MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros que establecen cadena perpetua a quien prive de la vida a su víctima durante el cautiverio. Con 301 votos a favor 12 en contra y cinco abstenciones, los diputados aprobaron los cambios a la llamada ley antisecuestro que en sus artículos 10 y 11 incorpora la cadena perpetua como máxima sanción. De acuerdo con los cambios, en el caso de que el o los victimarios ejerzan actos de tortura o violencia sexual en contra de sus víctimas, se les impondrá una pena de 35 años a cadena perpetua, y una multa económica de entre seis mil y nueve mil días de salario mínimo. La misma pena podría aplicarse si la víctima llegara a fallecer durante o después de su secuestro, ya sea por alguna alteración de su salud ocasionada por la privación ilegal de su libertad o por enfermedad previa que no haya sido atendida adecuadamente por los autores o partícipes del delito. Además se prevé una pena de 40 años hasta cadena perpetua y una multa de 10 mil a 12 mil días de multa contra los autores o partícipes del secuestro en el que priven de la vida a las víctimas. La diputada perredista Enoé Uranga afirmó que la aprobación de las reformas tiene más un fin político, relacionado con una promesa de campaña del Partido Verde Ecologista (PVEM), que con un combate al flagelo del secuestro. Los cambios, dijo, cumplirán los ofrecimientos del PVEM a un sector que está de acuerdo con la pena de muerte a secuestradores. Acusó a ese partido de pretender únicamente cumplir una oferta de campaña sin importar que se violen preceptos internacionales sobre derechos humanos. En el mismo sentido se pronunciaron los diputados del PT Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas y Enrique Ibarra, quienes sostuvieron que la reforma privilegia el odio y la venganza, e ignora los preceptos de rehabilitación social.