Los diputados panistas de Guanajuato: en aborto, ni un paso atrás

GUANAJUATO, GTO.- Para los 16 diputados panistas del Congreso local, no hay marcha atrás en penalizar el aborto, aun en caso de violación.
Apoyados por un diputado independiente y por otro del Partido Alianza Social, los panistas suprimieron un precepto establecido en el Código Penal Estatal desde 1933.
De acuerdo con dicho precepto, no debe ser penalizado el aborto cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
El escándalo desatado por la supresión del artículo, que obligó al presidente electo Vicente Fox, de gira por Sudamérica, a deslindarse de la reforma  -”nunca promoveremos iniciativas en esa dirección” antiaborto, dijo en Sao Paulo el 10 de agosto-, condujo, por otra parte, al dirigente nacional del PAN, Felipe Bravo Mena, a recordar que la posición tradicional de su partido, “firme y absoluta”, ha sido “a favor de la defensa de la vida”,  aunque debe pasar, también, por la “prudencia política”.

A su vez, el gobernador panista de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, ante las protestas desatadas en su entidad y en todo el país, prometió hacer una consulta ciudadana, y ahora está en sus manos aceptar o vetar la reforma.
En entrevista con la corresponsal, el coordinador de los diputados locales del PAN, Ricardo Torres Origel, defiende su posición:
“Es un principio del partido el respeto irrestricto a la vida desde el momento de su concepción, sin excepción alguna. Y no creo que los principios que durante 61 años se defendieron como oposición, ahora se deban hacer a un lado como gobierno.”
Pero asegura: “Normalmente en este país el aborto está penalizado en todos los estados de la República, salvo en el caso de violación. En este punto en particular, el grupo del PAN pedía por mi conducto una entrevista con el presidente de la Comisión de Justicia -José Aben Amar González-, para plantearle que no se le metiera mano o enmendara la plana a ese artículo. En un de-sayuno en Silao, hace cuatro meses, platicamos de este asunto. Le señalaba que nuestra posición era dejarlo tal y como estaba, no tocarlo, porque nosotros queríamos evitar lo que finalmente ocurrió…”.
Sin embargo, José Aben Amar González lo contradice: “Desde el principio nos dijeron que no querían esa fracción; que querían eliminar la exclusión de punibilidad en caso de violación. Era: ‘suprímase y ya’”.
Lo cierto es que los dipu-tados del PAN, con el apoyo de otros dos no panistas para hacer mayoría, escogieron el peor momento para difundir la reforma: un día después de que Vicente Fox fue declarado presidente electo, y cuando faltaban tres días para que el gobernador sustituto de Fox, Ramón Martín Huerta, rindiera su informe de gobierno.
Al acudir a la ceremonia en el Palacio Legislativo, el domingo 6, Martín Huerta tuvo que enfrentar manifestaciones de organizaciones civiles de mujeres que, plantadas ante el recinto, protestaban con frases como ésta: “¡Hoy, hoy, hoy, violada, embarazada y encarcelada gracias al PAN!”.
Más tarde, Martín Huerta se comprometió públicamente a hacer una consulta ciudadana sobre el tema y, con base en los resultados, vetar o no el nuevo Código. Cuenta con 10 días hábiles para tomar su decisión después de recibir la nueva legislación del Congreso, pero hasta el fin de semana prevalecía la incertidumbre.
Y es que, después de las
reacciones desatadas, los panistas presentaron, el miércoles 9, una propuesta que trata de enmendar o matizar su decisión: propusieron que la mujer que aborte por una violación, finalmente sea juzgada con menos severidad con base en “atenuantes” que se refieren, entre otros aspectos, al estado de salud de la mujer violada, a su capacidad para la maternidad, a su ignorancia y al parentesco consanguíneo de la víctima con el violador.
Como sea, la posición de los legisladores panistas es no dar marcha atrás.

La historia

El Código Penal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 4 el 12 de enero de 1933, y puesto en vigor el día 15, establecía en el artículo 290 que no es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación.
El siguiente Código Penal de Guanajuato, promulgado en agosto de 1956 -entró en vigor en agosto de 1957- , mantuvo en su artículo 272 la misma redacción que el anterior.
El Código Penal  vigente, promulgado en 1978, tampoco sanciona a la mujer que aborte si el embarazo es producto de una violación.
En la Exposición de Motivos de este código, los diputados de la LV Legislatura dejaron sentado que, de acuerdo con datos estadísticos, “un gran número de mujeres abortan clandestinamente en condiciones que ponen en grave riesgo su salud o incluso su vida, y que la conminación penal no ha podido evitar esa incidencia… Se consideró entonces que, reconociendo y afrontando esas realidades, resulta preferible autorizar el aborto, en los casos y requisitos señalados…”.
De 1995 a 1999, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato recibió mil 348 denuncias por violación
-otras mil 7 por abusos sexuales, que el Código vigente denomina “abusos deshonestos”- y tuvo conocimiento de sólo 45 abortos. En lo que va del año, las cifras correspondientes son: violaciones, 108; abusos sexuales, 119, y únicamente dos abortos.
Hechos como éstos fueron tomados en cuenta por los
diputados panistas de la Legislatura anterior -entre ellos el ahora diputado federal Juan Miguel Alcántara Soria- para convenir con el PRI y el PRD que no hubiera punibilidad del aborto por violación. Ese acuerdo lo registraron en el anteproyecto de nuevo Código Penal que, en 1997, dejaron en manos de la actual
Legislatura.
Debido a foros organizados sobre el tema, así como a trabajos de una comisión especial -en ella participaron el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el rector de la Universidad de Guanajuato-, a ese anteproyecto se le añadió más tarde otra exclusión: la “no punibilidad del aborto que se provoque o consienta por la mujer embarazada, siempre y cuando exista la certeza de que el producto es inviable mediante certificado médico, previamente comunicado a la Secretaría de Salud y confirmado por ésta”.
Al respecto, el actual presidente de la Comisión de Justicia, José Aben Amar González, aclara que, al analizar el anteproyecto, “estuvimos de acuerdo con los panistas en eliminar esta fracción del nuevo código, porque para determinar esa inviabilidad se requiere de estudios médicos muy costosos, que no son accesibles para cualquier mujer”.
Pero los diputados panistas querían más. Y el jueves 3 de agosto, en la sesión en la que se discutió el nuevo Código -que ya había sido aprobado en lo general-, el coordinador parlamentario Torres Origel lanzó estas preguntas desde la tribuna:
“¿Es lícito matar a un tercero inocente para, aparentemente, reparar el grave daño causado a una mujer por la conducta enfermiza y bestial de un hombre? ¿Quién tendrá la evidencia de que el concebido es producto de una violación? ¿Quién tendrá la autoridad para determinarlo y, sobre todo, para sustituir a un juez, que es la única y legítima autoridad para declararlo?… En los casos en que la violación fue consecuencia de violencia moral, ¿habrá igual riesgo de error que en los certificados derivados de la violencia física, que necesariamente deja huellas?”.
Y en ese punto pidió y obtuvo el respaldo suficiente para eliminar la exclusión de punibilidad en el aborto.

El Ejecutivo “lo sabía”

-¿Fue postura exclusiva de la fracción? ¿Lo comentaron con el gobernador, con el Comité Estatal del PAN? -preguntó la corresponsal a Torres Origel.
-Para nadie es nuevo ni desconocido que el PAN tiene entre sus principios filosóficos el respeto irrestricto a la persona humana, el respeto a la vida desde el momento de la concepción. Acción Nacional lo ha defendido durante toda su historia de 61 años.
Aclaró que la postura del partido en Guanajuato estaba implícita en la postura del presidente estatal del PAN, que es miembro del grupo parlamentario y que sumó su voto a la fracción.
Según Torres Origel, los diputados panistas están conscientes del debate que generaron. Y lo consideran positivo: “Es un debate que hace muchos años no se había dado en este país, sobre un problema que está latente en México: el avance de la cultura de la muerte, la desatención a las víctimas del delito, el problema de los abortos clandestinos, la necesidad de que las leyes privilegien el respeto a la persona humana, principalmente el derecho a la vida. Este debate podría ser benéfico, independientemente de en qué culmine”.
La idea, dice, no es castigar con cárcel a las mujeres violadas que aborten. “Eso lo dicen voces que quieren desviar la atención del problema sustancial, que es la falta de una política de Estado para que éste apoye a la mujer violada en todo, que imponga una mayor pena al violador y que atienda al  hijo de la mujer violada para que éste pueda seguir viviendo”.
Por su parte, el diputado panista Javier Chico Goerne Cobián, integrante de la Comisión de Justicia, dice que los panistas que no aprueban la reforma van contra la doctrina del PAN, pues “el partido defiende la vida desde la concepción, sin excepciones. No se ha debatido sobre excepciones en el partido”.
Finalmente, el diputado y presidente del PAN estatal, Gerardo de los Cobos, asegura que dentro del grupo parlamentario y “de la sociedad a la que consultamos nuestra plataforma y a la que representamos, hay el consenso” para penalizar el aborto de la mujer violada.
Dice que hay opciones
para las mujeres violadas que se embarazan, antes que abortar. Se trataría, señala,
de “no obligar a esa mujer a la maternidad, pero sí hacer viable esa vida (la del feto). Que la mujer tenga la alternativa de darlo en adopción. Vamos a hacer una sociedad más solidaria”.
-¿Qué les dijeron en el CEN?
-Entendieron que fue un ejercicio del Congreso, válido para las condiciones específicas de Guanajuato.
-¿Los está apoyando?
-Está respetando nuestra postura.

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