MONTERREY, N.L. (apro).- El levantamiento de peritajes en el siniestrado Casino Royale corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), consideró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. De manera escueta, cuando le preguntaron directamente quién debía practicar el muestreo que actualmente confronta a la dependencia federal con el gobierno de Nuevo León, la funcionaria judicial respondió: “Son responsabilidad de la PGR los peritajes”. De visita en la ciudad para inaugurar una sala de juicio oral en el interior de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), en el centro de esta ciudad, Sánchez Cordero dijo que es interés de la SCJN el cabal desempeño de los jueces en relación con la actuación de los funcionarios que actúan en el deslinde de responsabilidades en el caso de la casa de apuestas siniestrada el 25 de agosto. “Somos los más interesados en que nuestros jueces se comporten con excelencia, profesionalismo, honestidad y con apego a la ley. Hacemos una introspección para revisar a nuestros propios jueces, somos los principales interesados en que la justicia, en este caso federal, sea una justicia transparente, confiable y creíble para la población”, dijo Sánchez Cordero. Remarcó la necesidad de que en el caso de la masacre de 52 personas en el Royale, sea emprendida una investigación lo suficientemente profesional y que pueda repartir responsabilidades entre quienes sean hallados culpables. “Hay que hacer una investigación muy puntual y sobre todo deslindar la responsabilidad de cada uno en la esfera de su competencia, porque las autoridades no podemos hacer nada más lo que nuestras atribuciones constitucionales y legales nos permiten”, acotó la ministra, quien se dijo la primera interesada en que se esclarezcan los hechos. Al referirse al compromiso que debe haber de las autoridades locales en el combate a la corrupción, señaló que es frecuente que los propietarios de establecimientos mercantiles –casinos, table dance, o de cualquier giro– que promueven suspensiones ante jueces de distrito, exhiben documentos falsos municipales o estatales que no son impugnados por las respectivas autoridades, que se abstienen de acudir ante los juzgados a denunciar la irregularidad. Por ello, los juzgadores conceden suspensiones del acto administrativo, pues encuentran ahí violaciones a las garantías de los gobernados. “Dicen, entonces, que el juez es el responsable de la suspensiones pero, autoridad, dónde estás tú para controvertir este documento. Y no está por negligencia, por falta de capacidad, interés o corrupción”, precisó la también catedrática. Sánchez Cordero impartió entre alumnos, maestros y jueces la conferencia Reforma constitucional de derechos humanos en relación con la reforma al sistema penal acusatorio. Ahí sostuvo que la oralidad es el nuevo sistema penal acusatorio que responde a los criterios de contradicción, inmediación y publicidad. En el acto también estuvo Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.