La junta militar que gobierna Egipto tras la caída del dictador Hosni Mubarak intentó preservarse atribuciones que la colocarían por encima del poder civil. Ello provocó la furia de partidos políticos y de la población que –como en la primavera pasada– volvió a tomar la simbólica plaza Tahrir y a protagonizar enfrentamientos con la policía y el ejército. Pese a que la junta llegó a un acuerdo con varios partidos –entre ellos los islamistas–, existe el riesgo de que se descarrile el proceso electoral que inicia este lunes 28 y de que el país entre en una espiral de violencia y caos. El CAIRO (Proceso).- Egipto se ha convertido en un país de contundentes respuestas negativas: “No”, espetaron los manifestantes de la plaza Tahrir a los militares y a los políticos que el martes 22 pactaron acelerar el proceso electoral que inicia este lunes 28; “no”, dijo también el diplomático Mohamed ElBaradei para rechazar las invitaciones a encabezar un gobierno civil sujeto al poder de las fuerzas armadas. “Se está usando gas lacrimógeno con un agente nervioso y munición real contra civiles en Tahrir. Una masacre está ocurriendo”, tuiteó ese mismo martes 22, a las 10:43 de la noche, desde su cuenta @ElBaradei. Y al cierre de esta edición (jueves 24), el exsecretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, visto como segunda opción para asumir el puesto de primer ministro, también parecía pensarlo. El lunes 28 empieza un complejo y largo proceso electoral que debería durar tres meses, y cuya realización fue confirmada el jueves 24, a pesar de que partidos laicos solicitaron en varias ocasiones posponerlo. Las fuerzas del Estado, sin embargo, no sólo parecían incapaces de generar el necesario clima de seguridad, sino que se mostraban públicamente divididas: la policía paramilitar, por un lado, y el ejército, por otro. Sólo los grupos islamistas lograron el jueves 24 calmar un poco los ánimos. Son ellos los principales interesados en que los comicios se lleven a cabo, pues están mejor organizados, han desarrollado campañas electorales de mayor alcance y esperan obtener buenos resultados en los comicios legislativos. Sus rivales –una miríada de pequeños partidos laicos, tanto liberales como de izquierda– tendrán que medirse en las urnas en situación de desventaja. Por eso varios de ellos prefieren posponer las elecciones y ganar más tiempo. En la plaza Tahrir, sin embargo, los manifestantes desconfían de todos: de los militares, de los islamistas y de los políticos en general. La violencia –cuyo saldo provisional era la semana pasada de al menos 35 personas muertas y 3 mil 200 heridas– ha radicalizado las posiciones de los manifestantes y acentuado su escepticismo hacia la política. Un fracaso en las elecciones –ya sea porque no se ha completado la logística para las votaciones o porque éstas se vieran alteradas por disturbios o porque los desequilibrios en la competencia produjeran resultados que no representen la realidad política de Egipto– hará mucho más difícil hallar una salida que no sea traumática para todos.   El descontento   La revolución empezó el 25 de enero; 18 días después –11 de febrero– el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) depuso al dictador Hosni Mubarak como quien se desprende de un lastre. Esa junta militar –encabezada por el mariscal Mohamed Hussein Tantawi– dijo que sólo retendría el poder por unos meses. Sin embargo, presentó un itinerario político que le permitiría conservarlo por dos años: primero se elegiría un poder legislativo en una serie de elecciones parciales que deberían empezar este lunes 28 y concluir en marzo. El nuevo Congreso seleccionaría un comité de 100 personas, encargado de redactar una Constitución, que sería aprobada en referéndum el próximo otoño o invierno. Con una nueva carta magna, se realizarían elecciones presidenciales en 2013. Pero el CSFA trató de imponer a los partidos políticos –alrededor de 50, la mayoría creados después de la revolución– una serie de “principios” que colocarían a las fuerzas armadas por encima del poder civil: los militares quieren tener la capacidad de supervisar y vetar normas en la redacción del texto constitucional, y darle al ejército un estatus especial que impediría que los gobiernos tuvieran control sobre él y su presupuesto, incluidos los mil 300 millones de dólares anuales que reciben en virtud de los Acuerdos de Campo David de 1977, firmado con Israel y Estados Unidos y de los cuales no rinde cuentas. Tales pretensiones generaron un extendido descontento tanto en los partidos políticos como en la población. El viernes 18, ElBaradei y numerosos intelectuales firmaron una carta en la que pidieron que el CSFA entregue el poder a un gobierno de salvación nacional, el cual debía incluir a todas las fuerzas políticas, desde los laicos liberales e izquierdistas hasta las organizaciones religiosas de corte islamista, como los moderados Hermanos Musulmanes y los radicales de la secta salafista. Ese mismo día iniciaron las manifestaciones en la plaza de Tahrir; al siguiente la policía inició la represión. Durante una semana, El Cairo y otras ocho ciudades fueron escenario de intensas batallas callejeras, lo que ocasionó la renuncia, el lunes 21, del gobierno provisional civil encabezado por el primer ministro Essam Sharaf. El CSFA reaccionó: convocó a los dirigentes políticos a sostener un diálogo urgente. Éste se llevó a cabo durante cinco horas el martes 22. Se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos formar un gobierno de salvación nacional, adelantar las elecciones presidenciales para julio próximo y la promesa, por parte de los militares, de entregar el poder al gobierno civil que surja de los comicios. Además, la CSFA se comprometió a respetar el derecho de manifestación pacífica y a iniciar una investigación para precisar las responsabilidades por la violencia que se inició el sábado 19. La prensa egipcia publicó que los militares pidieron que ElBaradei encabezara ese gobierno de salvación nacional. Se trata de una figura polémica para los egipcios, un pueblo al que durante seis décadas le inculcaron que el ejército está ahí para defenderlo de los extranjeros que lo amenazan. ElBaradei vivió desde 1964 hasta el 27 de enero de 2011 en otros países. De hecho, regresó dos días después de que inició la revolución que derrocó a Mubarak. Es desconocido o incluso sospechoso para muchos de sus compatriotas. ElBaradei tiene a su favor el prestigio internacional que adquirió de 1997 a 2009 como director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), un cargo que desempeñó con disciplina, imparcialidad y, sobre todo, independencia. ElBaradei se enemistó con Estados Unidos al rechazar sus presiones para que los inspectores de la OIEA confirmaran la acusación de que el régimen de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva en su país y para que se apresuraran a exhibir el carácter bélico del programa nuclear iraní, aunque no hubiera pruebas concluyentes. En conjunto con el organismo que dirigía, ElBaradei recibió el Premio Nobel de la Paz en 2005. Es también un aspirante presidencial, pero hasta ahora había recibido un respaldo menor en las encuestas de opinión, superado por figuras mejor conocidas dentro de Egipto como el exsecretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, un hombre carismático y con muchas conexiones. La prensa egipcia difundió que el CSFA también propuso a Moussa ser primer ministro, pero hasta el jueves 24 tampoco había aceptado.   La disputa por Tahrir   En la noche del miércoles 23, una tregua puso fin a cinco días ininterrumpidos de enfrentamientos que iniciaron en la madrugada del sábado 19, cuando la policía desalojó de la plaza Tahrir a 150 opositores que allí pernoctaban. El jueves 24, el Ministerio de Salud cifró los muertos en 35. Los médicos voluntarios de los distintos puntos de atención médica (llamados “clínicas” y “hospitales de campaña”) que fueron improvisados en esa plaza aseguran que fueron muchos más. “Sólo por aquí han pasado 40 fallecidos”, dice Idris Gaber, un cirujano de 45 años que colabora en el “hospital” de la calle Mohamed Mahmoud. Nadie es capaz de estimar con certeza cuántos heridos hubo. El Ministerio de salud aventuró 3 mil 200. La represión estuvo a cargo de miembros de las Fuerzas Centrales de Seguridad (FCS), un organismo paramilitar normalmente utilizado para extinguir las protestas. La mayor parte del tiempo estuvieron presionando en la orilla de la plaza Tahrir que da a la calle Mohamed Mahmoud, donde a cuatro cuadras de distancia se encuentra el Ministerio del Interior. Ahí recibían la presión de los manifestantes, que se aproximaban por todas las callejuelas que intersectaban dicha calle. Sin embargo, los paramilitares de la FCS no tenían capacidad para tomar la plaza Tahrir. A las 5 de la tarde del domingo 20 recibieron ayuda de efectivos del ejército. En una ofensiva precedida por gases lacrimógenos, arrasaron con la plaza y quemaron el campamento de los opositores. Desde los edificios vecinos, con cámaras profesionales o teléfonos móviles, periodistas y ciudadanos registraron escenas de golpizas contra personas indefensas, de agentes que arrastraban cadáveres de opositores para arrojarlos a pilas de basura, de otros cuerpos que eran amontonados frente a una popular agencia de viajes. Media hora después, miles de personas –muchas de las cuales se enteraron de lo ocurrido por las redes sociales– se dirigieron a la plaza. Eran muchas más que los paramilitares de la FCS y los efectivos del ejército. Recuperaron el territorio, a pesar de que la policía –y posiblemente también el ejército– utilizó en su contra armas que resultaron mortales: un gas lacrimógeno que afecta el sistema nervioso y provoca asfixia. Cuando los agentes policiacos lanzan ese gas lacrimógeno, las personas pierden la orientación, corren entre nubes de humo blanco sin ver en absoluto, con ojos inundados de lágrimas que arden y con una sensación de pánico y confusión. Los que tienen suerte logran llegar a los brazos de alguien que los ayuda a salir. Otros simplemente se desploman de golpe y es necesario que alguien se arriesgue a rescatarlos. Las víctimas se contaban por decenas cada pocos minutos. Esto obligó a los manifestantes a improvisar un sistema de motos-ambulancia: voluntarios con sus vehículos llevaban heridos de los puntos de enfrentamiento a las “clínicas” de la plaza. El conductor necesitaba la ayuda de una tercera persona para que sostuviera al herido, pues los afectados por el gas perdían el control de su cuerpo: se desvanecían con los ojos abiertos, babeando exánimes. El Ministerio de Salud informó que al menos 20 de las 35 víctimas fatales murieron a causa de ese gas. Además los efectivos de la policía dispararon balas de acero recubiertas de caucho y perdigones de caza, que a corta distancia pueden ser mortales. “Nos llegaron muchos casos de personas con heridas en la frente, en el cuello en los ojos”, explica el doctor Gaber. “Evidentemente, estaban apuntando al rostro. Y también tuvimos muertos por munición real”. Varias personas, como el conocido activista Malke Mostafa y el periodista del diario Al Masry Al Youm Ahmed Abdel Fattah perdieron un ojo. El activista Ahmed Harara perdió el ojo izquierdo en los enfrentamientos del pasado 28 de enero, antes de la caída de Mubarak. El domingo 20 recibió un disparo en el derecho. “Prefiero estar ciego, pero vivir con dignidad y con la cabeza alta”, dijo a las dos de la tarde del lunes 21, de vuelta en la plaza Tahrir. En febrero pasado, el ejército pudo desprenderse de Mubarak –uno de los suyos– y continuar en el poder porque durante el primer alzamiento le achacó el trabajo sucio a la policía. Dijo ser “neutral” y, después, “defensor de la revolución”. Sin embargo, en estos nueve meses aplicó una represión brutal. Algunos ejemplos: en abril soldados sometieron a 17 mujeres jóvenes a exámenes públicos de virginidad en plena plaza Tahrir; el 9 de octubre los militares reprimieron una manifestación de cristianos con saldo de 28 muertos, y hasta octubre pasado 12 mil civiles fueron sometidos a juicios en tribunales militares, según datos de la organización Coalición de la Juventud Revolucionaria. Sin embargo, el miércoles 23, el CSFA volvió a lavarse las manos. En un comunicado afirmó que los “rumores” de que las fuerzas armadas habían usado gases lacrimógenos contra los manifestantes eran falsos y estaban destinados a calumniarlas. ¿Quién tenía entonces la responsabilidad por las inmensas nubes letales que se habían levantado sobre los egipcios? La policía quedó expuesta como solitaria culpable. El ejército hizo esto más evidente el mismo miércoles 23, cuando un pelotón de soldados y tres transportes blindados formaron una barrera entre los agentes policiacos y los manifestantes que se encontraban en la calle Mohamed Mahmoud. Fue un intento de consolidar una tregua negociada por académicos musulmanes. Era como si la policía no fuera parte del gobierno que encabeza el CSFA, sino una pandilla de vándalos indisciplinados. Y de hecho, actuó de esa forma: pronto empezó a arrojar granadas de gas y piedras por encima de los cascos militares. Pese a reportes de enfrentamientos en otras ciudades, el jueves 24 fue un día tranquilo en la plaza de Tahrir. La policía se había retirado y los soldados levantaron una pared para proteger el Ministerio del Interior. Los Hermanos Musulmanes y los salafistas –las organizaciones islamistas que esperan ganar más legisladores en las elecciones– enviaron voluntarios a la calle Mohamed Mahmoud para apaciguar los ánimos de los manifestantes. Pero la ciudad era presa de los rumores. Éstos aseguraban que no todo el mundo iba a sentarse a esperar que las elecciones del lunes 28 se realizaran en paz. El conflicto está lejos de ser resuelto: en un pueblo descontento que por décadas fue obligado a decir “sí”, son muchos los que quieren gritar “no”.