Desplazados 1.6 millones de mexicanos por guerra contra el crimen organizado

MÉXICO, D.F. (apro).- Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón desde diciembre de 2006, por lo menos un millón 600 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus estados de origen, sobre todo Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz, informó Fidel López García, académico del Instituto José María Luis Mora y consultor de la ONU.

En conferencia de prensa, en la que anunció el foro “Desplazamiento forzado en México: ¿Una tragedia menor?”, que se realizará el próximo miércoles 30, López García resaltó que, a pesar de que se trata de una secuela de la lucha contra el crimen organizado, “no existe una política pública del Estado para atender la problemática que conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas que se han visto obligadas a dejar sus sitios de origen”.

El académico comentó que, pese a que desde 2002 el relator especial de la ONU para desplazados, Francis Deng, resaltó en su informe que una de las causas del abandono de los lugares de origen de cientos de personas es el narcotráfico, “hasta ahora no existe una instancia pública del Estado para atender la situación”.

El investigador citó datos recientes de la encuestadora Parametría en los que se resalta que 17% de mexicanos que han cambiado su residencia desde 2006 a la fecha lo hicieron por “causas relacionados con la pobreza”, y agregó que la cifra representa el 2% de las personas mayores de 18 años, lo que equivale a un millón 648 mil 387 ciudadanos desplazados.

Para dar una idea del problema en una de las localidades más golpeadas por la guerra contra el narcotráfico, Fidel López recordó –según datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) que 230 mil juarenses abandonaron su ciudad por la violencia; de esa cifra, 80 mil se refugiaron en Estados Unidos, mientras que 150 mil se desplazaron en diferentes entidades federativas; 5 mil familias que pagaban créditos al Infonavit abandonaron sus casas, mientras que la misma UACJ “anunció que este año inició actividades con déficit de maestros y de alumnos”.

Otra entidad afectada por la violencia, es Nuevo León, donde el impacto de la violencia se refleja en la caída del 50% de la matrícula escolar en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

El desplazamiento forzado no ha pasado inadvertido para organizaciones como el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, de Noruega (IDCM, pro sus siglas en inglés), que, alertó el profesor López García, ha contabilizado 120 mil personas desplazadas “como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, lo que ubicó al país entre las más afectadas por dicho fenómeno, incluso por encima de Afganistán”.

En su oportunidad, la maestra Magdalena Ávila Lara, destacó que si bien hay otros factores que mueven a la movilidad de las familias, entre ellas la crisis económica, “lo cierto es que la gente que se ha visto obligada a dejar sus bienes, su forma de vida, sus viviendas y romper sus lazos familiares por miedo a la violencia, a la extorsión y en general al crimen organizado”.

Agregó que “no se sabe dónde están acudiendo a refugiarse, aunque hay entidades como el Distrito Federal con una tradición receptora donde muchos de quienes huyen de la violencia están arribando, sin que de su parte exista una aceptación de que son víctimas de desplazamiento forzado, y por supuesto sin ser atendidos por algún organismo público”.

Marcos Arana, también investigador del Instituto Mora, resaltó que la gravedad del problema estriba en que “la mitad de la población desplazada la comprenden mujeres, niños, ancianos y discapacitados, población de por sí vulnerable que se ha visto revictimizada y agraviada en sus derechos humanos; muchas mujeres, por ejemplo, que han enviudado por la guerra contra el narcotráfico, han sido víctimas de violación sexual, en tanto que los grupos indígenas, son víctimas de discriminación”.

Integrante de la Mesa de Desplazamiento Forzado en México, López García explicó que bajo el auspicio de la ONU académicos y miembros de la sociedad civil mexicana participaron en la elaboración de un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado, en principio, enfocado a las víctimas de este fenómeno en Chiapas, donde se registran 25 mil personas que abandonaron sus lugares de origen desde 1994, cuando se registró el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

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