Justifica procuradora detención de ‘tuitero’: “había que agotar todas las líneas”

MÉXICO, D.F. (apro).- La detención del “tuitero” Mario Flores Vargas salió a relucir este miércoles en la Cámara de Diputados, durante la comparecencia de la procuradora general de la República, Marisela Morales, a quien le llovieron serías críticas ante las acciones realizadas por la dependencia que encabeza.

Tras el reproche que hicieron diputados del Partido del Trabajo (PT) por la detención del “tuitero”, Morales justificó la actuación de la PGR al señalar que fue presentado en calidad de testigo.

“En el caso del ‘tuitero’, cabe señalar que esta persona fue presentada como testigo, en esa calidad declaró y ese mismo día se retiró. En este sentido, ante este hecho que se suscitó y que fue muy lamentable, todas las líneas de investigación se tienen que agotar”, declaró Morales.

“Ya sea en calidad de testigos o de inculpados inclusive, lo que estamos haciendo es precisamente eso: cumplir con nuestra obligación constitucional y agotar todas y cada una de las líneas de investigación”, agregó.

En respuesta, el legislador Mario di Costanzo señaló que el “tuitero” no fue presentado como expuso la procuradora, sino “levantado” con lujo de violencia por 15 agentes que llegaron a su domicilio a bordo de tres camionetas, como si fuese –dijo– El Chapo Guzmán.

“Yo me pregunto cómo lo ubicaron tan rápido, con qué orden de aprehensión o de presentación. Entonces, esto quiere decir que sí hay una línea de investigación por un posible atentado contra el secretario de Gobernación”, subrayó Di Constanzo.

Y añadió:

“Porque es la única razón que explica esta acción. No me dijo las líneas de investigación que se están llevando a cabo. Lo de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) no lo creo, y no lo creo porque Dionisio Pérez-Jácome es un mentiroso”.

Antes, el también diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, lamentó la detención del “tuitero” y pidió a Morales un informe pormenorizado del accidente en el que murió el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el pasado viernes 11.

El domingo 13, agentes de la PGR detuvieron a Flores Vargas, quien el jueves 10, un día antes de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban Blake y siete personas más, publicó en Twitter un comentario alusivo a “funcionarios voladores”.

El mismo domingo, el joven quedó en libertad.

“No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mouriño, anden con cuidado, funcionarios voladores”, escribió Flores Vargas en la red social el jueves 10.

En otro tema, durante su comparecencia ante diputados de las comisiones de Seguridad, Justicia y Función Pública, Marisela Morales aseguró que la PGR sigue tras la pista de Néstor Moreno, el exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad sobre quien pesa una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

“Estamos en espera de que sea aprehendido, pero en el momento que sea aprehendido, pues esta figura la vamos a hacer valer (en el sentido) de que no tendrá derecho a la libertad porque está más que evidente que se va sustraer de la acción de la justicia”, dijo.

Agregó:

“Y ese es uno de nuestros argumentos que vamos a utilizar, por supuesto que estamos tras él y se le está buscando y estamos trabajando de una manera coordinada con diversas dependencias nacionales e internacionales para detenerlo”.

Morales Ibáñez recordó que si Moreno quedó en libertad después de ser detenido por agentes federales y encarcelado en el Distrito Federal, fue porque gozaba de una suspensión provisional de amparo otorgada por un juez federal.

“No permitiré ni un solo espacio para la corrupción”

En su primera intervención en San Lázaro, la procuradora general de la República afirmó hoy que no permitirá ningún acto de corrupción de sus subordinados.

“Hemos emprendido un proceso para combatir la corrupción y la impunidad en la PGR y no permitiré ni un solo espacio para la corrupción”, subrayó Morales en su comparecencia de este miércoles ante integrantes de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Función Pública de la Cámara de Diputados.

El gran reto, agregó, es fortalecer al Estado mexicano con Instituciones confiables que atiendan a cabalidad los reclamos de la ciudadanía.

Y afirmó que uno de sus objetivos en materia de depuración institucional es someter al control integral de control de confianza a los 20 mil 334 empleados de la dependencia antes de que concluya la presente administración.

En el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, la procuradora manifestó que el gobierno federal ha asumido el compromiso de inhibir el tráfico de armas, por lo que, advirtió, se perseguirá y sancionará a todos aquellos que violenten la soberanía del país con el trasiego de armamento.

De acuerdo con la extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, México y Estados Unidos, en pleno respeto a la soberanía de cada país, actúan coordinadamente para hacer frente a este fenómeno y otras actividades delictivas.

En la actualidad, agregó, ya existen asistencias jurídicas y solicitudes de extradición contra ciudadanos o residentes estadunidenses, relacionados con esta actividad ilícita.

En ese sentido, señaló que ya se han realizado acciones jurídicas en contra de “ciudadanos o residentes de Estados Unidos que han entregado armas a grupos del crimen organizado en México”.

En ese caso sostuvo que ya se han tramitado dos órdenes de extradición, a fin de que los inculpados enfrenten juicios por el delito de introducción ilegal de armas a territorio mexicano. Los presuntos responsables fueron ubicados en Madera, California, Estados Unidos.

De igual manera, apuntó, la PGR ha identificado que tres personas adquirieron armas en Texas para introducirlas a México, y a dos ya se les cumplimentó una orden de aprehensión y fueron recluidos en una prisión nacional para que enfrenten un juicio ante un juez federal.

Al hablar sobre el ataque al casino Royale, ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando perdieron la vida 52 personas, comentó que se emitieron 28 órdenes de aprehensión, y de los cinco arraigados, tres de ellos ya fueron ingresados al Penal de Matamoros, mientras que de los otros dos se definirá en breve su situación jurídica.

Morales Ibáñez indicó, asimismo, que es necesario construir un andamiaje normativo, apropiado para luchar contra las actividades de la delincuencia organizada, pues ante este fenómeno no se debe claudicar.

En México, añadió, se ha puesto énfasis en vulnerar las estructuras financieras de la delincuencia, y prueba de ello, dijo, es que en la actual administración se han logrado aseguramientos históricos por arriba de los 550 millones de pesos y más de 900 millones de dólares.

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