MEXICO, D.F. (apro).- Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), organización con sede en Londres, Inglaterra, conminó al gobierno de Felipe Calderón a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y atender las propuestas puntuales de los familiares de las víctimas de violaciones a derechos fundamentales. PBI hizo este pronunciamiento al hacer entrega de un reconocimiento, junto con la Alliance for Lawyers in Risk (Alianza a Favor de Abogados en Riesgo), a Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem), por su “lucha incansable a favor de los derechos humanos”. Hija de Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla fue condecorada este lunes 21 en el Middle Temple de Londres, uno de más prestigiados colegios de abogados de Inglaterra, destaca un comunicado de PBI, organización que celebró sus 30 años de existencia reconociendo la labor de la defensora mexicana. El comunicado destaca la preocupación de PBI por “las deficiencias en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana por parte de las autoridades mexicanas. “En particular, por la forma en que el 17 de noviembre el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones a derechos humanos derivadas del caso Radilla Pacheco, sin la presencia de la familia Radilla ni los familiares de las persona desaparecidas”. Es por ello que PBI hizo “un llamado a las autoridades mexicanas para que en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana se preste atención prioritaria al diálogo con las víctimas y sus familiares, como expresión del compromiso con los derechos humanos, particularmente con sus obligaciones adquiridas ante la Corte Interamericana”. En representación de cientos de familias de desaparecidos durante la guerra sucia en México, Radilla fue galardonada por su trabajo “valiente durante más de 30 años en México, al demandar justicia para las víctimas de desaparición forzada”. Al recibir el premio, Radilla Martínez consideró que con la omisión del gobierno de Calderón, “el Estado mexicano pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la guerra sucia, reconstruir el tejido social en Guerrero, donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad” y en que se han documentado más de 400 casos de desaparición forzada.