Argentina: “la justicia tarda, pero llega”

BUENOS AIRES (apro).- Más de 200 militares han sido condenados en los últimos años en Argentina por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en ese país (1976-1983), incluidos los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Sin embargo, ninguna de esas sentencias ha sido tan simbólica como la que el pasado 26 de octubre estableció penas de prisión para 16 represores del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 12 de ellas a perpetuidad, por el secuestro, tortura y en algunos casos desaparición u homicidio de 86 víctimas.

Entre los condenados destacan personajes como Alfredo Astiz, Jorge el Tigre Acosta o Ricardo Cavallo, que ya forman parte del imaginario colectivo sudamericano como encarnaciones de la tortura y la desaparición forzada de personas.

En diciembre de 2010, decenas de familiares y sobrevivientes de la ESMA testificaron sobre las atrocidades cometidas en ese lugar. El grupo de torturadores que actuó en ese centro, en teoría una escuela para formar a los suboficiales de la Armada, gozó de la plena confianza del comandante en jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera, miembro de la primera Junta Militar de la dictadura.

Condenado tras el regreso a la democracia en el juicio a los altos mandos del régimen en 1985, el alto mando militar fue amnistiado junto con los demás militares en 1990 por Carlos Menem. Pero tras la llegada de Néstor Kirchner al poder, en 2003, se anularon las leyes de amnistía y se reabrieron los casos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Massera, sin embargo, no fue incluido en el proceso de la ESMA por incapacidad causada por demencia senil y falleció en noviembre del año pasado.

Centro de exterminio

Este juicio sólo incluyó una pequeña parte de los delitos perpetrados en la ESMA; en concreto, los cometidos contra 86 víctimas, algunas de ellas asesinadas o desaparecidas. Debido a la cantidad de crímenes, la causa fue dividida en varios tramos y éste sólo ha sido el primero.

Se calcula que por la ESMA pasaron 5 mil detenidos de los cerca de 30 mil que se estima fueron asesinados o desaparecidos durante el régimen militar. Apenas dos centenares lograron salir con vida, no sin antes haber sido sometidos a múltiples torturas y recluidos, algunos durante varios años, en condiciones inhumanas.

Muchos de los detenidos eran militantes de las organizaciones guerrilleras Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero también sindicalistas, miembros de asociaciones estudiantiles, de partidos políticos, de movimientos de sacerdotes de izquierda, familiares que buscaban a desaparecidos… Cualquiera que no se doblegara ante la dictadura y que tuviese una mínima actividad política o social.

Los expresos que testificaron en el juicio contaron cómo fueron sometidos a la “picana” (toques eléctricos) y a otras torturas durante sesiones que duraban varias horas y que se podían suceder durante días. Mientras, un médico militar se ocupaba de que la víctima no muriera, algo que no siempre lograba. Las torturas se practicaban incluso sobre mujeres embarazadas.

Uno de los sobrevivientes, Carlos Lordkipanidse, relató cómo, tras haber sido detenido junto con su mujer y su hijo de 20 días, durante la tortura uno de los acusados, Juan Antonio Azic (condenado a 18 años de prisión), le puso a su bebé sobre el abdomen y luego le administró corriente eléctrica.

Uno de los torturadores más crueles era Ricardo Cavallo, que tras la dictadura argentina vivió durante varios años en México como empresario, bajo una falsa identidad, hasta que fue detenido en el año 2000 y extraditado, tres años después, a España, donde era reclamado por el juez Baltasar Garzón para juzgarlo por tortura y genocidio.

En 2008 fue enviado a su país para ser procesado por los delitos de la ESMA. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por 12 secuestros y 13 asesinatos, incluidos los de dos monjas francesas, cuatro de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo y el escritor y periodista montonero Rodolfo Walsh, quien fue abatido el 25 de marzo de 1977 cuando intentó resistirse a tiros a su secuestro por los esbirros de la ESMA.

“Yo soy Dios”

Antonio Pernías, Raúl Scheller o Adolfo Donda son otros de los recordados por los sobrevivientes por su sadismo. Pero sin duda al que más temían los detenidos era al Tigre Acosta. Recordado por su soberbia, su frialdad (“te torturaba tomando whisky”, recordó la sobreviviente Lydia Vieyra), su cinismo y su histrionismo, Acosta era en teoría sólo el jefe de uno de los tres sectores del grupo de represores, pero en la práctica actuaba como el líder de todos ellos.

“Yo soy el Tigre Acosta. Estás a mi disposición. Yo soy Dios”, era su tarjeta de presentación ante algunos de los prisioneros.
Muchas detenidas sufrieron abusos y violaciones. La mayor parte de las secuestradas que estaban embarazadas parieron en ese lugar y sus hijos les fueron sustraídos y entregados a familias de militares que los registraron como propios. Algunos de ellos han sido recuperados por organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo tras décadas de búsqueda. De otros todavía se desconoce el paradero. Ninguna de sus madres sobrevivió.

Durante su cautiverio, mientras sus familiares los buscaban desesperadamente sin que ninguna autoridad les diera respuesta, los prisioneros pasaban largas temporadas hacinados, encapuchados y esposados, obligados a permanecer acostados en minúsculos habitáculos con espacio apenas para un colchón y sin poder levantarse en el lugar conocido como “Capucha”. Esta se encontraba en el altillo del Casino de Oficiales, el espacio destinado a centro de detención dentro del complejo de la ESMA, formado por 35 edificios repartidos en 17 hectáreas en una transitada avenida del norte de Buenos Aires.

Y es que la discreción nunca fue una de las características de este auténtico campo de concentración y exterminio. Además de la visibilidad del lugar, con el tiempo los oficiales de la ESMA llegaban a sacar a algunos de los detenidos a que los acompañaran al cine o a partidos de fútbol. A las mujeres las despertaban en medio de la noche, les hacían arreglarse y las llevaban a cenar a restaurantes o a bailar, para luego volverlas a dejar en sus tétricas celdas, rodeadas de ratas y cucarachas, con iluminación artificial las 24 horas del día y mal ventiladas.

“Proceso de recuperación”

Los represores de la ESMA también llevaron a algunos a reunirse con sus familiares, como parte de lo que fue denominado por los responsables del centro clandestino como “proceso de recuperación para los valores occidentales y cristianos”. Creían que, con base en torturas y maltratos, habían subyugado la voluntad de algunas de sus víctimas y podían utilizarlas para el movimiento político que intentó impulsar Massera. Éste, en sus delirios de grandeza, se consideró un nuevo Perón, amado por el pueblo y capaz de hacerse con el poder en unas eventuales elecciones.

Los prisioneros seleccionados para este “proceso de recuperación” eran obligados a realizar trabajos para los marinos, como revisar lo que decía la prensa internacional sobre Argentina en general y sobre Massera en particular; hacer traducciones, análisis políticos, labores de archivo, fotografía… pero también debían escribir informes que los militares o sus familiares presentaban como propios, falsificar documentos e incluso realizar trabajos manuales, como operar imprentas o reparar las casas robadas por los militares a las víctimas desaparecidas.

Estos trabajos en condiciones de esclavitud, que comenzaban a primera hora de la mañana y terminaban en la noche, eran realizados en su mayor parte en un espacio del Casino de Oficiales habilitado para ello, llamado “La Pecera”. Ese ámbito estaba delimitado por una mampara de acrílico transparente (excluyeron el vidrio para evitar que los detenidos se suicidaran), donde a veces llevaban a altos mandos de la Armada para que los vieran trabajar, como si fueran pececitos.

Algunos presos fueron trasladados diariamente a otros lugares para llevar a cabo este trabajo esclavo. Desde sedes militares hasta oficinas de empresas creadas por sus represores para comerciar con los bienes robados a sus víctimas o arrebatados mediante extorsión a las familias de éstos: casa, vehículos, terrenos…

Algunos debieron trabajar incluso en la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando su titular era el vicealmirante Óscar Montes, que accedió a ese cargo después de haber sido jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y, como tal, directo responsable de la ESMA. Montes es uno de los 12 militares condenados en este juicio a cadena perpetua, en su caso por su responsabilidad en 33 delitos de secuestro y tortura y dos homicidios.

Supuestamente este particular “proceso de recuperación”, que sólo se llevó a cabo en la ESMA, debía concluir con el prisionero reconvertido a los principios que pretendían imponer los militares. Los represores llegaron al punto de enviar a detenidos al extranjero para que actuaran como espías en las comunidades de exiliados en países como España o Francia.

Este “lavado de cerebro” no le funcionó al Tigre Acosta y a sus secuaces, pues las víctimas, que sólo veían en él una forma de permanecer con vida en ese centro del horror, cuando se vieron lejos del alcance de los oficiales de la ESMA no cumplieron con sus supuestas “misiones” de inteligencia. Al menos, no la mayoría de ellos, pese a que les pedían que contactaran con el centro de detención o de que los visitaran en los países en los que estaban “destinados”
.
“El que sale, cuenta”

A la larga, la soberbia que les hizo creer que podían convencer de la bondad de sus valores a las personas a las que habían torturado y maltratado salvajemente durante meses o años resultó su perdición.

Decenas de sobrevivientes “recuperados” conocieron a muchos compañeros que no salieron vivos y vieron demasiadas cosas, pues al estar sometidos al proceso tenían cierta libertad de movimiento y estuvieron más tiempo en contacto directo con sus carceleros. Así que ellos fueron los principales testigos en el juicio contra los torturadores de la ESMA. Se impusieron un lema: “Cada uno que sale, cuenta”.

No sólo eso. Uno de ellos, Víctor Basterra, quien fue obligado a trabajar en el laboratorio de fotografía del centro de torturas, sacando y revelando fotos, no sólo de otros presos, sino también de los propios militares (que las necesitaban para elaborar documentos falsos de identidad para sus operaciones o para uso personal), pudo sacar decenas de fotos que sirvieron para probar la presencia de algunos desaparecidos en ese lugar y para identificar a los represores.

Basterra, que pasó más de cuatro años bajo el yugo de la ESMA, fue puesto en una especie de “libertad vigilada” en los últimos meses, por lo que durante el día debía trabajar en el centro clandestino y por la noche iba a dormir a su casa. Cuando lo hacía, llevaba escondidas en su ropa interior fotografías y otra documentación que permitieron saber el destino de muchos detenidos.

La otra opción al “proceso recuperación” era el “traslado”. Regularmente, por lo habitual cada miércoles, algunos prisioneros eran sacados de la ESMA y, según los represores, “trasladados” a cárceles (donde pasaban a estar detenidos legalmente) o a “campos de trabajo” del sur de Argentina, donde las condiciones de cautiverio eran menos duras. Sin embargo, poco a poco, los detenidos que se quedaban fueron sabiendo que esos compañeros en realidad eran dormidos con un somnífero, llevados a un aeropuerto militar, subidos en aviones y arrojados vivos al río de La Plata o al océano Atlántico en los fatídicos “vuelos de la muerte”.

Ese fue el destino de los componentes del grupo de la Santa Cruz, formado por familiares de desaparecidos, incluidas cuatro de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo (Azucena Villaflor, María Esther Balestrino, Ángela Auad y María Eugenia Ponce) y dos monjas francesas, Alice Dommon y Leonnie Duquet, que les prestaban apoyo en la búsqueda de sus parientes. Fue el caso de más impacto entre los juzgados en este primer tramo del proceso y el que le valió al teniente Alfredo Astiz su fama de cruel represor y el apodo de “el Ángel Rubio de la Muerte”.

Durante varios meses de 1977, Astiz se hizo pasar por el familiar de un desaparecido para infiltrarse en un grupo de unas 40 personas que buscaban a sus parientes, para lo que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, en el sur de la capital argentina. En un momento dado decidieron publicar un desplegado en la prensa pidiendo al entonce jefe de la Junta Militar, Jorge Rafal Videla, que revelara el paradero de los desaparecidos. El anuncio salió publicado el 10 de diciembre, pero desde dos días antes, 12 de los miembros del grupo fueron detenidos por los escuadrones de la ESMA.

Tras estar cautivos y ser torturados en el centro de detención, fueron “trasladados” entre una semana y diez días después de su secuestro. Los cuerpos de cinco de ellos fueron encontrados a finales de diciembre de 1977 en una playa cercana a Buenos Aires y enterrados en un cementerio con una lápida sin nombre hasta que fueron identificados 2005 por medio de análisis de ADN.
Aunque los siete restantes no han aparecido, 11 de los miembros de la ESMA –incluidos Acosta, Cavallo y Astiz– fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de las 12 víctimas.

Para conocer cómo se llevó a cabo toda esa operación que desembocó en el homicidio múltiple, fue trascendental el testimonio de la exdetenida Silvia Labayrú, a quien Astiz obligó a acompañarle a las reuniones en la Santa Cruz haciéndola pasar por su hermana, bajo la amenaza de lo que podría pasarle a su hijo, que había nacido en cautiverio en la ESMA.

Ana María Careaga, hija de una de las víctimas del grupo de la Santa Cruz, se mostró “profundamente conmovida” tras escuchar la sentencia. Habían pasado casi 34 años desde la desaparición de su madre, María Esther Balestrino. Careaga fue secuestrada en junio de 1977 y llevada a un centro clandestino de torturas con apenas 16 años y un embarazo de tres meses. Su madre se unió con otras que también buscaban a sus hijos detenidos ilegalmente y comenzó a frecuentar el grupo que se reunía en el grupo de la Santa Cruz. Cuando Ana María fue liberada, en septiembre de ese mismo año, la llevó hasta Brasil para ponerla a salvo y luego regresó a Buenos Aires para seguir ayudando a las otras madres. Éstas le dijeron que ya no se implicase por lo que pudiera pasar, pero ella insistió en continuar con su labor de apoyo.

El 8 de diciembre fue secuestrada cuando salía de la iglesia de la Santa Cruz junto con otras madres y familiares de presos. Su familia supo que había pasado por la ESMA por las declaraciones de los sobrevivientes, pero fue hasta 2005 que se identificó su cadáver.

“Después de tantos años se pudo lograr justicia con algunos de los desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Los que fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a la gente, tirarlos vivos al mar, hoy tienen que pagar por esos delitos”, afirmó.
“La justicia tarda, pero llega”, agregó por su parte Jorge Pinedo, yerno de Rodolfo Walsh. “Lo más importante de todo es que se pudo hacer un juicio con todas las de la ley, con todas las garantías, cosa que ellos no hicieron. No nos comemos a los caníbales”.

Comentarios

Load More