Defiende Unión Europea envío de armas alemanas a México

BRUSELAS (apro).- La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, defendió la exportación de armas alemanas de la empresa Heckler & Koch a entidades mexicanas donde se violan los derechos humanos, hecho que ha sido denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales de ese país.

La fiscalía de Stuttgart abrió una investigación del caso, pues sospecha que Heckler & Koch envió armas de grueso calibre a cuatro estados de México “con violentos conflictos internos”, a pesar de una prohibición expresa del código de ética europeo sobre exportación de armas.

La fiscalía no ha detallado a qué entidades mexicanas fue a parar el armamento. Sin embargo, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México detectó ventas importantes a las policías locales de Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco.

En enero, las autoridades alemanas suspendieron las exportaciones de la empresa a México, y dejó de tramitar las solicitudes para exportar armas a este país.

El 10 de noviembre pasado, la fiscalía de Stuttgart llevó a cabo una redada en las oficinas centrales de Heckler & Koch, localizadas en el poblado de Oberndorf, con el objetivo de buscar indicios que probaran que los empleados de la empresa pagaron sobornos durante años a funcionarios mexicanos y alemanes para poder obtener contratos de venta de armas.

En respuesta escrita a una pregunta del eurodiputado Raúl Romeva, Ashton asegura que “la estricta reglamentación alemana sobre exportación de armas no prohíbe las entregas de armas a México”, aunque después expone que las exportaciones “sólo las permite fuera de los cuatro estados mexicanos en los que está amenazado el respeto a los derechos humanos”.

Además, deslinda a la empresa y a las autoridades alemanas de cualquier sanción de parte de la UE, ya que, declara, “es de la entera responsabilidad de las autoridades alemanas investigar esta cuestión y adoptar eventuales medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la Posición común” de la UE.

Esa decisión aceptada por los 27 países miembros de la UE establece que “denegarán una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vaya a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna”, la cual define, “entre otras cosas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, y toda violación grave de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

A la petición de Romeva de “aplicar medidas diplomáticas necesarias para que México garantice los derechos humanos”, Ashton subraya que la UE coopera “estrechamente” con México en esa materia y que “apoya a las autoridades mexicanas en su lucha contra la delincuencia organizada”.

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