Los orígenes

En enero del 2001, como parte de una inspección de rutina a las operaciones financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el ejercicio fiscal del año anterior, la auditora Beatriz Flores Tovar, de la Unidad de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, encontró posibles irregularidades en una transferencia de recursos al sindicato.

Se trataba en total de mil 100 millones de pesos, y Flores Tovar informó a su director de área, el contador Armando Velázquez, quien a su vez dio la información al director general de la Unidad de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos.

Hermano del director de Pemex, Muñoz Leos ordenó profundizar en la investigación, pero pronto la información de Pemex dejó de fluir y Flores Tovar fue despedida bajo el argumento de que era “una persona conflictiva”.

Luego de dos meses, Muñoz Leos notó que el caso Pemex no registraba ningún avance. Es más, la auditoría desapareció. Llamó al personal a su mando y le ordenó reactivar el expediente. En mayo concluyó el dictamen, según el cual los convenios que amparaban las transferencias al sindicato no eran legales.

Por acuerdo del comité interno, en el que intervinieron el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Alejandro Torres Palmer, y los responsables de las áreas Jurídica y de Responsabilidades, el asunto se turnó a Responsabilidades.

Mientras tanto la Unidad de Auditoría encontró otra operación presuntamente irregular por 480 millones de pesos. Muñoz Leos ordenó que los dos casos se manejaran por separado.

Sin embargo, la investigación se contaminó a raíz de que el entonces director de Legalidad, Eduardo Romero, politizó el caso al divulgar que tenía evidencias que parte de los recursos de Pemex, finalmente habían ido a parar al PRI.

Desatado el escándalo, el secretario Francisco Barrio cesó a Muñoz Leos y a varios de sus colaboradores, puso policías y cámaras de video en la Unidad de Auditoría Gubernamental y sometió a una inspección a la Unidad de Auditoría. Posteriormente, salió Armando Velázquez, quien pronto encontró acomodo en Servicio Postal Mexicano como gerente de Auditoría.

Concluida desde mayo, la investigación de las operaciones presuntamente irregulares en Pemex llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) en diciembre.

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