MÉXICO, D.F. (apro).- Los centros Agustín Pro Juárez (Prodh) y para el Derecho y Justicia Internacional (Cejil) acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de obstaculizar las investigaciones para dar con los responsables de los actos de tortura contra los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Montiel y Cabrera, fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), fueron detenidos en mayo de 1999 por efectivos del Ejército Mexicano en la comunidad de Pizotla, del municipio de Coyuca de Catalán, y sometidos a torturas para que se declararan responsables de delitos contra la salud y portación ilegal de armas. Ante la presión internacional, ambos ambientalistas fueron liberados por el gobierno panista de Vicente Fox, pero sin que se admitiera su inocencia. Luego fueron obligados a huir de sus comunidades tras ser amenazados de muerte, en tanto que en 2002 iniciaron una demanda contra el Estado mexicano en el sistema interamericano, que culminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a su favor en diciembre de 2010. Además de ordenar el resarcimiento del daño moral y económico causado a Montiel y Cabrera, la CoIDH ordenó investigar las denuncias por tortura argumentadas por los campesinos de Guerrero. En un comunicado, las organizaciones que representan legalmente a los ambientalistas resaltaron que las indagatorias son realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en apego a la sentencia a favor de Montiel y Cabrera, emitida en diciembre del año pasado, pero que la Sedena “ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria”. Luego de señalar que en julio de este año la PGR inició la averiguación previa 173/UEIDLAPE/12/2011, abierta por la Unidad Especializada de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, las ONG revelaron que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) no ha respondido a los requerimientos de las autoridades civiles, que le han “solicitado infructuosamente las investigaciones que en su momento realizó” sobre los hechos de tortura. Para las ONG la falta de colaboración de la Sedena sólo puede ser interpretada como “un desdén por los derechos humanos y una falta de apertura ante las condenas internacionales”. Frente a la omisión de la Sedena, advirtieron, Montiel y Cabrera han mostrado total disposición de colaborar con la PGR. El primero entregó su testimonio por escrito y el segundo ratificó su declaración personalmente ante la dependencia federal, además de que están dispuestos a ser sometidos al Protocolo de Estambul para confirmar que fueron torturados y que conservan lesiones físicas y psicológicas por esos hechos, de los que se responsabiliza a militares mexicanos. Sin embargo, ante la negativa de la Sedena de entregar los expedientes abiertos por las denuncias de tortura formuladas por Cabrera y Montiel desde 1999, los peritos se han visto impedidos a realizar su trabajo. El Centro Prodh y el Cejil explicaron que recientemente fue cancelada la sesión en la que se realizarían los exámenes del Protocolo de Estambul a Teodoro Cabrera, quien hizo un gran esfuerzo por desplazarse del lugar donde se encuentra refugiado al de la cita de la PGR. “El perito médico consideró que si no contaba con los certificados médicos previos, incluidos los de la Sedena, no debía realizar ese protocolo pericial médico-psicológico”, revelaron las organizaciones sociales. Ante esa situación, aclararon, “la PGR ha girado diversos oficios requiriendo la información solicitada sin que hasta la fecha haya respuesta. Si la Sedena no entrega la información requerida, la PGR debe avanzar en las investigaciones con los elementos con los que cuenta y los ofrecidos por las víctimas y sus representantes, incluyendo diversas declaraciones, la sentencia de la propia CoIDH, exámenes médicos independientes y otros”. Esos elementos, señalaron, son suficientes para llevar a cabo la investigación, aunque consideraron “inadmisible que la misma se congele por la falta de colaboración de la institución castrense”. Es por ello que las ONG exigieron a la PGR una “investigación diligente, tomando en cuenta todas las líneas de investigación”, en tanto que a la Sedena demandaron que “entregue las investigaciones que obran en su poder como muestra de su compromiso en materia de derechos humanos”.