MÉXICO, D.F. (apro).- Unos hombres no identificados llegaron un día a la casa de Marichú Bravo, acusada por el gobierno de Veracruz de un delito equiparado a “terrorismo”. Le desconectaron la luz y la obligaron a firmar un acta en la que se comprometía a no usar nunca más una red social. “Fui maltratada, golpeada con armas y perdí el conocimiento”, afirmó Bravo durante su participación en el foro “El papel de Internet en un contexto de violencia en México”. A partir de esa visita, decidió cancelar su cuenta en Facebook y no volvió a emitir ningún mensaje en Twitter o en alguna otra red social. Marichú, como la conocen en Veracruz, fue trasladada del cuartel de San José al penal de Pacho Viejo, Veracruz, junto con su presunto “cómplice”. Ambos fueron acusados por el gobierno de Javier Duarte, del PRI, de haber cometido un delito equiparado con el terrorismo por divulgar rumores sobre presuntos ataques del crimen organizado en unas escuelas de Veracruz. Su testimonio fue el más conmovedor y sirvió de marco para el foro que fue inaugurado en el Senado por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Francisco Javier Castellón Fonseca, firme defensor de los twitteros arrestados en Veracruz. Sólo la presión nacional y el escándalo internacional permitieron que fueran liberados. Durante su presentación, Castellón Fonseca advirtió que ante la situación de violencia que vive el país, “en muchos estados las redes sociales o el internet se convirtieron también en una forma de comunicación y de protección entre las propias comunidades, pero eso hace también que los signos de la violencia, incluida aquella que usa el Estado para poder contener a los delincuentes o los mismos delincuentes para poder evadir al Estado o combatir a sus adversarios, comiencen a usar estas mismas tácticas contra las redes sociales”. Abundó: “De repente, ha ocurrido en nuestro país que algún posteo en las redes sociales, algún correo electrónico, se conviertan a la luz de los ojos de los gobernantes en la posibilidad de un delito, y muchos de ellos comienzan a intentar modificar códigos penales y las leyes para que los posteos en las redes sociales, para que la información que circula en ella, puedan generar delitos muy raros como el de ‘perturbación del orden público’ o el de ‘rumores falsos’ o el de cualquier tipo de información difundida en la red que no convenga a lo que estén pensando los gobernantes en este momento”. El senador del PRD insistió en la necesidad de reflexionar en esta nueva tendencia que se ha registrado no sólo en Veracruz, sino en otros estados, y también a nivel internacional. Subrayó que las redes sociales irrumpieron en 2009 en México “como una forma de comunicación política, pero también como una forma de vehículo ciudadano para llevar a cabo determinadas demandas”. En el evento también participó el representante de Asuntos Gubernamentales, Política Pública y Responsabilidad Social de Google, Manuel Tamez. “No es internet el que genera la violencia, sino que es reflejo de lo que sucede en la sociedad”, subrayó Tamez. Otros participantes fueron Daniel Moreno, del blog Animal Político; el doctor José Luis Mateos, del Instituto de Física de la UNAM; John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Oscar Mondragón, de Contingente MX; Omar Rábago, de Artículo 19, así como León Felipe Sánchez Ambia, de la Facultad de Derecho de la UNAM.