Herminio Blanco, de pifia en pifia El interventor del Renave, con oscuros antecedentes en la Conasupo y Pemex

La lección que dejó a los funcionarios de la Secretaría de Comercio el caso de Ricardo Miguel Cavallo, exdirector del Registro Nacional de Automóviles (Renave), acusado en España “sólo por genocidio y tortura, no por robo de autos ni falsificación de documentos”, según dijo Herminio Blanco, parece no haber sido aprendida.
En un intento desesperado por recuperar la credibilidad en el Renave, el secretario Herminio Blanco anunció el lunes 28 de agosto la intervención “temporal” de la  empresa, que no irá más allá de seis semanas, y designó como interventor a Erasmo Marín Córdova, un experto en informática, asesor especial de Arsenio Farell, secretario de la Contraloría.
Marín Córdova fue también funcionario de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se encargó de “tapar” algunas irregularidades en la comercialización de maíz y en el otorgamiento de subsidios a la tortilla. Antes, en Pemex, en el sexenio de Miguel de la Madrid, fue acusado de realizar dispendios para llevar a cabo obras de remodelación y adecuación en las instalaciones de la paraestatal.
Ahora, tiene la encomienda de “supervisar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad de la base de datos, culminar el proceso de auditoría integral y, en general, realizar las acciones necesarias para dar continuidad al servicio (de registro vehicular)”.
El interventor “temporal” del Renave trabajará estrechamente con José Luis Robles Glenn, director jurídico de la empresa. Robles Glenn -también vocero oficial del Renave-, cuando fue subtesorero de Administración Tributaria del Gobierno del Distrito Federal, se negó a presentar una denuncia penal por un cuantioso fraude en contra de la Tesorería del DF.
En el área a su cargo fueron denunciados más de 800 casos de corrupción y se detuvo a más de 200 personas, entre empleados y coyotes. En enero último, luego de regresar de vacaciones, se le pidió la renuncia por sus constantes diferencias con el tesorero Manuel Anguiano Cabrera.
Al irse, Robles Glenn se llevó al Renave a expertos en el manejo de los padrones vehiculares y de contribuyentes del GDF.

La tapadera

A su paso por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, desde su puesto como contralor general, Marín Córdova, luego de haber realizado diversas auditorías, encontró que, “salvo algunas situaciones irrelevantes”, en términos generales las ventas de maíz para uso forrajero al sector pecuario se “realizaron conforme a los lineamientos y políticas establecidas por la institución”.
El informe correspondiente fue enviado por Marín en enero de 1994 a Javier Bonilla García, director de la Conasupo.
Antes de Marín Córdova, otros dos contralores de la paraestatal, Roberto Muñoz e Inés Domínguez Ortiz, habían comunicado totalmente lo contrario a Bonilla García, apenas unos meses atrás.
En efecto, desde 1993, Muñoz documentó el desvío de, por lo menos, 44 furgones de la Conasupo con 2 mil 366 toneladas de leche en polvo; también denunció el retraso en la recuperación de adeudos, irregularidades en la aplicación de políticas y procedimientos para la adjudicación, contratación y ejecución de obras, y registros erróneos de las cuentas por cobrar en moneda extranjera, entre otras.
Domínguez Ortiz, encargada de la Contraloría General después de la salida de Roberto Muñoz, informó también puntualmente, en relación con el programa de venta de maíz forrajero, que no se acataron las políticas y procedimientos del programa, ya que se presentaron deficiencias en la supervisión y el control de ventas, que “redundaron en incumplimiento del objetivo y restan transparencia al programa especial de ventas de maíz”.
Con base en ello, tanto Muñoz como Domínguez Ortiz formularon para cada caso las recomendaciones pertinentes, tanto correctivas como preventivas.
Todo ello lo supo y se le documentó ampliamente a Marín Córdova cuando asumió la Contraloría General de la Conasupo, pero nada hizo al respecto.
Por el contrario, en los informes que envió a Javier Bonilla García, Marín Córdova cambió totalmente el panorama: “Las ventas de maíz para uso forrajero al sector pecuario se realizaron, en términos generales, conforme a los lineamientos y políticas establecidas por la institución”.
Un par de meses después, Marín ocupó la Dirección de Administración de la paraestatal.
Entrevistado sobre el particular, el excontralor Roberto Muñoz no entiende cómo Marín Córdova le dio la vuelta a la página y no continuó con los procesos disciplinarios contra los funcionarios y exfuncionarios que propiciaron el derrumbe de Conasupo.
“Yo reporté todo a la Contraloría General y a Bonilla”, afirma.
En Pemex, como coordinador de Servicios Técnicos y Seguridad Industrial, Marín Córdova informó en octubre de 1986, por ejemplo, que el número de accidentes se había reducido en 50%, cuando el sindicato petrolero había denunciado en ese entonces frecuentes accidentes importantes, no reportados por Pemex, en los que se incluían explosiones, incendios, fugas, rotura de tuberías, descontrol de pozos y hasta caída de helicópteros.
La explosión de la planta de gas de San Juan Ixhuatepec, en noviembre de 1984, de hecho fue atribuida a fallas en los sistemas de seguridad porque Pemex no cumplió sus propias normas, informes que fueron enviados a Marín Córdova, en aquel entonces coordinador técnico de la Gerencia de Seguridad Industrial (Proceso 423).
En nombre de Pemex, el actual interventor del Ranave se dio a la tarea de arrendar inmuebles para oficinas de la empresa en la Ciudad de México, que no ocupaba y que le significaron a la paraestatal erogaciones anuales por más de mil millones de pesos, cuando era dirigida por Mario Ramón Beteta.
Sólo un ejemplo: En junio de 1984, Pemex rentó dos edificios, uno en la colonia Polanco y otro en la Anzures. Por el primero, ubicado en la calle Homero número 213, Pemex pagó una renta mensual de 10 millones 140 mil pesos. Durante más de 12 meses lo mantuvo vacío, con una erogación de más de 120 millones de pesos.
Por el inmueble de la Anzures, ubicado en la Avenida Ejército Nacional número 216, la empresa pagó 18 millones de pesos cada mes. El edificio estuvo completamente vacío durante ocho meses, lo que significó  para la paraestatal un gasto inútil de 144 millones de pesos.
Los responsables directos de esos arrendamientos irregulares fueron Erasmo Marín Córdova, coordinador de Servicios Generales y Seguridad Industrial, y el gerente de Servicios Técnicos Administrativos, Isidoro Gurría Corona, firmantes de los contratos respectivos, así como el gerente jurídico, Armando Zambada Sentíes.
Tanto el interventor del Renave, como José Luis Robles Glenn, director Jurídico de la concesionaria, tienen ahora un objetivo común: trabajar juntos para sacar a flote, contra viento y marea, esa empresa.
Cuando el director Jurídico del Renave fue subtesorero de Administración Tributaria del Gobierno del Distrito Federal -donde tenía bajo su responsabilidad la operación de las diferentes oficinas recaudadoras de impuestos y servicios del GDF-, se descubrió un cuantioso fraude cometido en las oficinas de expedición de licencias del aeropuerto.
El fraude fue denunciado por el propio Robles Glenn ante la Contraloría General del GDF, pero nunca presentó una denuncia penal, a pesar de que se le ordenó que lo hiciera, por lo que sería sujeto de responsabilidad administrativa y penal.
“Vamos a buscar que se haga la investigación a fondo”, advirtió en días pasados Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno electo del Distrito Federal.
Manuel Anguiano Cabrera, tesorero del DF, informó recientemente  que se han denunciado más de 800 casos de actos de corrupción en esa área, se ha detenido a más de 200 personas, entre empleados y gente ajena a la Tesorería.
Reconoce que, efectivamente, en muchos casos empleados de la Tesorería están coludidos con integrantes de bandas delictivas organizadas que, mediante modernos equipos y tecnología, se dedican a duplicar documentos oficiales.
Aunque el actual director Jurídico del Renave ha dicho que renunció al GDF, Armando López Fernández, secretario de Finanzas, refuta: “Consideré que no era la persona idónea para manejar el área que tenía bajo su responsabilidad; no encajaba en el modelo de organización que se requería”.
Robles Glenn tenía bajo su responsabilidad el padrón vehicular del DF y, por si fuera poco, el de contribuyentes.

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