MÉXICO, D.F. (apro).- Las boletas de la elección de Felipe Calderón aún no pueden destruirse debido a que en el Instituto Federal Electoral (IFE) está en trámite una petición de acceso a la paquetería electoral del 2006 a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos. El IFE notificó el lunes a Proceso que tramita una solicitud de información relativa al acceso a las boletas en las que quedaron plasmados los votos válidos y nulos, así como las sobrantes de la elección presidencial del 2 de julio de 2006. Mediante el oficio UE/AS/3841/11, fechado el 14 de noviembre, la Unidad de Enlace del IFE informó que la solicitud quedó registrada con el folio UE/11/04005. El pasado viernes 11, la revista hizo su petición apoyada en la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de este año, en la que se reconoce la progresividad de los derechos humanos en la administración de justicia en México, incluidos aquellos establecidos en los tratados internacionales. La reforma abrió “nuevas reglas de juego para analizar el alcance” de una nueva petición de acceso a las boletas, admitió el jurista Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien representó al Estado mexicano en la demanda que presentó la revista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entrevistado por Proceso (1828), Carmona admitió que las boletas podrían continuar sin ser destruidas hasta que se analice una nueva petición a la luz de las reformas en derechos humanos. El pasado 2 de noviembre, la CIDH rechazó la demanda promovida en abril de 2008 por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano por su negativa a darle acceso a la paquetería de la elección presidencial del 2006. Pero las razones de la CIDH sobre el rechazo apenas fueron dadas a conocer el lunes 14, doce días después de la deliberación que tuvo lugar en Washington, sede la CIDH. Después de una intensa presión, que incluyó un castigo presupuestal, el gobierno de Felipe Calderón logró que la CIDH emitiera un “informe de inadmisibilidad” sobre el “asunto 492-08 Rafael Rodríguez Castañeda”. Además de la reducción presupuestal, Calderón logró la designación como comisionado de la CIDH de José de Jesús Orozco Henríquez, quien fue uno de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que avaló la elección presidencial del 2006. Tres años y medio después de la demanda de Proceso, la CIDH hizo suyos los alegatos del Estado mexicano, según el cual el demandante no agotó los recursos internos. Según informó la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante un comunicado difundido el lunes, la CIDH avaló “la vigencia plena” del derecho de acceso a la información en México, además de reconocer que los procesos electorales en el país “están absolutamente ciudadanizados… sin injerencia alguna del gobierno y que se rigen por los principios de máxima transparencia y publicidad”. Con su “informe de inadmisibilidad” de la demanda, la CIDH levantó las medidas cautelares que en julio de 2008 le pidió al Estado mexicano para evitar la destrucción de las boletas. La destrucción, sin embargo, seguirá pendiente hasta que se agote la nueva solicitud de información. La abogada de la revista, Graciela Rodríguez Manzo, aseguró que la decisión de la CIDH desestimó la falta de un mecanismo adecuado de defensa para asegurar que un ciudadano tenga acceso a información electoral. Tanto el IFE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han negado en sendas peticiones el acceso a las boletas al considerar que esa información está reservada sólo a autoridades y partidos políticos.