No habrá “Fobazúcar”, promete Vilatela Los compromisos paralelos al TLC aceleraron la crisis de los ingenios

Diez años después de la venta de los ingenios, la industria azucarera enfrenta un colapso financiero que arrastra a miles de campesinos, obreros y jubilados que reclaman los pagos que les corresponden.
Como en otras desincorporaciones –la de los bancos, el mejor ejemplo–, la corrupción que acompañó a la política de privatización provocó que los ingenios cayeran en manos de empresarios sin experiencia o de políticos ligados al presidente Carlos Salinas y a su hermano Raúl.
Entre los principales beneficiados figuran Enrique Molina Sobrino, Juan Gallardo Turlow, Alberto Santos de Hoyos, Domingo Muguira Revueltas y Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz, quien adquirió, mediante su hermano Pablo, los ingenios San Pedro y San Francisco, ahora propiedad de Gallardo Turlow.
Al finalizar la privatización, en 1991, la deuda de los compradores ascendía a 400 millones de dólares, según cifras de Financiera Nacional Azucarera (Fina). Además de los múltiples créditos para reparar las instalaciones y reactivar el campo, el gobierno otorgó plazos hasta de 10 años para pagar los ingenios.
A pesar de esas facilidades, las deudas del sector ascienden a 2 mil 500 millones de dólares, lo que parece impagable, y algunos consorcios se han declarado en suspensión de pagos, como el Grupo Azucarero México (GAM), que preside Gallardo Thurlow, uno de los principales asesores del presidente Salinas en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Además, han quebrado 25 de los 60 ingenios existentes, colocando en peligro la fuente de ingresos de más de 1 millón 100 mil mexicanos y la producción de 2 millones de toneladas de azúcar, 44% del total.
Cinco puntos resumen el principio de la crisis azucarera:
–La deficiente privatización de los ingenios en los años 1998-1990, otorgados a personajes y empresarios inexpertos en el ramo azucarero.
–La cancelación en 1989 del impuesto a la primera venta como medida de control a la comercialización del dulce.
–La desaparición de la paraestatal Azúcar S.A., y, en consecuencia, de la cadena nacional de distribución de 1990 a 1992, sin fomentar una estructura alternativa.
–La autorización oficial para la importación indiscriminada de azúcar de 1989 a 1992, que alcanzó alrededor de 3 millones 400 mil toneladas, lo que saturó el mercado.
–La pésima negociación del TLC en el rubro de la industria azucarera, pues de ahí se derivaron dos tratados: uno autorizado por el Senado mexicano y otro diferente, aprobado por el Congreso de Estados Unidos, es decir, las llamadas “cartas paralelas” que establecen la cantidad de toneladas que México podrá exportar luego de 2001.
A todo ello hay que agregar que a mediados de 1994, cuando en el país se producían 4 millones de toneladas, a Raúl Salinas de Gortari se le permitió importar más de 3 millones de toneladas. Con ello, decía entonces Cecilia Soto, candidata del Partido del Trabajo a la Presidencia de la República, no sólo se evidenciaba la corrupción en el sector, sino que se inducía al desplome del precio y al caos en la industria.
La Secretaría de Comercio, en el sexenio pasado, nunca puso freno a las importaciones, a pesar de que el precio se tambaleaba. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), en 1989 México era deficitario en producción de azúcar: produjo 3 millones 470 mil toneladas y consumió 3 millones 640 mil. El déficit fue de 170 toneladas, pero se importaron 697 mil. En 1990, el déficit fue de 700 toneladas y Comercio autorizó la entrada de 1 millón 812 mil.
Sin embargo, informes de la CNIAA y de Secofi revelan que, a partir de 1995, México se convirtió en superavitario al producir, ese año, un excedente –contra el consumo– de 240 mil toneladas; 430 mil en 1996; 640 mil en 1997; 1 millón 160 mil en 1998; 530 mil en 1999, y 575 mil  toneladas en este año.

No es rescate

Pese a todo, el gobierno se resiste, como en el caso de los bancos, al cierre de los ingenios. “No se puede generalizar, hay ingenios que están operando muy eficientemente, que son rentables, que no tienen problemas, y hay otros que sí los tienen, que no son tan rentables. A lo mejor algunos de ellos habrá que cerrarlos o mejorarlos y elevar la calidad de lo que están haciendo”, dice, en entrevista el actuario Enrique Vilatela, director general del Banco de Comercio Exterior (Bancomext).
Por el contrario –y otra vez, como con los bancos–, el gobierno opta por socorrerlos. En efecto, esa institución dispuso un esquema financiero, por 400 millones de dólares, para apoyar a los 60 ingenios. “No es un rescate –dice Vilatela–, sino que se trata de una operación comercial que tradicionalmente hacían las propias comercializadoras extranjeras y que consiste en financiar las existencias de azúcar, que son la garantía del banco para recuperar el crédito”.
Descarta que con ese financiamiento se esté creando el “Fobaproa del azúcar”, porque, según el funcionario, al menos en lo que corresponde al Bancomext, no heredará el problema de los ingenios a Vicente Fox.
“Lo que buscamos es evitar eso. Nuestro esquema no es de rescate, no estamos financiando a las empresas con problemas; lo único que estamos haciendo es reconociendo que sí hay un problema de financiamiento en la comercialización del azúcar y financiando las existencias de ésta.”
Explica que sólo entraron al esquema de financiamiento aquellos ingenios poseedores de azúcar, lo que da “todas las garantías” al Bancomext para recuperar el crédito en caso de que los ingenios no puedan saldar su deuda.
“Los ingenios que no tienen azúcar no pueden participar en el esquema. Nosotros no vemos ni nombres ni la viabilidad financiera porque no nos importa, lo que nos importa es dar el financiamiento mediante la pignoración del azúcar.”
De los 400 millones de dólares disponibles, explica, sólo se han usado a la fecha 150 millones. Datos del GAM indican que, de esa cantidad, 80 millones han sido para Escorpión, de Molina Sobrino.
Pero también el GAM ha sido privilegiado. No obstante su estado crítico, sigue recibiendo beneficios: el Consejo de Administración de Bancomext, presidido por José Angel Gurría, secretario de Hacienda, le autorizó un préstamo por 45 millones de dólares sin más garantía que un contrato de exportación a futuro que el grupo había firmado con la empresa inglesa Zarnicow.
En lugar de liquidar sus compromisos con los productores de caña, Gallardo Thurlow usó el crédito para sanear las deudas que había contraído con bancos internacionales y recomprar acciones de sus empresas en el extranjero.
En las negociaciones que se realizan en Fina –donde los cañeros reclaman sus pagos –, GAM adujo no tener dinero y, a través de Juan Cortina Gallardo, director de Finanzas, propuso que le devolvieran el azúcar pignorada (que está dada en prenda) para venderla y así cubrir sus compromisos con los productores de caña. No le aceptaron la propuesta.
Según expertos consultados por los reporteros, la suspensión de pagos de GAM aumentó más la desconfianza de algunos bancos internacionales que estaban dispuestos a invertir en la industria azucarera. Negociaciones avanzadas con grupos como Escorpión, entre otros, fueron suspendidas por los representantes de instituciones como Prudential Securities, Societe Generale, Rabo Bank, Standard Chartered Bank y D.G. Bank. El argumento: que la industria azucarera mexicana no es confiable por sus fuertes adeudos.
El director del Bancomext afirma que para esa institución fue una sorpresa que GAM se haya declarado en suspensión de pagos, por lo que, según dice, el banco no le volverá a prestar dinero.
Además de deberle al Bancomext más de 40 millones de dólares, dinero que le prestó 20 meses antes de declararse en suspensión de pagos (mayo de 1999) y que no fue pagado, GAM no cumplió tampoco con la deuda de 150 millones de dólares que tiene con acreedores extranjeros.
Vilatela explica que el juez encargado del caso incluyó en la declaración el préstamo solicitado a Bancomext, a pesar de que se otorgó en condiciones financieras de mercado, con base en garantías que le dieran certeza en el cobro de la operación.
Expresó, tajante, su desacuerdo con la suspensión de pagos y adelantó que están apelando la decisión ante el propio juez y ante los tribunales, bajo los argumentos de que es un error y de que sus garantías no deben ser incluidas dentro de la suspensión.
Confía en que el pleito con GAM se resuelva antes del cambio de administración, mediante un arreglo entre todos los acreedores y la empresa para levantar la suspensión de pagos, además de que permita a Bancomext conservar las garantías y su fuente de pago original, aunque, aclaró, sin incluir nuevos recursos.

Los problemas de Escorpión

De acuerdo con documentos en poder de Proceso, el Grupo Azucarero Escorpión de Enrique Molina es el más endeudado: debe 800 millones de dólares, por lo que ya puso en venta sus nueve ingenios, entre los que destaca el San Cristóbal, el más grande de América Latina.
Molina fue el primer empresario al que se le asignó un ingenio azucarero. El empresario formó parte del grupo de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas; fue socio de Carlos Hank Rhon en Gemex y de Carlos Cabal Peniche en Banco Unión-Cremi. Hoy es el principal productor de azúcar al manejar 22% de la producción nacional, con nueve ingenios. Aún así, debe a Finasa aproximadamente 800 millones de dólares.
A principios de 1999, en su calidad de presidente de la CNIAA, Santos de Hoyos denunció que el grupo CAZE –también de Molina Sobrino– había simulado exportaciones hasta por 300 mil toneladas correspondientes a 1997, 1998 y 1999. Sin embargo, el caso fue visto en el sector azucarero como producto de las diferencias que enfrentan a Molina y Gallardo Thurlow, representantes de Pepsicola y Coca-Cola en México, respectivamente, pues posteriormente el asunto fue aclarado.
Mediante un oficio fechado el 26 de noviembre de 1999, Santos de Hoyos le informó a Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial, que el grupo Escorpión sí había cumplido con sus exportaciones.
El grupo Santos –propietario de seis fábricas–, que encabeza el senador regiomontano Santos de Hoyos, otrora hombre cercano a Raúl Salinas, debe 250 millones de dólares. A pesar de su crisis financiera, en 1998 le compró tres ingenios –Plan de Ayala, Cuatotolapan y San Gabriel– a Carlos Rello, presidente de Envasa, empresa concesionaria de Pepsicola en el Valle de México.
El dueño de Envasa demandó a Santos, pues reclama el pago de 40 millones de dólares. El juicio está entrampado en una maraña de amparos que ha interpuesto el grupo que encabeza el empresario regiomontano.
El Grupo Machado, de larga tradición en la industria azucarera, enfrenta adeudos por 165 millones de dólares, según datos de Finasa, y está a punto de quebrar.

No son los únicos culpables

Juan Cortina Gallardo, director de finanzas del Grupo Azucarero Mexicano, rechaza que el consorcio que encabeza su primo Juan Gallardo Thurlow sea el único culpable del desastre azucarero.
Explica: “Creo que no se puede encontrar un solo responsable, es un conjunto de diferentes cosas que se han venido a conjugar y que han afectado a la industria. Nosotros debemos 130 millones de dólares y nuestra deuda representa 5% del global.
Y respecto de la renuncia de Juan Gallardo Thurlow a la embajada de Francia, Cortina Gallardo expone lo que le dijo su tío:
“Lo que me explicó es que estamos viviendo tiempos políticos que no habíamos vivido. Hay fracciones dentro del PRI, PAN y PRD que estaban en contra (de su nombramiento).”
–¿Tuvo desconfianza de Vicente Fox?
–Él preparó un plan de trabajo, pero todo cambió después de las elecciones. Se ha hablado en los periódicos que, apenas entre al gobierno Fox, pedirá la renuncia a todos los embajadores; entonces, él sintió que sería una falta de seriedad para el gobierno francés si lo regresan en tres meses y medio.

Las promesas de Serra Puche

A siete años de que entró en vigor el TLC, surgieron las controversias entre los productores azucareros mexicanos y los norteamericanos. Los primeros exigen que los segundos cumplan con los puntos que establece el TLC para que México pueda exportar, a partir del 1 de octubre próximo, todos sus excedentes de azúcar, de casi 600 mil toneladas.
La discusión se centra en si se reconocen o no las “cartas paralelas” firmadas por Mikey Kantor y Jaime Serra Puche, representantes comerciales de Estados Unidos y México, respectivamente, durante la negociación para la firma del TLC, las cuales fueron un requisito indispensable para que el Senado estadunidense aprobara por la vía rápida la puesta en marcha del acuerdo comercial.
En el rubro azucarero, el TLC establece que México exportará 25 mil toneladas de azúcar cada año, durante un lapso de siete años, pero si lograba ser superavitario por dos años consecutivos, podría exportar a Estados Unidos todos sus excedentes. Según datos de la Secofi, México logró el superávit en 1995.
Pero al margen del TLC, Serra Puche y Mikey Kantor firmaron las “cartas paralelas”, con las cuales se modificó la negociación final del capítulo azucarero y se incluyó el mercado de la fructosa, con lo cual se impidió que México se convirtiera en un exportador de azúcar en los años posteriores a la firma del TLC.
Desde 1993, el sector azucarero estadunidense estaba preocupado ante la posibilidad de que la industria azucarera sustituyera el azúcar de caña, por ejemplo en los refrescos, con jarabe endulzante derivado del maíz. Esto le significaría “hasta 2 millones de toneladas de excedentes de azúcar” (Proceso 888).
El 2 de noviembre de 1993 y en medio de las presiones del Congreso estadunidense por no firmar el TLC, Jaime Serra Puche se comprometió con los industriales azucareros, encabezados por Carlos Artolozaga, a no permitir la entrada de alta fructosa. A cambio pidió que apoyaran los acuerdos paralelos. En la reunión estuvo presente Albino Lara, entonces director de la CNIAA.
En un desplegado publicado el martes 15 de agosto, la CNIAA –dirigida ahora por Carlos Seoane Castro– denuncia que Estados Unidos se rehúsa a cumplir con el TLC:
Estados Unidos “ha exportado a nuestro país 1.3 millones de toneladas de alta fructosa de 1994 a la fecha. Desde 1998, se han producido en nuestro país 700 mil toneladas de fructosa con maíz subsidiado libre de arancel proveniente de los EUA. (En tanto) México sólo ha exportado 115 mil toneladas de azúcar al mercado americano en el mismo período. Lo anterior nos ha hecho exportar al mercado mundial excedentes de alrededor de 1.9 millones de toneladas de azúcar, con pérdidas para la industria y el Sector Cañero de aproximadamente 500 millones de dólares”.

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