LONDRES (apro).- Unos 120 civiles iraquíes ganaron una histórica batalla judicial en la Corte de Apelaciones de Londres para que el gobierno de Gran Bretaña, que encabeza David Cameron, lance una nueva pesquisa pública por torturas de soldados británicos perpetradas en Irak, una medida que abrirá paso a posibles demandas de cientos de víctimas de abusos y tratos inhumanos cometidos por las tropas en suelo iraquí. Las acusaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas británicas e interrogadores de otras nacionalidades en Irak incluyen casos de torturas, maltratos degradantes, abusos y violencia física. El grupo de 128 iraquíes apeló contra una decisión del Alto Tribunal de Londres que había apoyado el rechazo del gobierno británico a ordenar una investigación inmediata y amplia sobre abusos sistemáticos por parte de las tropas. Las autoridades se niegan a lanzar una pesquisa por abusos sistemáticos dentro de las Fuerzas Armadas británicas, ya que creen que se trata de “casos específicos” dentro del Ejército. Los demandantes denunciaron malos tratos ocurridos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008 posteriores a la invasión de Irak, todos ellos cometidos en centros de detención que estaban en ese momento bajo control británico. El Alto Tribunal de Londres había dictaminado en diciembre pasado que la pesquisa pedida por los iraquíes civiles era innecesaria, debido a que consideraba que el Equipo de Denuncias Históricas en Irak (IHAT, en sus siglas en inglés), creado por el gobierno de Cameron, era suficiente para investigar denuncias de abusos. Sin embargo, el pasado 22 de noviembre tres jueces de la Corte de Apelaciones, el lord Maurice Kay, el lord Jeremy Sullivan y el lord Christopher Pitchford, indicaron que el IHAT "carece de independencia" y ordenaron al Ministerio de Defensa que reconsidere su decisión. También dictaminaron que otras pesquisas sobre el tema no cubrieron las necesidades del Artículo 3 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que protege a las personas contra tratos inhumanos y degradantes. El dictamen fue considerado por los expertos legales como una victoria dramática para Ali Zaki Mousa, de Basora (sur de Irak), el denunciante principal de la causa, quien alega que debió soportar meses de golpizas y otras vejaciones físicas cuando estaba bajo custodia militar británica entre 2006 y 2007. En agosto pasado, el juez británico William Gage, encargado de investigar durante dos años la muerte del recepcionista de un hotel iraquí Baha Mousa, denunció la "pérdida de disciplina y falta de coraje moral" de las tropas británicas. Gage indicó que Mousa fue asesinado de manera "violenta y cobarde" por soldados británicos desplegados en Basora en 2003, después de 36 horas de interrogatorio. El informe incluyó acusaciones muy duras contra militares y oficiales y dejó en claro que las tropas desconocían las normas internacionales sobre el tratamiento a detenidos en conflictos. En enero de 2004, el Ministerio de Defensa británico pagó una compensación económica a la familia de Mousa, pero en julio de ese mismo año, los padres decidieron llevar el caso a los tribunales. Hasta julio de 2009 no comenzó la investigación pública, que concluyó con el informe presentado por Gage. En octubre de 2010, el periódico inglés The Guardian denunció que los militares británicos en Irak contaban con manuales de tortura muy detallados que incluían prácticas prohibidas por la Convención de Génova de 1972. En su sentencia del pasado 22 de noviembre, el lord Kay, que además es vicepresidente de la división civil de la Corte de Apelaciones, indicó que bajo las premisas del IHAT, miembros de la Unidad Provost del Ejército británico, que incluye a la Real Policía Militar, estaba investigando denuncias “que necesariamente incluyen la posibilidad de actos culpables u omisiones de parte de miembros de la Unidad Provost”. El juez lord de apelaciones consideró que este no es un caso “marginal o único”. “Por el contrario, consideramos que la independencia práctica del IHAT es, al menos en cuanto a una percepción razonable, substancialmente limitada”, indicó el magistrado. El juez dijo además que es “totalmente posible” que la pesquisa por Baha Mousa no cumpla con las obligaciones legales del gobierno bajo el Artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos para investigar denuncias hechas por civiles iraquíes. También dictaminó que el Alto Tribunal “se equivocó” al dar “peso real” al hecho de que una nueva pesquisa “tendría implicaciones serias en materia de recursos económicos” y en adoptar una postura de “ver y esperar”. “Dependerá ahora del Ministro de Defensa reconsiderar si debe cumplir o no con las obligaciones en el Artículo 3”, agregó. Tras el anuncio, un vocero de Defensa británico dijo a través de un comunicado que el gobierno examinará la sentencia "muy cuidadosamente". "Hay que tener en cuenta que la Corte de Apelaciones no ordenó una investigación pública, sino que pidió al Ministro de Defensa que reconsidere cómo cumplir con las obligaciones por la investigación", según la nota. "Examinaremos el dictamen muy cuidadosamente y consideraremos los próximos pasos a tomar", agregó. El ministro de Defensa británico, Philip Hammond, tiene hasta los primeros días de diciembre para decidir si desafía legalmente la decisión de la Corte de Apelaciones en la Corte Suprema, la máxima autoridad judicial del país, o acepta lanzar la pesquisa como se lo pidieron los jueces lores. La decisión inicial de rechazar abrir una investigación fue tomada por su predecesor, el doctor Liam Fox, quien renunció a su cargo el mes pasado envuelto en un escándalo por favoritismos a un amigo. Por su parte, el abogado que representa el caso de los civiles iraquíes, Phil Shiner, del grupo de juristas Public Interest Lawyers (PIL), acusó al Ministerio de Defensa británico de “desplegar todo tipo de trucos posibles para evitar ser investigado por los cientos de casos de torturas y muertes ilegales de civiles iraquíes”. “La corte ha hallado que la independencia práctica del IHAT estaba substancialmente comprometida. Debe abrirse ahora una pesquisa judicial por las políticas de detención británicas en el sudeste de Irak. Esto es algo que hemos pedido desde 2004”, agregó. “El Ministerio de Defensa está haciendo todo lo posible para negarse a abrir la causa, pero ahora no tiene más lugares donde esconderse”, concluyó. El 22 de octubre de 2010 la página WikiLeaks del australiano Julian Assange denunció en su Irak War Logs (Registros de la Guerra de Irak), sitio que incluía 391.832 documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la guerra de Irak y su ocupación entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, que hubo uso sistemático de torturas y dio como cifra de muertos confirmados en Irak 109.032, de los que 66 mil 081 fueron civiles, el 63%; 23 mil 984 “enemigos etiquetados como insurgentes”; 15 mil 196 del "país anfitrión" (las fuerzas del gobierno iraquí) y 3 mil 771 fueron muertos "amigos" (fuerzas de la coalición). Siempre según ese sitio, en promedio cada día durante un período de seis años murieron 31 civiles.