La tentación de Washington

Julia E. Sweig

Después del 11 de septiembre, Estados Unidos parece tentado a resolver el conflicto colombiano bajo el prisma de la guerra contra el terrorismo. Esta solución militar –que no ataca los problemas estructurales de Colombia—es objeto de un acucioso análisis de Julia E. Sweig, directora asociada de Estudios Latinoamericanos del Council on Foreign Relations. Su análisis aparecerá en la edición otoño-invierno de la revista Foreign Affairs en Español, que empezará a circular esta semana. Con su autorización, Proceso reproduce algunos fragmentos sustanciales.

En 1958, Estados Unidos envió un equipo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para evaluar la situación de Colombia, donde, durante más de 10 años, una guerra de baja intensidad, conocida como “La Violencia”, había producido más de 200 mil muertes.

Los agentes de la CIA concluyeron que el país, por su inclinación a la violencia, la falta de autoridad del Estado en las zonas rurales, la desigual distribución de la tierra y la ilegalidad y pobreza generalizadas, corría el riesgo de sufrir un “genocidio” o hundirse en el “caos”. Aunque ponía en duda que la élite local aceptara realizar reformas importantes, el equipo de la CIA recomendó al entonces secretario de Estado Christian Herter y al nuevo presidente colombiano, Alberto Lleras, un amplio paquete de asistencia para la reconstrucción de la nación: Washington ayudaría a Bogotá a fortalecer su sistema judicial, a poner en marcha una importante reforma agraria y a eliminar a las guerrillas rurales, que en aquella época tenían entre mil 200 y 2 mil miembros.

Sin embargo, sólo se prestó atención a las recomendaciones relacionadas con la seguridad. En realidad, el conflicto nunca terminó, y debido a la misma enorme desigualdad y a la mentalidad de violencia que ya existían 50 años atrás, una guerra de gran escala por las drogas y el petróleo está pasando de la chispa a la explosión.

Actualmente, Washington y Bogotá encaran una opción fatídica: guerra sucia o guerra menos sucia. Pero Estados Unidos no debe repetir los errores del pasado, limitando una vez más sus acciones a la esfera militar. La dirección que tomen estos dos países tendrá consecuencias de gran envergadura para la propia Colombia, la región andina y Estados Unidos.

“Seguridad democrática”

Con gran impulso, el presidente Uribe entró en funciones con una plataforma de línea dura y prometió a los colombianos “seguridad democrática”, lo que en realidad significaba que daría una batalla sin cuartel a los dos grupos guerrilleros izquierdistas y quizás también a las fuerzas paramilitares de derecha.

Detener a los rebeldes no será tarea fácil. El nuevo presidente de Colombia tiene frente a sí a tres adversarios principales: un grupo insurgente de 18 mil efectivos, financiado por el narcotráfico (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc); un grupo que coordina 12 mil hombres de diversas fuerzas paramilitares, financiado también con dinero del narcotráfico (las Autodefensas Unidas de Colombia, auc), y un debilitado grupo insurgente de izquierda, que aún cuenta con entre 3 mil 500 y 5 mil guerrilleros (el Ejército de Liberación Nacional, eln).

Los tres grupos figuran en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. No obstante, sería un error estimar que el conflicto de Colombia es meramente un problema de terrorismo o de narcotráfico. Tampoco debería considerársele como un caso de clásica insurgencia marxista o de contrainsurgencia. Más bien, se trata de una mezcla de todos estos elementos. Las FARC, las AUC y el ELN luchan no sólo contra el Estado colombiano, sino también entre sí y contra la sociedad civil. En cierto sentido, los tres grupos son bandas criminales: las FARC y las AUC tienen su sustento primordial en las industrias de la hoja de coca y de la amapola y, en segundo lugar, en el secuestro, la extorsión y los asesinatos por encargo; el ELN se especializa en el secuestro y muchas veces también pone su mira en el otro gran recurso colombiano: el petróleo.

Entre las drogas, los grupos paramilitares, los guerrilleros y un Estado que sucumbe, la situación de Colombia sigue deteriorándose. Sin embargo, dar un tratamiento puramente militar a la crisis no resolverá los muy arraigados problemas estructurales del país, como no lo hizo en ocasiones anteriores…

Para Washington , la opción militar representaría un costosísimo error, como lo fue  considerar, durante la Guerra Fría, todos los conflictos sociales en América Latina desde la óptica del anticomunismo.

Camino a la perdición

Si Estados Unidos realmente quiere reducir las enormes cantidades de droga que le llegan de Colombia y de los Andes, sostienen los detractores, una manera mucho más segura y efectiva sería combinar la reducción de la demanda y la despenalización en su propio país con el desarrollo alternativo y sostenible en Colombia.

Pero este enfoque era mucho menos atractivo en términos políticos. Y así surgió un consenso en Washington según el cual ni el desarrollo alternativo ni la reforma política, económica o judicial serán posibles en Colombia hasta que el Estado no ofrezca seguridad permanente en todo un territorio, cuyo tamaño es tres veces el del estado de California. Sin embargo, hacerlo exigirá una enorme campaña de contrainsurgencia, aun bajo el disfraz de campaña antiterrorista.

Este cambio de parecer en Washington se explica por algo más que los acontecimientos del 11 de septiembre o la reacción a la película Traffic. El proceso de paz de Pastrana se manifestó como un mecanismo ineficaz que permitió que tanto las FARC como el gobierno se prepararan para la guerra. Pastrana usó el proceso de paz para ganarse el apoyo internacional, reforzar las fuerzas armadas y convencer a Estados Unidos de respaldar el Plan Colombia. Las FARC utilizaron la zona de despeje para alistarse para la contienda urbana mientras ganaban legitimidad y reconocimiento diplomático como fuerza insurgente. Mientras tanto, excluidos de las negociaciones, los paramilitares (sin enfrentar ninguna amenaza seria del ejército, disfrutando del apoyo de la comunidad empresarial y nutriéndose del dinero de la droga y el odio popular a los rebeldes) triplicaron sus dimensiones y su influencia durante ese período.

Pero, sean cuales fueren las restricciones relacionadas con los derechos humanos que el Congreso imponga a la ayuda militar estadounidense a Colombia, la realidad es que en los próximos años la guerra no hará más que intensificarse…

Reconstruir el Estado

Después del 11 de septiembre, el gobierno de Bush pidió al Congreso que eliminara la barrera erigida por el Plan Colombia que limita exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico la ayuda estadunidense en materia de inteligencia, entrenamiento y equipos.  Si el Congreso acepta esta petición, Bogotá tendrá luz verde para utilizar toda la ayuda actual y futura en operaciones de contrainsurgencia y antiterrorismo.

El Congreso está considerando entregar un nuevo paquete de asistencia, que abarca la Iniciativa Regional Andina, de carácter más amplio, que incluye 439 millones de dólares para Colombia, igualando los fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico con los de asistencia social y desarrollo; una subvención de 35 millones de dólares para apoyar un programa policiaco contra los secuestros, y un paquete de 98 millones de dólares para entrenar a una brigada que protegería el Oleoducto Colombiano Occidental, en el departamento de Arauca, donde los grupos paramilitares operan hoy abiertamente con la tácita aprobación del Ejército.

Esta última medida llevaría a las tropas colombianas a la confrontación directa con las AUC y el ELN.

También representaría un cambio significativo con respecto a la actual práctica estadunidense, que es ofrecer ayuda sólo para operaciones contra el narcotráfico. Dado que el Plan Colombia limita a 800 individuos el personal militar y civil sobre el terreno, la cobertura podría no bastar para los nuevos programas.

Colombia ya es el tercer mayor receptor de ayuda estadunidense, después de Israel y Egipto. Aun así, establecer la presencia del Estado en las zonas dominadas por los grupos ilegales exigirá muchos más recursos de los que Estados Unidos puede o debería otorgar. Los especialistas en contrainsurgencia arguyen que, para eliminar o debilitar significativamente a los grupos rebeldes, el gobierno debería disponer de 10 soldados por cada guerrillero. En Colombia, significaría 350 mil efectivos. Sin embargo, hasta hoy, aunque las fuerzas armadas colombianas ascienden a 117 mil hombres, sólo 52 mil son profesionales (el resto son reclutas). Así mismo, sólo 35 mil pueden colocarse sobre el terreno para el combate directo; la mayoría se dedica a proteger objetivos fijos.

Por lo tanto, ¿qué puede esperar Estados Unidos si invierte en ayudar a Colombia a erigir un Estado donde éste apenas existe?

En el gobierno de Bush existe el criterio generalizado de que es mucho más fácil exportar ayuda material que reinventar un país entero o promover un compromiso por el bien común. Los funcionarios estadunidenses siguen bajo fuerte presión para articular sus propios objetivos de seguridad en Colombia, aun habiéndose reconocido que, como no es posible ninguna solución militar moral o políticamente aceptable, lo mejor que pueden hacer es ayudar a equilibrar la situación militar hasta que se vuelva, a la larga, a las negociaciones.

Sin embargo, el defecto de este análisis es que supone que las FARC, a la manera de los rebeldes de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln) de El Salvador, se desmovilizarán en algún momento y participarán en la política democrática. Estados Unidos dedicó 10 años de esfuerzos y varios miles de millones de dólares a El Salvador y nunca estuvo siquiera cerca de derrotar al fmln. Colombia es 53 veces más grande que El Salvador, y las farc, el eln y los grupos paramilitares están integrados por curtidos combatientes. Más aún, las farc han tenido una experiencia muy diferente de la del fmln: más de 3 mil miembros de las FARC fueron asesinados por escuadrones de la muerte del gobierno durante un esfuerzo de pacificación en los años ochenta, y su ideología se ha diluido con los ingresos de la droga. Por lo tanto, de los tres principales grupos insurgentes de Colombia, las FARC serán probablemente los últimos en deponer las armas, si es que lo hacen.

Defender y reconstruir el Estado colombiano y llevar al país de nuevo a un proceso de negociación viable requerirá un compromiso de al menos unos 10 años de fuerte presión diplomática y armas, traslados aéreos de militares, inteligencia, asesores y asistencia humanitaria, todo ello para el desarrollo en gran escala. Sin embargo, Washington no debe asumir el compromiso si no se satisfacen dos condiciones fundamentales. Primero, para conceder la ayuda debe fijar criterios claros que establezcan que Uribe y sus sucesores corten todos sus vínculos políticos, económicos y de seguridad con las fuerzas paramilitares. Además, Bogotá debe castigar a los paramilitares y a los políticos, empresarios y oficiales del ejército que colaboren con ellos. Debilitar y finalmente desmovilizar a las AUC rendirá beneficios inmediatos en términos de derechos humanos y ayudará a terminar con la amenaza al Estado. También mejorará mucho la capacidad del gobierno estadunidense de obtener la segunda condición fundamental para sostener cualquier clase de participación positiva y de largo plazo en Colombia: un amplio respaldo regional e internacional.

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