Más carne caduca, exención de impuestos, maniobras judiciales… “Privilegios e impunidad” de McDonald’s en México

Marcada por recurrentes escándalos internacionales, la trasnacional McDonald’s Corporation cumplirá en octubre próximo 15 años de operación en México, donde influye en decisiones gubernamentales, pone condiciones en el mercado nacional, obtiene privilegios arancelarios, incurre en actos de corrupción e infringe leyes sanitarias o laborales, según diversas denuncias.
Para empezar, su poderío económico e influencia provocó que la legislación mexicana incluyera en 1991 el concepto de franquicia -antes inexistente-, con lo que empezaba el fin de la política económica proteccionista del gobierno mexicano.
Pero en la actualidad la consolidación de esa empresa trasnacional no sólo le permite tener cuantiosas exenciones fiscales, sino también atropellar derechos y torcer la justicia, conforme a los procesos judiciales y testimonios que están surgiendo en el país.
Más que una simple cadena de hamburguesas, papas y refrescos, McDonald’s es una empresa diversificada que hoy abarca firmas inmobiliarias, de servicios de distribución y de exportación de insumos nacionales.

Una de esas empresas se denomina Global Restaurants Services INC, y entre sus propietarios figura Ramiro Solís Suárez, socio de Carlos Cabal Peniche y actualmente sujeto a proceso de extradición ante tribunales en San Diego para que responda por presuntos malos manejos con créditos superiores a los 59 millones de pesos, de Banco Unión. Solís Suárez también fue vicepresidente de Banpaís en tiempos de Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino.
Pero McDonald’s se ha visto envuelta en otros escándalos en México a partir de recientes denuncias y revelaciones de dos de sus socios, Ángel Lastra y Ernesto Aguilar, quienes aseguran que en varias ocasiones la empresa les pidió preparar alimentos con carne, verdura, pan, leche y mantequilla de caducidad vencida o sin los registros sanitarios correspondientes.
El asunto es parte de diversos juicios que se siguen en tribunales federales y estatales, donde, por su parte, el consorcio acusa a sus socios de haber incumplido los pagos de diversas obligaciones, como regalías, rentas de los inmuebles y derechos de publicidad.
Se han aportado diversas pruebas documentales de que McDonald’s solicita a los operadores de franquicias extender la caducidad de varios productos. La más reciente tiene fecha del 3 de agosto del 2000, en un documento firmado por Alejandro Zamudio, director de Compras y Aseguramiento de Calidad, que expone lo siguiente:
Se les confirma que, después de consultas con Estados Unidos y los proveedores, se autorizó extender la vida de anaquel de los siguientes productos de esta promoción: Carne McRib, de 90 a 120 días; Pan McRib (congelado), de 60 a 90 días.
Por desbalance en el consumo, se agotó el pan en Martin Brower, pero el jueves 3 de agosto se tendrá más inventario para poder terminar con la carne disponible.
En el caso de la carne, la totalidad de cajas en inventario caduca en agosto 22, por lo que se extiende a septiembre 22 del 2000.

Catsup en las venas

“Llegué a entregarme tanto en corazón, cuerpo y alma a McDonald’s, que un día sentí circular salsa catsup por mis venas”, dice Enrique Aguilar, operador de dos franquicias en Cancún, Quintana Roo, quien cuenta a Proceso su “trágica” experiencia con la trasnacional:
“Soy una víctima de los errores de mercadotecnia, de la improvisación operativa y de actos de corrupción de los directivos de McDonald’s en México.”
Su relación con McDonald’s empezó en 1992, cuando, después de aprobar el curso de franquicias y aportar 700 mil dólares, fue seleccionado para operar un nuevo establecimiento en el estado de Tamaulipas. En el papel, señala Aguilar, las expectativas de ganancia son más que espléndidas.
“A mí me prometieron que al cabo de 20 años ganaría alrededor de 7 millones de dólares y que las ventas anuales serían de 2.3 millones de dólares anuales, pero hasta hace poco el establecimiento apenas logró ingresos mensuales por 200 mil pesos que no alcanzaban más que para pagar los salarios de los empleados.”
Asegura que el fracaso del restaurante se debió a la mala elección del lugar en que se ubicó y al deficiente estado de las instalaciones.
“Para reparar su error -dice-, en 1996 McDonald’s me ofreció dos franquicias en Cancún, las cuales acepté porque no me dejaban otra salida. Prácticamente me lancé a la aventura: no conocía el lugar y, al llegar, mi sorpresa fue que las tiendas estaban en completo abandono, que había que invertir en equipo y mantenimiento.
“Reporté esta situación a la corporación, y la negociación que se tomó de inmediato fue que los montos por concepto de renta, en vez de dárselos cada mes a la empresa, los destinara yo a reparar las tiendas. Pero el problema de fondo fue otro: las tiendas no resultaban rentables por la mala planeación y estrategia de mercadotecnia.
“Esto -continúa- daba como resultado que las expectativas de ventas se cayeran. Los ingresos no alcanzan más que para pagar el sueldo de los empleados; no hay dinero para sufragar otros gastos que exige la empresa al franquicitario, como el pago de la renta, las regalías y los derechos de publicidad.”
En 1998, Aguilar fue designado presidente interino de los operadores de franquicias en el país, y desde esa posición comenzó a denunciar diversas anomalías de los directivos de la trasnacional en México; entre otras, que la empresa encargada de buscar y comprar los terrenos para los establecimientos especulaba con esa actividad.
“Al poco tiempo de que comencé a operar la franquicia en Tamaulipas, resultó que McDonald’s me asignaba el pago de una renta más alta que la convenida en el contrato. Su justificación, que el terreno había costado 3 millones de pesos.  Me sorprendió mucho esto porque estuve cerca de las negociaciones del proyecto, y el propietario del terreno me había informado previamente que el precio era de un millón de pesos. A él acudí los días posteriores para aclarar mis dudas, y me informó que los de McDonald’s inmobiliaria le habían ofrecido 1.5 millones de pesos a cambio de que firmara la negociación por 3 millones de pesos. Entonces comprendí que ahí estaba el negocio.”
En respuesta a las denuncias, según el propio Aguilar, McDonald’s le inventó, en octubre de 1998, el robo de un equipo de cómputo del restaurante de Tamaulipas. Las autoridades ministeriales consignaron la denuncia ante el juez, quien giró una orden de aprehensión en su contra.
Aguilar fue detenido y, sin ser escuchado en juicio, permaneció más de dos semanas en el penal. El juez del caso comprobó que se trataba de una patraña pues, de acuerdo con Aguilar, pudo demostrar, mediante pruebas documentales, que el equipo se lo había entregado al corporativo. Finalmente, fue declarado inocente.

Más atropellos

Una experiencia parecida ha vivido Ángel Lastra, franquicitario de Monterrey, quien en Proceso 1240 denunció el complot judicial de que es objeto a partir de que se negó a preparar alimentos con productos sin los registros sanitarios correspondientes o ya caducos.
La semana pasada continuaron los atropellos en su contra. El martes 29 de agosto -a solicitud de McDonald’s-, la Secretaría de Comercio retiró los anuncios de la tienda ubicada en la calle de Hidalgo, en la capital neoleonesa. La decisión se tomó a pesar de que Lastra ganó el juicio en primera instancia sobre la posesión del inmueble.
El hecho desató críticas en la comunidad local. Rogelio Martínez Vera, director de Estudios Jurídicos del ITAM en Monterrey, calificó de “ilegal” la decisión de quitar las marcas de la franquicia en virtud de que la disputa por la posesión de la tienda aún no termina de ventilarse en los tribunales.
“El retirar la franquicia fue una decisión unilateral del franquiciante, porque el propio McDonald’s afirmó que esperaba la resolución de los tribunales, lo que significa que debieron esperar a que se emitiera la resolución judicial para retirar la franquicia, no antes”, declaró al periódico El Norte el jueves 31.
Paralelamente, en la Ciudad de México las autoridades ministeriales ordenaron consignar ante un juez la demanda que, por delito de amenazas, promovió Ángel Lastra en contra del abogado de McDonald’s, Martín Carlos Olovarrieta Maldonado.
La denuncia fue presentada en marzo de 1999, pero inicialmente el Ministerio Público la desechó y negó el ejercicio de la acción penal. Lastra interpuso una inconformidad ante la Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas. En la revisión, la dependencia encontró irregularidades y el pasado martes 29 ordenó consignar la averiguación ante el juez, por lo que en los próximos días Olovarrieta Maldonado deberá declarar.
Lastra se dice víctima de otras anomalías judiciales. Ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano encargado de revisar la actuación de jueces y magistrados- está en trámite una queja que impugna el comportamiento de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, Martín Herrera Ríos y José Joaquín Herrera Zamora, quienes, de acuerdo con el documento, aplicaron de manera retroactiva una ley, presuntamente para favorecer a McDonald’s.
La sospecha sobre la actitud irregular de los magistrados -según la queja- se desprende de que un tribunal de la misma jerarquía previamente falló en favor de Lastra dentro de un juicio similar al resuelto posteriormente en favor de McDonald’s. Las contradicciones también se vieron entre los tres integrantes del Segundo Tribunal, cuyo presidente, magistrado Pablo Domínguez Peregrina, marcó su desacuerdo con el fallo de sus compañeros y emitió un voto particular para manifestar que se dejó a Lastra en “completo estado de indefensión”.
La maniobra consistió en no aplicar una reforma que había aumentado de cinco a nueve los días que las partes tienen como límite para apelar resoluciones judiciales. Pese a que el juicio se había iniciado conforme a la reforma, los magistrados Herrera Ríos y Herrera Zamora aplicaron la ley anterior para desechar “por extemporáneo” un recurso de apelación promovido por Lastra contra una sentencia de primera instancia favorable a la trasnacional. El asunto está en trámite de resolución ante el Consejo de la Judicatura.

Cajita infeliz

Según documentos internos de Lacoopp, A.C.,  McDonald’s se ha visto favorecida sistemáticamente con la exención de impuestos por la importación de juguetes chinos para los premios de la Cajita feliz. La tasa regular del impuesto es de 33.33%.
Esta canonjía comenzó a operar con normalidad durante el gobierno de Carlos Salinas, y desde entonces se especuló que el intermediario fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe, quien presuntamente beneficiaba de ese modo a su cuñado Enrique de Alba, el socio de franquicias McDonald’s más poderoso del país (es propietario de más de 30 establecimientos).
La versión nunca ha sido desmentida, y, por lo pronto, McDonald’s deja de ingresar al fisco grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en junio de 1998, cuando apareció la promoción Barbie & Hot Wheels se dejaron de ingresar casi 716 millones de pesos correspondientes al impuesto de introducción de juguetes por un costo total de 3 mil 477 millones de pesos.
La operación se repitió al mes siguiente con la promoción Espace Explorer, por la que dejaron de ingresar al fisco alrededor de 337 millones de pesos al haberse importado juguetes por un monto superior a los mil 500 millones de pesos.
En este tema de los juguetes, McDonald’s enfrentó la semana pasada una denuncia -difundida por el diario de Hong Kong South China Sunday Morning Post- por emplear en China a niños menores de 14 años para la fabricación de muñecos de peluche. Según la información, los niños (casi 400) son empleados durante los períodos de vacaciones, duermen en una nave de camas sin colchones, carecen de dinero suficiente para adquirir permiso de residencia y, por lo mismo, prestan sus servicios con identidad falsa.
La trasnacional desmintió la información, pero en seguida el sindicato Comité Cristiano Industrial de Hong Kong aseguró que en junio pasado realizó una inspección en la fabrica de juguetes City Toys, de la ciudad de Shajing, y encontró trabajando a 160 niños de entre 12 y 15 años de edad.

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