MÉXICO, D.F. (apro).- Sin la presencia de la familia de Rosendo Radilla Pacheco, y luego de que parientes de desaparecidos abandonaron la plaza de Atoyac de Álvarez como señal de protesta, funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y del estado de Guerrero encabezaron este jueves, en esa localidad, un acto de “reconocimiento de responsabilidad internacional” del Estado mexicano por la desaparición del líder campesino. En un discurso pronunciado horas antes de que Alejandro Poiré fuera nombrado como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Marcos Gutiérrez, quien fungió como encargado de despacho de esa dependencia, aprovechó para hablar del “compromiso” de Calderón con los derechos humanos y afirmó que, a diferencia de hoy, Radilla Pacheco fue víctima de “un mal gobierno”. Luego de hacer una breve reseña de la vida del líder campesino, de su detención a manos de militares y de su confinamiento en el cuartel militar de Atoyac, donde se le vio la última vez, Juan Marcos Gutiérrez dijo que acudía al acto en representación del secretario y del subsecretario de Gobernación, Francisco Blake y Luis Felipe Zamora, quienes tenían programado asistir el 14 de noviembre, pero el accidente en el que perdieron la vida se los impidió. No obstante, omitió que días antes la misma dependencia anunció a los representantes de la familia Radilla la inasistencia del primero. Juan Marcos Gutiérrez sostuvo que con el evento que encabezó el Estado mexicano se da cumplimiento al resolutivo 14 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad en la desaparición forzada a manos de militares de Rosendo Radilla, así como por la falta de eficacia para su localización y sanción a los responsables de los hechos. Con su presencia en el evento, aseguró, fue a Atoyac a “atender una obligación internacional y a reafirmar la plena voluntad del gobierno del presidente  Felipe Calderón con la protección de los derechos humanos”. El funcionario señaló que Radilla Pacheco “fue víctima de desaparición forzada durante un lamentable periodo de nuestro país, conocido como ‘la guerra sucia’ de los años setenta, en el que el gobierno hacía uso de todos los medios a su alcance para acallar las voces que clamaban por justicia, libertad y democracia”. Previo a que Poiré asumiera la titularidad de la Segob, en sustitución de Blake, Gutiérrez apuntó que durante los setenta, “el gobierno censuraba las ideas disidentes, donde además la pobreza de la gente padecía también las arbitrariedades de un mal gobierno”. Tras apuntar que la desaparición de Rosendo “fue un caso de represión”, Juan Marcos Gutiérrez agregó que esa situación no ocurre en el gobierno de Felipe Calderón. “A diferencia de hace 37 años, hoy vivimos un México democrático. Un México en el que el gobierno respeta y promueve los derechos humanos, donde toda persona puede expresar su opinión, su coincidencia o desacuerdo sin temor alguno, y donde su voz se hace escuchar y es tomada en cuenta para las decisiones de nuestra vida pública”, puntualizó. Al evento, que empezó 40 minutos después de lo programado, debido a la tardanza del gobernador Ángel Aguirre Rivero, acudieron también –por parte del gobierno federal– la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa; la recién nombrada procuradora de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías Guerra; el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Irving Barrios Mojica; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Negrín Muñoz, y la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Omeheira López Reyna. Por parte del gobierno de Guerrero validaron el acto los presidentes del Congreso estatal y del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Ramos y Jesús Martínez, respectivamente; el secretario de Gobierno, Humberto Salgado; el procurador estatal, Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte;  el alcalde de Atoyac, Carlos Bello, y hasta el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) del estado, Juan Alarcón. En tanto, en un comunicado el representante en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera Aragón recordó al gobierno de Felipe Calderón que el acto público de reconocimiento de responsabilidad es “una medida de reparación que tiene como fin la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”. Herrera Aragón agregó que por ello “resulta incomprensible que las autoridades no se hayan asegurado que en el acto pudieran estar presentes los integrantes de la familia Radilla”. El activista consideró que con sus omisiones, el Estado mexicano “ha dejado pasar una oportunidad importante para reconocer su responsabilidad en el caso Radilla, así como para aliviar el dolor de las víctimas y para recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía” recorrida por los familiares de Rosendo para encontrar justicia. La organización internacional exhortó al gobierno de Calderón a “priorizar el cumplimiento cabal y diligente” de las sentencias de la CoIDH.