ASUNCIÓN (apro).- Paraguay revive momentos olvidados de su historia política, a raíz del surgimiento de una insurgencia armada que se ha declarado marxista y se asemeja a las guerrillas de los años sesenta y setenta. El grupo opera desde finales de 1997 en la zona del Departamento de San Pedro, distante unos 300 kilómetros de esta capital, comprometiendo la tranquilidad de la población. En un inicio se le detectó como un simple grupo delictivo, pero hacia 2001 mutó en Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla con ligas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hasta ahora se le atribuyen cuatro secuestros y la muerte de agentes del orden, y en casi 14 años es poco lo que el gobierno ha hecho para neutralizarlo. El líder del grupo, Alcides Oviedo, trabajó en la diócesis de San Pedro, nada menos que con Fernando Lugo, actual presidente de la República. A mediados de 1996, el grupo lo formaron jóvenes que trabajaban en sectores eclesiales católicos de esa zona, una de las más pobres de Paraguay. Sus principales dirigentes --Osvaldo Villalba, Magna Meza y Manuel Cristaldo Mieres-- trabajaron con comunidades eclesiales de base en la región, en el marco de la teología de la liberación, hoy condenada por la jerarquía de la Iglesia católica. Con ellos tuvo contacto Lugo, quien entonces ejercía como obispo en ese Departamento. Paralelamente, en la capital grupos radicales de izquierda compartían los criterios de esos jóvenes. Sólo en los años sesenta se registró un hecho similar: surgieron las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), inspiradas por la Iglesia católica. Una década después --durante los años duros de la dictadura del general Alfredo Stroessner-- surgió la Organización Político Militar (OPM). Golpes armados El EPP surgió primero como un grupo de delincuentes que en diciembre de 1997 intentó asaltar una sucursal bancaria en Choré, una pequeña comunidad en el departamento de San Pedro. El robo fue frustrado por las fuerzas policiales. La intención era obtener dinero para financiar proyectos futuros y comprar armas. El grupo estuvo quieto durante cuatro años. En noviembre de 2001 dio su primer golpe. Secuestró a María Edith de Debernardi, miembro de una de las familias de la elite económica del país. El cautiverio duró dos meses y se resolvió con el pago de un millón de dólares. Para entonces el grupo ya había contactado con dirigentes de la capital. Juan Arrom, del Partido de extrema izquierda Patria Libre, era el nexo. Por esas fechas el EPP también había tenido contactos con las FARC, la guerrilla más antigua de la región. Raúl Reyes, el canciller de la organización colombiana, se habría encargado de la relación con los dirigentes del EPP. Incluso, Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo y Alejandro Ramos habrían sido entrenados en campos de trabajo de las FARC en Colombia y Venezuela, según informes de los organismos de seguridad paraguayos. En las elecciones generales de 2003, el partido liderado por Arrom propuso a varios candidatos a cargos electivos que posteriormente fueron vinculados al movimiento guerrillero. Ninguno fue electo y Arrom se exilió en Brasil, después de que se le involucró en el secuestro de Debernardi. Paralelamente, las fuerzas de seguridad trabajaron para desmantelar al EPP. En julio de 2004, durante un fiero enfrentamiento en las afueras de la capital, detuvieron a Alcides Oviedo y Carmen Villalba, identificados posteriormente como dos de los principales miembros del grupo. Ambos fueron condenados a 18 años de cárcel, pero eso no impidió que el grupo siguiera operando. Ya con el entrenamiento suficiente y con dinero para equipar a sus efectivos, el EPP asestó su segundo golpe. En septiembre de 2004 en Fernando de la Mora, una ciudad aledaña a la capital, secuestró a Cecilia Cubas, hija del presidente Raúl Cubas (1998-1999). Como en el caso de Debernardi, también exigieron un rescate. Esta vez fueron 5 millones de dólares. Se hizo un pago parcial estimado en poco más de 600 mil dólares. El secuestro terminó en tragedia. El 16 de febrero las fuerzas policiales encontraron el cuerpo sin vida de Cubas, metida en un túnel a tres metros bajo tierra. Cuando el actual presidente y en esa época obispo de San Pedro fue consultado sobre el tema, dijo que no estaba enterado. El entonces presidente Nicanor Duarte, del Partido Colorado, exigió capturar a los delincuentes. Fueron detenidos varios de ellos. Omar Martínez, principal dirigente del Partido Patria Libre de Arróm, fue señalado como uno de los principales responsables y condenado a 35 años de prisión. Actualmente guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía, de donde intentó escapar en más de una ocasión. Entre 2004 y 2008, el grupo hizo incursiones en puestos policiales en la zona de San Pedro, matando a agentes de policía. En 2006, por ejemplo, atacó e incendió la comisaría de Hugua Ñandu y un destacamento militar en Tacuatí, una aislada comunidad de San Pedro. Después el EPP volvió a los secuestros. En julio de 2009 plagió a Luis Lindstron, un ganadero apreciado por la comunidad que vivía en el Departamento de San Pedro, en una región donde todavía existen importantes zonas boscosas. Lindstron fue liberado el 12 de septiembre de ese año, previo pago de 300 mil dólares. Menos de un mes después, el EPP secuestró a otro ganadero de la zona: Fidel Zavala, un hombre que también pertenece a la elite empresarial del país. Su cautiverio duró 3 meses. Fue liberado a mediados de enero de 2010, a cambio de 550 mil dólares. El Congreso destinó poco más de 10 millones de dólares para equipar a las fuerzas policiales, mejorar su logística y tener mayor capacidad para enfrentar a las fuerzas del EPP. Rafael Filizzola, quien fue separado del cargo de ministro del Interior a mediados de este año, fue el principal impulsor de este mejoramiento, pero los resultados obtenidos no fueron los mejores. A inicios de 2011, el gobierno inició una fuerte campaña en la que ofreció una recompensa de 3 mil 500 millones de guaraníes (casi un millón de dólares) a quienes dieran información fiable sobre alguno de los miembros del grupo. Eso llevó a la muerte de Severiano Martínez y Nimio Cardozo, dos miembros operativos del EPP, quienes habrían sido delatados por pobladores de la zona. El gobierno admitió haber pagado por información, pero no dio mayores detalles. En todos estos años las fuerzas de seguridad tuvieron resultados dispares en el combate al grupo. Al menos siete efectivos policiales fueron asesinados y sólo dos del EPP fueron capturados muertos. Las acciones del grupo obligaron al gobierno de Fernando Lugo a declarar en dos ocasiones --abril y mayo de 2010 y octubre y diciembre de este año-- un estado de excepción en el Departamento de San Pedro. Sin embargo, los operativos de las fuerzas de seguridad en esa zona no produjeron el arresto de algún miembro del grupo. Emilio Pavón, gobernador del Departamento de Concepción, asegura que la situación es preocupante y genera millonarias pérdidas en la región. De hecho, los ganaderos de la zona optaron por tomar precauciones. Algunos incluso ya no van a sus establecimientos por temor a ser secuestrados. Pavón recibió tres amenazas de muerte y reforzó sus medidas de seguridad. Sospechas Sectores políticos de la oposición cuestionan las acciones que ha instrumentado el gobierno para combatir al EPP. La falta de resultados alimenta las dudas sobre la voluntad del gobierno de Lugo para acabar con el grupo. Para los miembros de los partidos UNACE y Colorado está claro que el presidente Lugo tiene conexiones con los dirigentes del grupo armado y que no existen intenciones reales para acabar con ellos. Lilian Samaniego, presidenta del Partido Colorado, ha dicho en más de una oportunidad que el presidente nunca aclaró suficientemente sus vínculos con el grupo delictivo. Un par de datos refuerzan las sospechas: los militares destinados para el trabajo de campo --no más de 50 efectivos-- no ingresan a las zonas donde operan las células del grupo. Tampoco se admite mayor colaboración de países vecinos para realizar las tareas de campo y usar tecnología para ubicarlas. El diputado Carlos Soler, del opositor Partido Patria Querida y vicepresidente de la Cámara de Diputados, también tiene sus dudas sobre la decisión política para capturar a los miembros del grupo. “La situación es como mínimo llamativa. No entendemos cómo no se puede terminar con este grupo que, de acuerdo con los datos que se manejan, no son numerosos y operan en una zona de no más de 100 kilómetros”, remarcó. Los jefes militares y policiales aseguran que están haciendo el trabajo de inteligencia y que en unos meses más se podrían tener resultados. Sin embargo, el tiempo pasa y lo único que crece es el ataque de los guerrilleros. La banda es liderada ahora por Magna Meza y Osvaldo Villalba, los mismos jóvenes que iniciaron su trabajo eclesial con las comunidades de base en la empobrecida San Pedro a mediados de 1996. Siguen trabajando en la misma área. No lograron extenderse a otras regiones.