Vargas Llosa, uno de los denunciados por la policía como instigador de la violencia del 28 de julio.
-Después de los hechos, ¿se sentarán a la mesa de negociaciones de la OEA fortalecidos o disminuidos?
-Extremadamente fortalecidos. Porque es la hora de la verdad de la OEA. Si el organismo no condena la represión masiva contra la protesta, tampoco exige una investigación de los desmanes cometidos por infiltrados del gobierno, entonces la OEA perdería legitimidad al avalar los actos del tercer gobierno de Fujimori. La OEA está obligada a definirse.
De acuerdo con Alejandro Toledo, quien anunció la constitución de un frente nacional para la unificación de todas las fuerzas de la oposición, dialogará con la OEA para exigirle una posición más firme respecto del régimen de Fujimori.
“Para que la posición de la OEA tenga coherencia, debe demandar al gobierno de Fujimori el cumplimiento de las reformas en un corto plazo”, dijo Toledo a Proceso.
Y señaló que “voceros del régimen han declarado reiteradamente, por estos días, que será el gobierno peruano el que fijará el cronograma. La OEA no puede aceptar las imposiciones de un presidente surgido de unas elecciones fraudulentas, de acuerdo con los informes de la propia organización”.
Sin embargo, el oficialismo ha desatado una campaña de descrédito de Toledo y la oposición que difícilmente puede pasar inadvertida para la misión que encabeza el secretario general de la OEA, César Gaviria. La congresista gobiernista Martha Moyano, al día siguiente de las acciones de violencia, presentó una denuncia penal contra Toledo por alteración del orden público, daños contra la propiedad estatal, robo y presunto homicidio.
“No podemos tener más consideraciones contra los instigadores que ocasionan daño y dolor al país. Toledo y sus dirigentes son los responsables de lo que sucedió, porque ellos convocaron a la manifestación”, dijo Moyano.
En un popular programa de televisión, Beto a saber, la congresista oficialista Martha Chávez Cossío -quien en su momento acusó a la agente de inteligencia Leonor la Rosa de haberse “autotorturado”, después de que denunció que oficiales del Ejército le aplicaron picana eléctrica y abusaron sexualmente de ella-, dijo que si la policía disparaba contra los manifestantes y resultaban heridos o muertos, la acción “se justificaba”.
“Quieren asustarnos y que nos vayamos del país”, señaló a Proceso Carlos Bruce, uno de los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos y denunciado penalmente. “Pero no, no nos iremos. No vamos a correr ni nos vamos a asilar en ninguna parte”.
En un intento por detener la arrolladora campaña del gobierno, la oposición parlamentaria presentó iniciativas para formar una comisión investigadora que precise la responsabilidad de la policía que se retiró de los establecimientos públicos, los cuales debieron tener seguridad permanente.
Pero difícilmente tendrá éxito, ya que Fujimori contaría con 70 de los 120 parlamentarios. Y el número podría aumentar, según denunció la oposición, porque el gobierno estaría “comprando” congresistas.
Según Toledo, “la OEA tiene la oportunidad histórica de decirle al gobierno peruano que cumpla con las reformas. Esta campaña en nuestra contra revela la auténtica entraña del régimen. Vaya usted a las calles y lea lo que dicen las paredes. Eso lo hacen los agentes de inteligencia”.
En efecto, cuando atraviese la ciudad el secretario general de la OEA y su comitiva de negociadores, leerá por todas partes: “Toledo terrorista”, “Toledo es un asesino”, “Toledo mató a los vigilantes”, en alusión a las seis víctimas del Banco de la Nación.
“Con ese gobierno va a negociar el señor Gaviria”, apuntó Toledo.

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