OAXACA, Oax. (apro).- Por lo menos siete detenidos y seis heridos dejó el operativo policiaco para rescatar al ejidatario de Chiapas, Jorge Humberto Luna Salinas, quien se encontraba retenido en la casa comunal de San Miguel Chimalapa, denunció el comunero Marcos Cortés Sánchez. Afirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 09:40 horas, cuando unos 200 policías estatales encabezados por el subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Herrera, llegaron “salvajemente a rescatar al rehén y hasta a él lo golpearon”. El Gobierno del Estado, a través de un comunicado, informó que con el rescate del ejidatario chiapaneco se “se restablece el orden y la legalidad en San Miguel Chimalapa”. Explicó que el operativo policial “exitoso” se realizó como parte del compromiso de la administración estatal para restablecer el orden y la legalidad en la zona. Detalló que “en seguimiento a la ruta de conciliación pactada la víspera ante la Secretaría de Gobernación, de garantizar el pleno respeto al estado de derecho en torno al conflicto agrario en los Chimalapas, 200 elementos de la Policía Estatal, en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, implementaron alrededor de las 09:40 horas de este miércoles un dispositivo para liberar a Luna Salinas, vecino de la comunidad de Nuevo Tenochtitlán, Cintalapa, Chiapas”. El Gobierno del Estado que encabeza Gabino Cué aclaró que durante el rescate no se realizó disparo alguno, pese a que algunos habitantes, con palos y machetes, trataron de evitar el operativo, por lo que se detuvo a siete personas que quedaron en calidad de presentados ante las autoridades competentes. El procurador general de Justicia del estado, Manuel de Jesús López López, indicó que la liberación del ciudadano chiapaneco contó con la observación de un visitador de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, quien en todo momento garantizó que las garantías individuales del ejidatario no fueran vulneradas, así como los de las personas que durante cinco días lo mantuvieron retenido. Jorge Humberto Luna Salinas fue examinado por un médico general, “quien diagnosticó que esta persona se encuentra en condiciones óptimas de salud”, mientras que el Gobierno del Estado estableció los mecanismos de entrega a las autoridades de Chiapas, quienes se encargarán de presentarlo ante sus familiares. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, informó que existe voluntad política para atender el conflicto social que, por causa de disputas agrarias y de aprovechamiento forestal, sostienen comunidades chiapanecas y oaxaqueñas en la zona de los Chimalapas. Destacó que el gobierno de Oaxaca está del lado del derecho que corresponde para defender los límites territoriales oaxaqueños y apoyar jurídicamente a los Chimalapas, así como en la misma línea de interés de las comunidades para proteger, con procedimientos jurídicos, las tierras y bosques pertenecientes a los indígenas zoques. Recordó que para atender la problemática derivada de la disputa agraria, ayer martes los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué y Juan Sabines, se reunieron con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, ante quien se comprometieron a incrementar los esfuerzos gubernamentales en materia de gasto social e infraestructura para acelerar la mejora en las condiciones de vida de la población en la zona. El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, informó que por oponer resistencia fueron detenidos siete comuneros y se encuentran en calidad de presentados en el penal de El Espinal. Sin embargo, los comuneros denunciaron que “los policías lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a todos los que estaban a su paso hasta llegar a la casa comunal de San Miguel Chimalapa, donde, con marros, abrieron la puerta y se llevaron al ejidatario chiapaneco. Entre los detenidos se encuentran el líder de los comuneros Angélico Solano Jiménez, Bernabé Solano Jiménez, Roque Sánchez Gutiérrez, Amado Miguel Gutiérrez, Fermín Sánchez Gutiérrez, Florido Antonio Cruz y Gustavo Guzmán. Mientras que entre los heridos se encuentran el mismo Angélico Solano Jiménez y la profesora Amable Toledo, así como tres habitantes de las comunidades de San Antonio y Benito Juárez. Los comuneros consideraron que estos hechos entorpecen las negociaciones que se realizan en la Secretaría de Gobernación y en la capital del estado. “Nosotros damos la vida por los bosques y no es justo que el gobierno no haga nada por protegernos, al contrario, nos mande a la policía”, reprochó. Ahora, dijeron, será la asamblea comunitaria la que definirá qué medidas tomará. Sin embargo, advirtieron que no permitirán que los ejidatarios chiapanecos sigan explotando la selva de los Chimalapas. Comuneros de Oaxaca y ejidatarios Chiapas disputan la posesión de cuatro mil 975 hectáreas, sin embargo, el 5 de noviembre se agudizó la violencia al registrarse dos enfrentamientos que dejaron por lo menos 10 lesionados y un rehén. Condenan agresión La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó la agresión ejercida por la policía contra comuneros de San Miguel Chimalapas, durante el operativo instrumentado para rescatar al líder ganadero chiapaneco, Jorge Humberto Luna Salinas. En tanto, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la “brutal represión de la que fue objeto el pueblo de San Miguel”. Según la Ucizoni, alrededor de las 9:40 horas, efectivos de la Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ingresaron de manera violenta a la comunidad, golpearon a unos 30 pobladores y detuvieron a siete personas. Los indígenas zoques lanzaron piedras y buscaron contrarrestar la agresión con palos, pero los uniformados hicieron uso de la fuerza para sacar del lugar al ganadero conocido como Tito Luna, retenido desde hace varios días por presunta invasión de tierras comunales. El presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, Francisco Sánchez Gutiérrez, dio a conocer los nombres de los detenidos: Roque Sánchez Gutiérrez, Amado Miguel Gutiérrez, Angélico Solano, Bernabé Solano, Flórido Antonio, Crispín Sánchez Gutiérrez y Gustavo Guzmán Dolores. La Ucizoni, en voz de su dirigente Carlos Beas Torres, exigió la inmediata liberación de los siete comuneros aprehendidos y el cese de los mandos policiacos “responsables de los actos de extrema violencia”. Beas Torres criticó que mientras el gobierno de Oaxaca reprime a los comuneros de San Miguel Chimalapas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, hizo de las suyas al crear en territorio oaxaqueño el municipio Belisario Domínguez, despojando a los indígenas zoques que habitaban en el lugar. “El gobierno de Chiapas reclama respeto al estado de derecho, cuando en todos estos años ha actuado como delincuente en contra de los comuneros oaxaqueños”, puntualizó. El dirigente indígena afirmó que “no es con la represión como se resolverá un problema creado por la Secretaria de la Reforma Agraria, responsable directa del despojo de al menos 49 mil hectáreas”. Añadió: “No es la represión la que reparará los graves daños ambientales ocasionados por los ganaderos y por la irresponsable expedición de permisos de aprovechamiento forestal que ha hecho la Semarnat”. Tampoco “la brutalidad policiaca en contra de los comuneros chimas frenará las aspiraciones expansionistas de los gobernantes chiapanecos ni la que hará valer la Soberanía oaxaqueña sobre su territorio. La violencia sólo traerá más violencia”, subrayó. Diputados proponen nombrar comisión especial La diputación permanente de la LXI legislatura local propuso nombrar una comisión especial para acompañar a los indígenas zoques de Chimalapas en la defensa de su territorio y sus recursos naturales, amenazados por ganaderos del estado de Chiapas. En la sesión extraordinaria de este miércoles, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del Partido del Trabajo, demandó al gobernador Gabino Cué que “con energía e inteligencia defienda la soberanía de nuestro estado” en la Secretaría de Gobernación, a fin de dirimir el conflicto de San Miguel Chimalapa con el estado de Chiapas. “El pueblo chimalapa debe saber que su gobernador y su Congreso están con ellos, que con ellos defienden la soberanía y la diversidad”, señaló. Sosa Villavicencio subrayó que desde hace cuatro meses alertaron que el conflicto entre los límites de Chiapas y Oaxaca podría reavivarse, sin embargo, dijo, “de entonces a la fecha nada ha pasado”. Añadió: “Confío en que no se trate simplemente de que el Ejecutivo tenga oídos sordos, (porque) tengo la impresión de que nuestras autoridades están rebasadas por la contingencia, que necesitan ver fuego para acudir, en lugar de atender el tizón que el viento está avivando”. Además, reprobó al gobierno federal por violar el tercer párrafo del Artículo 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan […] arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”. También, anotó, viola el artículo 18 del mismo ordenamiento de las Naciones Unidas, que dice: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. Con esto, puntualizó, queda suficientemente claro el desatino del gobierno federal para autorizar a chiapanecos, de manera unilateral, la explotación de la selva chimalapa, y el despropósito del gobernador vecino (Juan Sabines) en torno de la creación de un municipio en tierras oaxaqueñas. Al gobierno de Oaxaca, el legislador petista le pidió que en las negociaciones que se realicen en la Secretaría de Gobernación se tomen como mínimos irrenunciables seis puntos, entre ellos la solución definitiva y atención inmediata del conflicto agrario y ambiental, con respeto a la posesión ancestral y a las resoluciones presidenciales de San Miguel Chimalapa. Asimismo, la cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal “otorgados irresponsablemente” por el gobierno federal a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en territorio comunal, y el retiro de la policía preventiva chiapaneca de los territorios comunales de los Chimalapas. Flavio Sosa también envió un mensaje al pueblo de Chiapas para que “no caigan en el engaño”. No se trata de un conflicto entre entidades y pueblos hermanos, sino de la lucha de un pueblo frente al embate de los intereses depredadores de grandes empresarios madereros, dijo. En tanto, al gobernador chiapaneco, Juan Sabines, le pidió que “no traicione a su pueblo ni al pueblo de México, (porque) defender a los Chimalapas de los intereses madereros y ganaderos es defender una posibilidad de futuro para la humanidad”. Misión civil viajará a los Chimalapas El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la “brutal represión de la que fue objeto el pueblo de San Miguel”. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Miguel Ángel García y Luis Bustamante Valencia, coordinadores del Comité, señalaron que la queja fue formulada contra el Ejército y contra los gobiernos de Oaxaca y Chiapas. Asimismo, convocaron a activistas de diversos organismos defensores de los derechos humanos, nacionales y extranjeros, para que “constaten el hostigamiento y la represión, así como el saqueo ecológico de parte de madereros de Chiapas”. Adelantaron que el próximo sábado 11 una “misión civil”, conformada por representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y ecologistas, se darán cita en San Miguel Chimalapas para “verificar y documentar la situación social y ambiental que priva en la región”.