La demencia, su única puerta de escape El juicio contra Pinochet, aún lejano

SANTIAGO DE CHILE.- Por primera vez en 27 años, Augusto Pinochet no cuenta con inmunidades ni fueros de ningún tipo. Es, ante la ley, un ciudadano más. El contundente fallo de la Corte Suprema -emitido el martes 8- determinó, por 14 votos contra seis, que existen fundamentos para considerar que el exdictador tiene responsabilidad en la desaparición forzada de 19 chilenos, en octubre de 1973, ya sea como autor, cómplice o encubridor de esos crímenes; por tanto, lo despojó del fuero parlamentario que lo cobijaba en su calidad de senador vitalicio.
El fallo del máximo tribunal es inapelable y refrendó otro, de la Corte de Apelaciones, que desaforó a Pinochet por 13 votos contra nueve. La defensa apeló. Y perdió.
Ahora Pinochet deberá enfrentar por primera vez a la justicia. Otras 157 querellas criminales en su contra aguardan su turno. Y para Pinochet la única puerta de escape es la demencia.

Rotunda sentencia

En 51 cuartillas, los jueces fundamentan el desafuero de Pinochet y desestiman los argumentos de la defensa, basados, principalmente, en la tesis de que hubo excesos personales y no institucionales en la comisión de delitos contra las víctimas de la guerra. Al respecto, la sentencia comenta el proverbial verticalismo del mando del Ejército chileno.
El documento comenta que si se considera que al general Sergio Arellano Stark -a cargo de la misión conocida como Caravana de la Muerte (Proceso 1232)- y a su comitiva se les proporcionaron todos los elementos logísticos necesarios para llevar a cabo su misión, y que ante los excesos derivados de éste -72 personas ejecutadas, de las cuales 19 permanecen desaparecidas- no hubo reacción de la máxima autoridad militar de ese momento ni sanción alguna a los responsables, “debe concluirse que la orden de proceder en la forma como se ejecutó debió haber sido decretada por el propio comandante en jefe de la época” (es decir, Augusto Pinochet).
Los jueces opinan que Pinochet “tenía un claro concepto de ese verticalismo”, y citan como prueba un párrafo del libro Política, politiquería y demagogia, de Augusto Pinochet, que dice: En la organización militar, quien no sepa mandar no sirve (…) Creo que para ejecutar bien el mando, es imprescindible haber aprendido a obedecer. Y obedecer a plenitud, en forma comprometida, sin vacilaciones.
Los magistrados consignan el hecho de que Pinochet ascendió a todos los oficiales que integraron la comitiva de Arellano, a la vez que llamó a retiro a los oficiales que se opusieron a cumplir sus órdenes y/o denunciaron los excesos cometidos por la Caravana de la Muerte.
Que Arellano ostentara en esa misión la calidad de “delegado del comandante en jefe” fue un elemento de peso para la decisión de los jueces. Pese a que el documento respectivo no está en el expediente, su existencia se consideró certificada por las declaraciones de los jefes operativos de las ciudades visitadas por Arellano y su comitiva, que dijeron haberlo visto o haber estado en conocimiento de su contenido.
También se tomó en cuenta la declaración del general Joaquín Lagos, quien informó personalmente a Pinochet, en octubre de 1973, de los excesos cometidos por esa comitiva en Antofagasta, sin que éste ordenara investigación alguna al respecto.
La defensa de Pinochet argumentó en sus alegatos que los delitos que se imputan al exdictador son falsos. Afirmó que es inverosímil pensar que 27 años después de desaparecidas, esas 19 personas estén vivas. En consecuencia, alegaron, se trata de ejecutados y no de secuestrados. Y exigieron la aplicación de la prescripción del delito y  la Ley de Amnistía. Esa ley, decretada por la dictadura y aún vigente, fue un autoperdón para los agentes del Estado que violaron los derechos humanos entre 1973 y 1976, lapso en el que la represión fue más brutal.
Durante el régimen militar y aun después de iniciada la transición a la democracia, los magistrados interpretaron esa ley como un impedimento para investigar las violaciones de los derechos humanos. La sentencia que desaforó a Pinochet da otra interpretación a esa ley, al asentar que no es de aplicación automática, sino que es aplicable cuando los jueces lo estiman pertinente una vez que la investigación criminal esté concluida, y las responsabilidades penales, determinadas.
Acerca de ese punto, el abogado querellante Eduardo Contreras aclara: “La ley de Amnistía se aplica a personas, no a hechos; en consecuencia, el proceso a los inculpados es requisito previo para la aplicación de esa ley”.
Además, el fallo de la Corte Suprema amplió el ámbito de la investigación del juez Juan Guzmán, al asentar en su considerando 63: “Se encuentran acreditados dos hechos que presentarían características de delito”, como asociación ilícita, homicidios calificados e inhumaciones ilegales.
Eduardo Contreras opina que lo anterior ampliará el número de uniformados sometidos a proceso, porque “la sentencia superó la barrera del secuestro calificado, por el cual se demandó el desafuero de Pinochet”.
Como contrapartida, el abogado defensor José María Eyzaguirre considera que la Corte Suprema “derogó simbólicamente la Ley de Amnistía”.

Lo que viene

Desaforado Pinochet, debería sobrevenir el juicio en su contra. Sin embargo, ese próximo paso no tiene fecha fija. El juez Guzmán reconoció que la iniciación del juicio puede aún estar lejos. El Código de Procedimiento Penal impone someter a los inculpados mayores de 70 años a un examen médico mental antes de someterlos a juicio, a fin de determinar si están en condiciones de comprender las preguntas y responder con coherencia, en otras palabras, para garantizar el debido proceso.
Pinochet ya advirtió que no se someterá a esos exámenes, y su hijo Marco Antonio, vocero de la familia, declaró que prefieren al general muerto antes que declarado demente o loco. Esta situación podría entorpecer la labor del juez.
El abogado defensor Gustavo Collao opina que esos exámenes son un derecho a favor del inculpado. En tal sentido, agrega, negarse a ese beneficio es privilegio del interesado.
El abogado Contreras, en cambio, aclara: “El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal es muy claro: dichos exámenes son obligatorios; por tanto, si un inculpado se niega a ellos, incurre en desacato y puede ser arrestado”.

El doble discurso

Pinochet, su familia y la derecha que lo defiende a ultranza han mantenido un invariable doble discurso acerca de todo lo que concierne al exdictador. Cuando fue detenido en Londres, el 16 de octubre de 1998, acusaron al gobierno de Eduardo Frei de haber montado un “complot socialista internacional” para acorralarlo. Partícipes de ese complot eran, según Pinochet y su entorno, los gobiernos británico y español.
Cuando los buenos oficios del gobierno chileno se hicieron sentir a favor del detenido, apelando para ello incluso al Papa, Pinochet declaró: “Me defenderé (ante los tribunales británicos) con todas mis fuerzas y con el apoyo del gobierno y del presidente de mi país”.
Cuando la diplomacia activa chilena logró convencer al primer ministro británico Jack Straw de liberar a Pinochet “por razones humanitarias”, la familia y los representantes políticos del general expresaron su satisfacción y gratitud por el apoyo recibido de Frei y sus colaboradores.
Ante el fallo definitivo de desafuero, revivieron el espectro de la conspiración socialista, acusaron a los ministros de la Corte Suprema -al menos a los 14 que votaron por el desafuero- de haber cedido a las presiones del gobierno y haber realizado un “juicio político destinado a destruir la imagen de Pinochet ante la historia”.
Y a pesar de que en Londres argumentaron la precaria salud física y mental del general como motivo principal para su liberación, ahora anuncian que no permitirán exámenes médicos a su líder, porque, afirman, lo que se busca con ellos es impedirle que se defienda.
Enterado del fallo adverso, Pinochet advirtió: “No me doblegarán. Como soldado, lucharé hasta la última gota de mis fuerzas”. Y anunció, por boca de sus incondicionales, que se defenderá en los tribunales y que enviará una carta a los chilenos expresando su parecer ante esta nueva conjura del socialismo. Lo propio hizo cuando estaba detenido en Londres, y consideró que una conjura internacional había decretado “su sentencia de muerte”. Entonces, anunció que redactaría su testamento político, el cual, finalmente, se dio a conocer en Chile.
Esa carta, en rigor, no dijo nada que Pinochet no hubiera dicho antes. Fue un intento fallido de limpiar su imagen.
Ahora anuncia una entrevista por televisión para los próximos días y su reaparición en actos públicos. El primero, en una recepción programada en Santiago para el 23 de agosto. Será el aniversario de su ascenso a comandante en jefe del Ejército, cargo para el que lo nombró el presidente Salvador Allende, apenas 19 días antes de su derrocamiento y muerte.
Después vendrá septiembre, mes que durante un cuarto de siglo Pinochet eligió para ejercer un protagonismo patológico. Es el mes de la Independencia, de las “glorias militares”. Y del golpe. Y en cada septiembre, a partir de 1973, Pinochet se encargó de ser el centro de la atención pública. ¿Lo intentará de nuevo?

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