Los Lozano: herencia maldita

Los hermanos Lozano Alarcón están inmersos en un pleito por los dineros de una herencia familiar. Hace dos años, Gerardo y Javier arremetieron contra Sergio, a quien le reclaman la entrega de 24 millones de pesos producto de las rentas de los inmuebles que él administró durante 27 años, motivo por el cual lo tienen demandado por la vía penal. Sergio teme ir a la cárcel, pues –refiere a Proceso– sus hermanos son muy influyentes: Gerardo es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y Javier es titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sergio Lozano Alarcón tiene miedo. Sus hermanos lo acusan de fraude por 24 millones de pesos. Teme ir a la cárcel, pues además de ser abogados son influyentes: el menor de ellos, Javier, está al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Gerardo, el mayor, es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AC, y labora en el despacho Gallástegui y Lozano, del que es fundador.

Ellos dos son tan unidos que Gerardo incluso acompañó a Javier a las diligencias que se realizaron en Estados Unidos por el caso de Zhenli Ye Gon, quien acusó al funcionario de haberlo obligado a custodiar alrededor de 240 millones de dólares en una casa de Lomas de Chapultepec, dinero que, según el empresario de origen chino, iba a ser destinado a la campaña electoral de 2006.

Sergio dice a Proceso que las diferencias con sus dos hermanos datan de 2009, cuando se desató un conflicto luego de que él administrara durante 27 años un edificio de seis pisos con nueve departamentos, un penthouse, una antena satelital, un mezzanine, así como estacionamientos y un restaurante heredados por su madre y su abuela, quienes fallecieron de cáncer en 1982.

El 8 de diciembre de 1983, relata Sergio Lozano, Mario Alberto Becerra Pocoroba fue nombrado representante legal de los hermanos. Una de sus primeras acciones fue solicitar la transferencia y cambio de denominación de Inmobiliaria Del-Con, que pertenecía a su familia, por una sociedad anónima que llevaba las primeras letras del nombre de cada socio: Gejaser.

Refiere que el trámite fue autorizado el 22 de febrero de 1984 en la Notaría Pública número 19 de Puebla, encabezada entonces por Alberto Sidaoui Kuri. Desde esa fecha y hasta 2008, sostiene, sus hermanos no le exigieron que rindiera cuentas. Sin embargo, en noviembre de 2009 la situación cambió: ellos le pidieron que transparentara el destino del dinero de las rentas que cobró durante 27 años.

El reclamo provocó una ruptura familiar y, temeroso de que sus hermanos lo lleven a la cárcel, Sergio se puso en contacto con la reportera para contarle su versión.

El entramado inmobiliario

Según sus estatutos, Consultores Gejaser está autorizada para comprar, construir, arrendar, enajenar, subarrendar, así como tener comisiones, representaciones y gravámenes en el rubro de bienes raíces.

Y en la escritura 35760 expedida en la notaría 106 del Distrito Federal se especifica que sus accionistas son, además de Gerardo, Javier y Sergio Lozano Alarcón, el propio Becerra Pocoroba y el abogado Eduardo Gallástegui Armella.

Becerra es diputado por el PAN en la actual Legislatura federal, en la que preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Gallástegui, a su vez, es integrante del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), una de las empresas vinculadas a PC Capital, el fondo de inversión creado para el salvamento de Mexicana de Aviación, declarada en concurso mercantil en agosto de 2010.

Gallástegui Armella es socio de Gerardo en el despacho Gallástegui-Lozano, que trabajó para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2000 en adelante y se adjudicó varios contratos de manera directa, entre ellos uno en 2007 para comercializar la marca Pemex en Estados Unidos (Proceso 1740).

La sociedad que Gallástegui tiene con los Lozano Alarcón, sobre todo con el titular de la Secretaría del Trabajo, llevó al funcionario a defenderlo en el conflicto de Mexicana. Javier Lozano llegó a declarar que los inversionistas debían ser los miembros de PC Capital; de lo contrario, dijo, la compañía sería declarada en quiebra (Proceso 1788).

Consultores Gejaser tiene 285 acciones con valor nominal de 10 mil pesos cada una. Los socios mayoritarios son los hermanos Lozano Alarcón, mientras que Gallástegui y Becerra Pocoroba tienen sólo una acción. El administrador único es Gerardo.

Sergio, quien es odontólogo de profesión pero está retirado a causa de una esclerosis múltiple y de su bipolaridad, cuenta a la reportera que él vive de las rentas de la herencia familiar y aclara que Gerardo nunca le pide dinero.

Dice que antes de que su madre y su abuela murieran, en el edificio que él administra, llamado La Boquería, “había una miscelánea, un súper y una florería”, inmueble que desde hace seis años fue rentado. Refiere que en 1993, cuando Javier y Gerardo intentaron venderlo, él se opuso, de manera que sólo vendieron uno de los departamentos –el 2-A–, que les compró un pariente lejano: Sergio Reguero Alarcón, entonces diputado federal del PRI.

Los dos hermanos, dice, se repartieron el dinero de esa transacción, y al año siguiente Javier transfirió sus acciones a Gerardo, dinero con el que se compró una casa.

Mea culpa

Sergio admite sin más que, aun cuando estaba enfermo, despilfarró el dinero que obtenía de las rentas: lo mismo se iba de parranda que compraba motocicletas o viajaba; pero atribuye este “descontrol personal” a su bipolaridad.

A principios de 2009, 10 meses antes del pleito con sus hermanos, se mudó a la Riviera Maya, pero se mantuvo en contacto con ambos y con el abogado Luis Martínez, del despacho Cervantes Sáinz Abogados, entre 2009 y 2011. Sergio incluso muestra copias de los correos electrónicos que intercambió con Javier y Gerardo. En esas cartas se percibe el conflicto por dinero.

En una de ellas, por ejemplo, Javier le pide 50% de la renta de departamentos porque, arguye, en 2009 le compró a Gerardo la parte de las acciones de la sociedad que tenía. Sergio decidió regresar a Puebla, donde se enteró de que el 25 de septiembre de ese año sus hermanos lo excluyeron de Consultoras Gejaser.

Éstos arguyeron que Sergio había defraudado a la sociedad al ostentarse como administrador “de facto” y por la comisión de presuntos actos ilegales que, según el acta 28895 de la Notaría Pública 22 de Puebla, pueden derivar en acciones penales, civiles o administrativas en perjuicio de la sociedad.

En el documento se menciona también que el 20 de septiembre de 2009, en una asamblea extraordinaria, los socios de Consultores Gejaser lo acusaron de ejercer “espuria e ilegalmente la administración de facto”, así como de ser “deliberadamente omiso en la presentación de informes sobre sus gestiones, como lo marca la ley”; también lo acusaron de realizar “actos posiblemente fraudulentos”.

Sergio asegura que el embate en su contra arreció a partir del 16 de octubre siguiente, cuando Gerardo se dio cuenta de que el capital de Consultores Gejaser era de sólo 2 mil 850 pesos. Al mes siguiente, Sergio intentó ponerse en contacto con Javier mediante correo electrónico, pero dice que no obtuvo respuesta.

Entonces optó por enviarle una carta en la que le expuso:

“Verás, yo no tenía la intención de estudiar odontología ni quedarme a cargo del edificio. Yo quería ser arquitecto e irme a vivir a Australia. Cambié de parecer ante la insistencia de mi abuela y la enorme carga de conciencia y culpa que llevaba sobre mis hombros, sabiéndome un hombre mantenido por dos mujeres y que hasta ese día no había podido devolverles lo recibido.”

En la entrevista con Proceso, Sergio admite que durante el periodo que fue conserje del edificio nunca se preocupó por ahorrar o crear un patrimonio: “Viví la vida al día. Para mí todos los días eran mis últimos días. ¡Sí, señor! Así fue desde que, a los 27 años, me enteré de que tenía una enfermedad degenerativa, progresiva, mortal. ¿Programar a futuro? Nunca lo hice”.

Finalmente, dice, Javier le respondió: “Por lo demás –le dijo–, haremos con el edificio lo que más convenga a todos. ¡Ya lo verás!”.

Para saldar las cosas, Sergio intentó comprarle las acciones a Javier en 2 millones de pesos, pero él le contestó: “La verdad es que no entiendo cómo podrías juntar una cantidad de dinero así en un plazo razonable. Me encantaría poderte ayudar, pero ahora sí, ya no puedo. Platicaré con Gerardo al respecto”.

Dice que le pidió perdón a Javier por “cualquier cosa que haya hecho” para que tomara esa decisión, y asimismo le pidió tiempo para reunir la cantidad. Javier, dice, le respondió que él no tomaba decisiones con el hígado:

“Simplemente, con lo que gano (como titular de la STPS, 136 mil pesos mensuales) cada vez me alcanza menos y necesito dinero para lo que viene (sic). Ya has tenido para ti solo las ventajas de administrar y obtener las rentas del edificio por muchos años. El subsidio, pues, se acabó. No tendría inconveniente en venderte mi parte, pero no puedo esperar.”

Gerardo, a su vez, le envió una carta el 23 de noviembre: le dijo a Sergio que podía conseguir un crédito para comprarle las acciones a Javier y valuar el edificio, y advirtió que de lo contrario él y Javier venderían el inmueble. Por esas fechas, Javier ya no ocultaba su deseo de ser presidente de la República. En julio pasado tuvo que renunciar a esa aspiración.

Dinero, ¿para qué?

El 28 de agosto de 2010, Javier Lozano y el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, anunciaron que Mexicana de Aviación dejaba de volar. La razón: el empresario Gastón Azcárraga intentaba quebrarla para luego sanearla a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1792).

Lozano tomó las riendas de la negociación pero el conflicto con la aerolínea se complicó, a raíz de lo cual el funcionario se inclinó abiertamente por PC Capital.

Para el 29 de noviembre de ese mismo año, Javier y Gerardo le exigieron a Sergio rendir cuentas de Consultores Gejaser y, según la minuta de la asamblea realizada ese día e incluida en el acta 28896, plantearon incluso que se le finquen responsabilidades “derivadas de su actuación de administrador de facto de la sociedad”.

Sergio asegura que le están pidiendo los 24 millones de pesos que, según ellos, les debe por el cobro de la renta de los departamentos y los demás inmuebles. Según él, Javier reclama la mitad de esa suma.

El acta notarial 29920 expedida por la Notaría Pública 22 en Puebla relata que en la asamblea extraordinaria celebrada el 27 de mayo siguiente Gerardo fue nombrado socio director, en lugar de administrador único, cargo que ocupaba desde la fundación de Consultores Gejaser, mientras que Javier pasó a ser secretario.

La venganza

Entre 2010 y 2011, la comunicación entre los hermanos Lozano Alarcón fue mínima: se limitó al intercambio de algunos correos electrónicos. Sergio intentó “limar asperezas”. El 11 de noviembre de 2010 le envió un mensaje a Javier: “Quiero volver a ser tu hermano”.

Los meses siguientes, dice, enviaba mensajes a sus hermanos a través del abogado Luis Cervantes Muñiz. Éste, a su vez, aprovechó para solicitarle los contratos de arrendamiento. Sergio admite que no los tiene “al corriente”; algunos, dice, ya vencieron y no los renovó por “amistad” o debido a la puntualidad de los inquilinos al hacer sus pagos.

“No es posible que mis propios hermanos me estén haciendo esto”, dice, y se pregunta: “¿Qué fue lo que hice que los tiene tan encabronados como para quererme hacer daño con tanta saña?”.

Refiere que el 25 de enero último le envió un mensaje a Gerardo para pedirle una reunión, en la que también estuviera Javier, para dirimir los problemas, pero se negó: “No creo que tengamos algo de qué hablar –le respondió –. Luis tiene instrucciones de cómo proceder en este asunto y él es nuestro interlocutor contigo”.

El 16 de febrero, Sergio insistió, esta vez ante Javier: “Hoy te vuelvo a escribir con la esperanza de que me hagas caso. De que me escuches. No me importa que seas el secretario del Trabajo o que el día de mañana puedas llegar a ser presidente de la República. Antes que todo eso eres mi hermano y necesito verte. Que les quede claro (a ti y a Gerardo), ni abogado tengo. Prefiero perderlo todo antes que un pleito legal contra ustedes”.

Meses después, en julio, durante una reunión familiar, el abogado Cervantes Muñiz le notificó a Sergio que tenía una demanda penal por el delito de fraude contra la sociedad Gejaser. Ese mismo mes, el juez Primero de lo Penal en Puebla ordenó la búsqueda, detención y aprehensión de Sergio, quien interpuso el amparo 44/2011-IV en San Andrés, Cholula. Este recurso, dice, venció el 5 de julio.

El 20 del mismo mes, relata el entrevistado, los diarios de circulación nacional y los noticiarios de radio y televisión informaron que Javier había declinado ser aspirante del PAN a la Presidencia porque las encuestas entre sus correligionarios no le favorecían.

Un mes después, el 19 de agosto, Sergio le reprochó de nuevo a Javier su actitud, y éste, molesto, le respondió que la relación entre ambos quedaba rota.

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