PUEBLA, Pue. (apro).- Feministas y organizaciones no gubernamentales criticaron la iniciativa de reforma que presentó el gobernador Rafael Moreno Valle para sustituir la pena de cárcel por una sanción económica y tratamiento médico a las mujeres que abortan, al considerar que la propuesta conduce a una “doble victimización”. La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER), Natali Hernández Arias, afirmó que la propuesta de Moreno Valle tampoco resuelve los cientos de muertes de mujeres que se provocan abortos en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Dijo que aunque esta iniciativa se presente como “progresista”, en realidad es un retroceso para los derechos de la mujer, pues las coloca en calidad de “enfermas mentales” y no les da derecho sobre las decisiones que toman sobre su propio cuerpo. Y es que la iniciativa que presentó el mandatario generó mayor controversia porque los cambios se incluyeron en un capítulo del Código de Defensa Social, que lleva el nombre de “Tratamiento médico integral e internación de enfermos mentales”. La dirigente de Movimiento Ciudadano en Tehuacán, Susana Wuotto, calificó la propuesta de Moreno Valle de “retrógrada”, pues reduce a las mujeres a la calidad de incapaces mentales por el hecho de haber abortado. La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, censuró que se fijen altas sanciones económicas –de 2 mil 800 a 28 mil pesos–, ya que muchas de las mujeres que abortan viven en la pobreza. La exdiputada Rocío García Olmedo calificó de grave la “doble victimización de las mujeres” que significaría esta reforma, al colocarlas como “enfermas mentales”, lo cual violenta sus derechos humanos. La exdiputada priista Malinalli García Ruiz dijo que además la iniciativa del Ejecutivo centra de nueva cuenta las sanciones exclusivamente en la mujer y no atiende el problema de salud pública y la prevención de embarazos no deseados. Además, calificó la propuesta de Moreno Valle de “parche a la legislación”, ya que no atiende de manera integral la problemática de los derechos reproductivos de la mujer.