MÉXICO, D.F. (apro).- Preocupado por las recientes agresiones a activistas sociales, como Nepumuceno Moreno y Norma Ledezma, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, exhortó al gobierno de Felipe Calderón a poner en operación el mecanismo de protección para defensores, anunciado en julio pasado. El funcionario refirió que dicho mecanismo está vigente, pero ha sido inoperante. El 28 de noviembre fue asesinado Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia; y el pasado viernes 2, fue atacada a balazos la señora Norma Ledezma, dirigente de la organización Nuestras hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua. El 14 de octubre, Moreno increpó al presidente Felipe Calderón en la última reunión que el presidente sostuvo con el Movimiento para informar sobre la nula actuación de los órganos del Estado para localizar a su hijo Jorge Mario Moreno, desaparecido desde julio de 2010 en Hermosillo, Sonora. Ledezma, es madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven desaparecida y víctima de feminicidio en 2001; desde que ocurrió dicha tragedia ha tenido un papel protagónico en la defensa de los derechos de las mujeres y en la búsqueda de las desaparecidas en esa ciudad fronteriza. Desde 2008, Ledezma junto con su hija, María Luisa García Andrade y su compañera Marisela Ortiz, son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la serie de amenazas que han sufrido por su labor. En un comunicado difundido este lunes, la OACNUDH retomó estos antecedentes y recordó que hasta ahora el gobierno de Calderón a incumplido su compromiso de aplicar los protocolos de protección a los defensores, compromiso que signó ante la Alta Comisionada, Navy Pillay, en su reciente visita a México. Hernández Valencia recordó que “desde julio del presente año que el presidente expidió el acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos no contamos con avances para su implementación eficaz”. Resaltó que “toda dilación continúa aumentando los riesgos que cotidianamente enfrentan las víctimas y los defensores de derechos humanos”. En el documento, firmado también por la representación en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), se agregó la opinión de la representante Ana Güemez, de que en este país se hace cada vez más evidente “la necesidad de fortalecer el derecho a la justicia, garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares, así como desplegar acciones más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la impunidad y la violencia, especialmente la violencia feminicida; así como asegurar la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos”. Los representantes de ONU-Mujeres y OACNUDH instaron a las autoridades a asumir como “medida eficaz de prevención y protección”, el esclarecimiento de los hechos con “investigaciones serias, expeditas y con la debida diligencia”. Insistieron en la necesidad de adoptar “todas las medidas indispensables para poner fin a la violencia en contra de los y las defensoras de derechos humanos que reivindican y promueven especialmente el derecho a la justicia y denuncian la impunidad”. Tras reiterar su disponibilidad para colaborar con el gobierno calderonista, pidieron “retomar el diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil para crear a la brevedad un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a al promoción y defensa de los derechos humanos”.