“Privatización silenciosa” de la industria eléctrica

Mientras el gobierno y los legisladores se encuentran atorados en la discusión de una cada vez más lejana reforma eléctrica formal, más de una veintena de empresas extranjeras aprovechan modificaciones legales que datan de principios de los noventa para emprender proyectos multimillonarios en lo que muchos denominan la “privatización silenciosa” de la industria eléctrica.

Con sigilo y con amplias ventajas a su favor, un reducido grupo de poderosos consorcios internacionales aprovecha las reformas legales que desde hace diez años permiten su participación en la generación de energía eléctrica y encabezan proyectos multimillonarios que, en el corto plazo, les permitirán generar más del 30% de la electricidad del país.

En Monterrey, por ejemplo, dos proyectos de autoabastecimiento generan el 42% de la electricidad que se consume anualmente en esa ciudad, principalmente para satisfacer la demanda de 87 industrias.

General Electric, Bechtel, Westinghouse, Applied Energy Services, Transalta, Mitsubishi, Hyundai, Electricité de France, Iberdrola, Unión Fenosa, Alstom, Siemens y Techint, son algunas de las firmas que han iniciado lo que los opositores a esta política califican como la “privatización silenciosa”.

Mientras el gobierno y los legisladores discuten la conveniencia de permitir una mayor apertura en el sector eléctrico, 27 empresas de once nacionalidades –españolas, estadunidenses, canadienses, japonesas, francesas, suizas, alemanas, italianas, coreanas, belgas y colombianas– ya trabajan en México.

Fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el que modificó la ley para permitir el ingreso de la iniciativa privada en la producción de energía eléctrica para autoconsumo de las empresas. Ernesto Zedillo arrancó varios proyectos y Vicente Fox los ha consolidado: durante su gobierno, la iniciativa privada ha invertido 35 mil millones de dólares.

Desde que se promulgó la reforma legal, en diciembre de 1992, hasta diciembre del 2001, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) había autorizado 185 proyectos: para autoconsumo, 122; cogeneración, 35, producción independiente, 15; ocho para importación y cinco para exportación, con una inversión de 9 mil 668 mil millones de dólares, para generar 17 mil 694 megawatts, según un estudio del Grupo de Trabajo de Energía de América del Norte, que forman autoridades de México, Estados Unidos y Canadá.

Según el diputado panista Noe Navarrete, esas empresas trasnacionales cuentan con el aval de que sus inversiones están garantizadas a largo plazo, mediante convenios “leoninos”.

Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Navarrete explica que existe una cláusula que las libera de toda responsabilidad en caso de surgir algún obstáculo que afecte al proyecto, y obliga al gobierno mexicano –mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la mayoría de los casos—a asumir los riesgos, inclusive a  asumir la deuda financiera de los proyectos. Además, les garantiza que comprará la energía sobrante que produzcan.

Dice que la inversión que avala el gobierno mexicano asciende a 97 mil 354 millones de pesos, mediante el mecanismo de Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido al Registro del Gasto (Pidiregas), ya sea mediante la modalidad CAT (construir-arrendar-transferir) –que consiste en que el particular construye la planta, el gobierno paga una especie de renta y luego de un tiempo se transfiere al Estado, o el sistema de Productores Independientes de Energía (PIE): el gobierno garantiza la compra de la energía y también un pago extra por la capacidad instalada.

El gobierno ha informado que actualmente el país cuenta con una capacidad instalada de 42 mil megawatts y que para atender el crecimiento de la demanda se requieren instalar 15 mil más en los próximos 10 años, lo que exigiría inversiones de alrededor de 6 mil millones de dólares anuales, es decir, 60 mil millones de dólares en los próximos 10 años.

Hasta julio del 2001, explica Navarrete, iniciaron operaciones proyectos que suman 3 mil 381 megawatts; en el 2002 entraron mil 030–con las plantas de Monterrey III y Altamira II–; en 2003 entrarán en operación mil 185 megawatts, y en 2004 serán 62, con los proyectos de Campeche, Rosarito X y XI, Chicoasén II etapa y Los Azufres.

Apertura restringida

“América del Norte-Perfil Energético” es el estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Energía de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) en junio del 2002, después de la una reunión que a principios del 2001 tuvieron los presidentes de los tres países, en la que concluyeron que el tema de la energía merecía atención regional y cooperación mutua.

Según el estudio, México ofrece un amplio rango de oportunidades de cooperación y de inversión, entre otros “para instalar plantas de electricidad de nueva generación, cogeneración y autosuministro, nuevos mecanismos de participación privada en la exploración y producción de gas natural no asociado, interconexiones fronterizas de gas natural y de electricidad para facilitar el desarrollo del mercado de energía de América del Norte y nueva infraestructura de energía relacionada con el proyecto Puebla-Panamá, que incluye al sureste de México y todo Centroamérica”.

Se explica que las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 10 de diciembre de 1992, consisten en la reglamentación del suministro al público de la energía eléctrica y de otras actividades que no se consideren servicios públicos, y se permite a inversionistas privados llevar a cabo actividades de autosuministro, cogeneración, producción independiente, producción de bajo nivel, importación y exportación de electricidad.

Pero se considera que son reformas insuficientes: “…crearon espacios limitados a la participación privada de origen tanto nacional como extranjera en el sector eléctrico”.

Ramón Pacheco, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) considera que con esas reformas “el gobierno abrió la puerta para que entraran los grandes tiburones internacionales”. Advierte que los procesos de privatización en otros países no han sido exitosos, como en Inglaterra, donde “la empresa que maneja el 25% de la energía de ese país, está en bancarrota y en proceso volver al Estado”.

Informa que “en menos de 10 años, la participación de las trasnacionales representan el 18.4% de la generación de México, pero con los proyectos autorizados y en proceso se llegará al 31.96% en el corto plazo”.

La mejor opción

“El caso de México ha sido reconocido internacionalmente como exitoso, a diferencia de los casos de Chile o Argentina”, sentencia Eugenio Laris Alanís, director de proyectos de inversión financiada de la CFE.

Explica que el crecimiento en el consumo de energía eléctrica en los últimos 15 años ha sido superior al 5% en promedio y “al abrir el Congreso la posibilidad de que las obras de infraestructura las financie el sector privado, permite a la CFE generar inversiones propias más pequeñas, por ejemplo, como sucede con la planta del Valle de México, que de ser de turbo-vapor ahora es de ciclo combinado”.

El 25 de abril último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que empresas privadas participen en la generación de energía eléctrica, sector reservado en exclusiva al Estado por la Constitución y exhortó a los legisladores a revisar la reforma de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Laris comenta que los proyectos surgidos de esa reforma no sólo “son legales, sino congruentes” con las necesidades del país, además de que los “hechos que generan derechos”.

Aunque a favor de la apertura en el sector eléctrico, el diputado Navarrete aclara que el fallo de la Corte advierte de que la ley “no puede estar por encima de la Constitución”, y agrega que “no todo lo que producen esas firmas es para autoconsumo, mucho de ello se va al consumo público, lo que prohibe la Constitución”.

Pero aclara: “Creo que es un problema de hecho, esas plantas ya están ahí, generando una gran cantidad de la energía del país, entonces el presidente  Fox solo las quiere meter a un esquema de legalidad. Ni quiere vender, ni quiere privatizar, quiere meter a la ley estos proyectos”.

El diputado de Convergencia Democrática en la Asamblea Legislativa del DF, Cuauhtémoc Velasco dice que algunos de esos proyectos de inversión fallaron “porque se los comió la corrupción gubernamental y de los consorcios involucrados”.

Pone como ejemplo lo sucedido en la planta Samalayuca II, a 50 kilómetros de Ciudad Juárez –primer proyecto licitado con participación privada–, que tuvo un costo de 660 millones de dólares para una capacidad de generación de 700 megawatts, mediante el esquema CAT. Sin embargo, el pago subió a 701.2 millones de dólares, porque la CFE adjudicó la obra tres años después del fallo y su operación se inició hasta agosto de 1998.

Los proyectos

Gustavo Castro Soto, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), en diversos estudios publicados en su página de Internet, asegura que Estados Unidos es el país con más empresas eléctricas en México, con ocho, seguido por España, con cinco. Alstom de Francia y Mitsubishi de Japón han ganado cuatro licitaciones, cada una, el mayor número obtenido por una empresa, seguidos por Siemens de Alemania, EDF de Francia y Westinghouse de EU, con tres proyectos cada una.

“Hasta el 2001, Electricité de France tenía invertidos mil millones de dólares, equivalentes a lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al gobierno de Vicente Fox para el presente año con el fin de ampliar el programa de combate a la pobreza en México bajo el programa “Oportunidades” (antes Progresa). A los franceses se les concesionó en febrero pasado el proyecto Río Bravo IV, bajo la modalidad de productor Independiente de Energía (PIE), que entrará en operaciones en 2005 y la tendrán bajo su control durante los siguientes 25 años.”

Castro Soto dice que Unión Fenosa “empresa española que más beneficios recibió del régimen dictatorial de Francisco Franco”, es señalada como la primera empresa extranjera generadora de energía eléctrica en México (…). Hace un año contaba con mil millones de dólares invertidos con la intención de pasar de mil megawatts a 4 mil megawatts de energía producidos (…). De todo su capital invertido en América Latina, en México se concentra el 50%, ya que también tienen inversiones en el sector aeroportuario con la concesión de 12 aeropuertos en el Pacífico mexicano y en 1997 diseñó la privatización de la Compañía de Luz y Fuerza”.

La otra empresa española, Iberdrola informó el 16 de agosto, cuando Fox inauguró su central de ciclo combinado en Monterrey, que su plan estratégico contempla inversiones por 2 mil 600 millones de euros para producir 5 mil megawatts en México. Actualmente sus proyectos están en Altamira III, Monterrey II, red Asociada a Altamira II, III y IV, que suman 2 mil 700 megawatts con una inversión de mil 500 millones de euros.

Según Castro Soto la canadiense Transalta Energy Corporation ganó en febrero del 2000 la construcción de la planta en Campeche. En marzo del 2001 ganó el concurso para la planta Chihuahua III, bajo la modalidad de productor independiente, con una inversión de 408 millones de dólares. Las plantas que construye generarán 511.4 megawatts, con un contrato a 25 años con la CFE.

La japonesa Mitsubishi ganó la licitación de la planta Tuxpan II, que tendrá parte del control del abastecimiento de la región centro-norte de Veracruz. Japón tiene una participación condicionada a través del Banco Japonés de Cooperación Internacional, que en julio otorgó una décima línea de crédito por 157 millones de dólares para la CFE, que servirá para que compre bienes y servicios de procedencia japonesa.

En el caso de Monterrey, se autorizaron dos proyectos de autoabastecimiento, uno para Ibedrola que abastecerá a 44 empresas locales –con posibilidad de ampliarse a 109—con 619 megawatts, y a Enron Energía Industrial de México, para suministrar energía a 43 empresas, con capacidad de 284 megawatts.

Sobre Enron explica que desde 1999 construía una planta termoeléctrica de 245 megawatts en el municipio de Villa de García, Nuevo León, con una inversión de 180 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que operaría desde enero del 2002.    Sin embargo, luego de la quiebra de Enron, la belga Tractebel adquirió el 80% de las acciones y la planta operará a fines de este año.

Otra empresa que proyecta inversiones en Monterrey es El Paso Energy, para instalar tres plantas generadoras para consumo propio. La empresa suiza ABB inició en junio del 2000 la construcción de una planta generadora de energía totalmente privada, para abastecer de energía a Cementos Mexicanos (Cemex) y Peñoles, en San Luis Potosí.

El SME considera que con los dos permisos de autoabastecimiento en Monterrey, la CFE dejó de percibir los mil 100 millones de pesos que anualmente pagaban las 87 empresas beneficiadas.

 “El calentador de Estados Unidos”

Preocupado por el vertiginoso crecimiento de la industria eléctrica en manos extranjeras en Baja California, el diputado Jaime Martínez Veloz advierte que se trata de “la entrega silenciosa de la soberanía nacional ante los intereses energéticos de Estados Unidos. Baja California parece ser la cabeza de playa donde la política energética mexicana se subordina a las necesidades de Estados Unidos”.

Desde su creación hace pocos años, dice, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado, en todo México, sólo cinco permisos de exportación de electricidad, todos correspondientes a plantas instaladas en Baja California, varias de las cuales funcionan con gas procedentes de Estados Unidos.

En marzo del 2000, la CRE otorgó a Energía de Mexicali, filial de American Electric Power Co., el primer permiso para exportar electricidad. La termoeléctrica será concluida en diciembre próximo, con una capacidad de 257.60 megawatts, que se proporcionarán al sur de California, Estados Unidos, mediante Integral Energy Services.

El 20 de diciembre del 2000, la CRE otorgó otro permiso a Energía Azteca X, en Rosarito, que destinará 298.6 megawatts a California; el 9 de agosto de 2001, autorizó que Termoeléctrica de Mexicali exporte también a Estados Unidos. Otros permisos similares fueron otorgados a Energía de Baja California y AES Rosarito.

El martes 17 de septiembre, el New York Times publicó un reportaje, en el que advierte de que empresas de Estados Unidos construyen sus plantas generadoras de electricidad en México, pues producirán contaminantes por toneladas, lo que constituye un “imperialismo ambiental”.

Martínez Veloz informa que entre Tijuana y Ensenada se construyen plantas regasificadoras, propiedad de poderosas empresas como Shell y El Paso Energy, que servirán de depósito de reserva para California de gas natural traído de Sudamérica y Asia.

“A ello habría que agregar la aprobación para la instalación de otro gasoducto en Baja California, estado que se está convirtiendo en la maquiladora de electricidad para Estados Unidos.”

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