Rendición a escondidas

En lo que fue considerado un albazo, el gobierno negoció en secreto un acuerdo con los concesionarios de radio y televisión y a escondidas se rindió ante  sus exigencias, enarboladas en forma especial por Televisa, cuyo vicepresidente ejecutivo, Bernardo Gómez, fue el artífice del operativo que colocó a Los Pinos en calidad de subordinado de los intereses de la televisión comercial. Fueron desdeñadas las numerosas propuestas  presentadas en la mesa de diálogo que, con la participación de varias decenas de organizaciones,  sesionó durante meses con el frustrado objetivo de revisar integralmente la legislación de los medios electrónicos.

Jueves 10 de octubre. Hotel María Isabel Sheraton. Música de Armando Manzanero y voz de Alejandro Fernández. La cúpula de la radio y la televisión, que encabeza Televisa, comparte alimentos con Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, invitados de honor.

Terminado el banquete –crema y pescado acompañado de vino blanco–, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, tomó el micrófono y anunció: “Este día se le dice adiós al 12.5 por ciento”.

Y estalló la ovación prolongada de los miembros de la CIRT al presidente de la República, quien poco después se vanaglorió: “En el campo de los medios, ya podemos ver algunos beneficios que trajo consigo el cambio”.

Negociado en secreto y redactado por el director jurídico de Televisa, Javier Tejado, cuyos últimos detalles concluyeron a las 5 de la mañana de ese jueves en la suite “Marco Polo” del María Isabel, el acuerdo entre el gobierno de Fox y la CIRT consumó el objetivo que se propuso Gómez, cuando tomó posesión hace un año: arrebató al Estado tres horas diarias de transmisión a cambio de 53 minutos, 35 en radio y 18 en televisión, según establece el nuevo reglamento de la ley respectiva, que se imprimía al mismo tiempo que se celebraba la comida y que fue  dado a conocer en una insólita edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Marta Sahagún, a quien une “amistad” con Gómez, también fue protagonista al presentarse tres ocasiones en la reunión de la CIRT: el jueves desayunó con las esposas de los empresarios y comió con ellos, y el viernes impartió una charla, en la que ratificó que continuará con su proyecto personal, “pésele a quien le pese”.

La sorpresa de Cerisola

El panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, no oculta su indignación por los logros de los empresarios: no sólo derogaron el 12.5%, sino que fue el presidente de la CIRT el que hizo el anuncio, mientras Fox guardó silencio, y aun dispusieron una edición especial del Diario Oficial.

“Ahora ya no solamente nos imponen agenda, sino que también legislan, resuelven y derogan impuestos”, dice el senador, quien como diputado en la legislatura pasada promovió una reforma integral a la ley que regula a los medios electrónicos.

Afirma con enojo: “Se recicla el viejo modelo priista de mutua rentabilidad y Los Pinos se subordina a Televisa”.

También panista, María Teresa Gómez Mont, presidenta en turno de la Comisión para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, coincide con Corral en que la decisión del gobierno de Fox traiciona las luchas del PAN y reproduce el autoritarismo que tanto se le criticó al PRI.

“No sólo por haber sido parte de los medios, sino como politóloga sé lo que representan estas actitudes autoritarias y los riesgos tan terribles de que se repitan estos patrones que tanto combatimos en el pasado. La decisión que se acaba de tomar refleja con toda claridad la repetición de un patrón autoritario.”

Ante hechos consumados, Corral sólo pudo manifestar su repudio al pacto al cerrarle el paso a Fox en el hotel cuando se encaminaba a la comida con la CIRT: “No podía quedarme callado. Se nos jugó el dedo en la boca”. Alerta: “Es el inicio de la rendición de uno de los poderes formales del Estado ante otro poder fáctico, real, que es la televisión y concretamente de Televisa, capaz de intimidar, amedrentar, chantajear. Es la subordinación del poder político al poder mediático. Esto tiene consecuencias para la democracia en México, muy graves para el sistema de partidos y para las instituciones y los poderes formales del Estado mexicano”.

Para tomar la decisión, el presidente Fox incumplió con el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente desde el 10 de junio, que ordena hacer públicos los anteproyectos de ley y disposiciones administrativas, mediante la consejería Jurídica de la Presidencia o la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (Cofemer).

“El presidente ha violentado la ley de la que más se ufana y de la que más se enorgullece”, acusa Corral, quien revela que ni el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, conocía la decisión de Fox, que fue manejada por el secretario de Gobernación, Santiago Creel.

Dice: “La Secretaría de Comunicaciones, que es una institución clave en la regulación de estos temas, no sabía absolutamente nada unas horas antes de publicarse el reglamento”.

Y la Cofemer, asegura, recibió un día antes por la noche el anteproyecto.

No fue “albazo”

Bernardo Gómez, el segundo hombre más poderoso en Televisa después de Emilio Azcárraga Jean, tomó la estafeta de Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS Multivisión, el 6 de octubre del 2001, y su prioridad era liquidar el 12.5%.

“Ahora que está tan de moda la palabra cambio, es buen momento para replantear una nueva relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación electrónicos y establecer las nuevas reglas del juego”, dijo en una entrevista con el diario Reforma, publicada cuatro días después de que tomó posesión.

Vargas Guajardo logró doblar al gobierno cuando tres meses después de haber tomado posesión Fox, en febrero, evitó la instalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CNRT), previsto en la ley respectiva.

Santiago Creel había anunciado la mañana del miércoles 7 de febrero de ese año que al lunes siguiente se instalaría el organismo, pero en una comida de los concesionarios con Fox en Los Pinos, ese mismo día, la medida se frustró.

Proceso expuso en su portada que los concesionarios habían “doblado” al gobierno, lo que enojó a Creel, quien –con seriedad– dijo al reportero: “A mí nadie me dobla”.

Lo cierto es que el CNRT jamás se instaló y José Luis Durán, subsecretario de Gobernación, dijo a este semanario: “El Consejo que ordena la ley se instalará cuando se haya consensado debidamente”.

Y sobre los empresarios, que se habían negado a participar, dijo: “Vamos a seguir platicando con la CIRT para que haya conciencia muy clara de que el objetivo del gobierno es cumplir la ley, pero sin atropellos”.

El gobierno propuso crear la “mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de los medios electrónicos”, que se instaló en marzo siguiente, con la participación de más de 40 organizaciones empresariales, sociales, académicas, así como partidos, legisladores e instituciones del gobierno.

Se trató de un trabajo sistemático, que arrojó numerosas propuestas que están contenidas en un documento de “conclusiones”, del que Proceso tiene copia, que fueron totalmente desdeñadas por Fox en su acuerdo con la CIRT.

Inclusive, el jueves 10 la sala adjunta al despacho de Durán estaba dispuesta parar realizar otra sesión. Ya se habían realizado más de 70. “Se quedó la mesa con los vasos llenos de agua”, ilustra Gómez Mont.

Y es que, dice Corral, “una de las cosas que más ha lastimado de esta decisión es la forma como se manejó. Mientras se nos decía oficialmente que se preparaba una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, se estaban realizando negociaciones paralelas, secretas, con los concesionarios, aprovechando la subordinación de Los Pinos a Televisa”.

Pero según Bernardo Gómez, quien el viernes dejó la presidencia de la CIRT en manos de Jorge Mendoza, vicepresidente de Televisión Azteca, nunca hubo “albazo”: “Estoy convencido de que no hubo ningún albazo”, dijo a Proceso a través de la reportera Mariana Escobedo.

–Entonces ¿por qué se negociaron hasta las cinco de la mañana los detalles?

–Porque lo bonito para la industria era que se anunciara en la semana de la radio y televisión. Eso era, porque nos reunimos una vez al año y el mejor momento era ese. No fue otra cosa.

Explica que el acuerdo con Fox fue resultado de las reuniones de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, “a las que el senador Corral no asistía. Nadie lo dejó fuera. Gobernación no puede sacar a nadie de la mesa. Esta siempre estuvo abierta. Que no fuera, es otro tema. Estuvo presente en tres de 70 sesiones”.

Proceso buscó el viernes 11 confrontar los puntos de vista de los críticos del acuerdo con los del gobierno. En la Secretaría de Gobernación no hubo respuesta alguna a la solicitud de una entrevista con José Luis Durán o algún otro funcionario calificado. En Los Pinos, un vocero indicó que la posición oficial de la Presidencia estaba contenida en el discurso que pronuncio Vicente Fox el día anterior.

Los “logros” del gobierno

El presidente Fox abrogó el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, vigente desde 1973, y aprobó uno nuevo que contiene uno de los “logros” más publicitados por el gobierno: el derecho de réplica.

Dice el artículo 38: Toda persona, física y moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio y televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos.

Este derecho podrá hacerlo valer el afectado, añade ese artículo, por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a la transmisión ante la estación de radio o televisión, “la cual evaluará su procedencia a efecto de hacer la aclaración”.

Si no se le hace caso, se añade, “el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”.

Para Corral, este supuesto derecho es “una vacilada”, tal como se lo hizo saber a Durán Reveles, quien se comunicó con él el mediodía del viernes 11 para tratar de atemperar su inconformidad: “Es infantil, porque le dejan a las empresas que resuelvan”.

Otro “logro” del gobierno, como dijo Fox ante la CIRT, es que la ciudadanía tendrá “participación directa en la fijación de criterios de clasificación de los contenidos de la programación” en radio y televisión, mediante del Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Lo que Fox no dijo es que tendrá voz, pero no voto, mientras que la CIRT podrá tener un integrante más, según el artículo 47 del Reglamento:

El Consejo integrará como invitado permanente con voz, pero sin voto a un representante de la sociedad civil organizada, así como a uno más de la industria de la radio y la televisión. Asimismo, podrá invitar de manera temporal, con voz pero sin voto, a representantes de sectores vinculados con la radio y la televisión.

En el Diario Oficial se publicó también, con el nuevo reglamento, el decreto que sustituye al acuerdo emitido por Gustavo Díaz Ordaz el 31 de diciembre de 1968 y que entró en vigor el 1 de julio de 1969, mediante el cual se obligó a los concesionarios de estaciones de radio y televisión a ceder, como pago de parte de sus impuestos, le 12.5% de sus tiempos de transmisión al Estado.

En el decreto de Fox, facultad que usó numerosas ocasiones como gobernador de Guanajuato por tener un congreso local adverso, se resume en que ahora los empresarios sólo están obligados a destinar, diariamente, entre las 6 y las 24 horas, 18 minutos en televisión y 35 en radio mediante spots grabados.

Dice el artículo primero: Si el Ejecutivo Federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión.

En la Mesa de la Secretaría de Gobernación se presentaron diversas propuestas, ente ellas las de grupos de participación ciudadana:

Que el 12.5% se dividirá de la siguiente manera: el 6.25% será pagado en efectivo por los concesionarios y los recursos se destinarán a un fondo de producción audiovisual que será administrado por un consejo ciudadano designado por la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones públicas y privadas. El consejo ciudadano administrará el 6.5% restante en tiempo de programación para la difusión de la producción audiovisual producida por el fondo.

b) Que se pague el 4% sobre ingresos mercantiles.

c) Que sea deducible de impuesto el gasto de ONG o IAP en producción par tiempos fiscales.

La oposición de la CIRT fue rotunda y al final, como se acreditó el jueves, se salió con la suya:

La CIRT señala que este no es el tema a discutir en esta mesa, toda vez que no es materia de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que está previsto en un decreto presidencial. Se manifiesta por la eliminación de la obligación fiscal.

Sobre el derecho de réplica, en la Mesa de Gobernación también hubo propuestas, para garantizar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por México.

El derecho de réplica se le concederá a toda persona física o jurídica que se considere perjudicada en su honor o dignidad por una información, noticia o comentario transmitido por radio y televisión, y que le lleve a exigir la reparación del daño sufrido, mediante la inserción de correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica (forma) en que fue lesionado, sin perjuicio de acciones legales.

La traición

Gómez Mont considera que Fox aún puede rectificar, pero de todas maneras el Congreso hará su parte: “Si no se rompen esas estructuras de los medios de comunicación que sostenían al viejo régimen, no habrá consolidación democrática.”

Corral: “Creel nos chamaqueó, pero no solamente a nosotros, sino a un conjunto muy importante de sectores de la sociedad que creyeron en la promesa de diálogo para la elaboración de un nuevo marco jurídico integral, que depositaron su esperanza en una nueva forma de relación entre poderes y de que ahora las cosas serían transparentes de cara a la nación”.

Y concluye: “Tengo que encontrar al personaje que engañó al presidente de la República, para decirle la irresponsabilidad que ha cometido”.

–Si Cerisola no sabía, tuvo que haber sido Creel…

–Él fue el que estuvo negociando. Si él fue quien le explicó que se incluía el derecho de réplica, lo engañó.

Creel, quien comparecerá en la Cámara de Diputados, precisó desde Guatemala, el viernes 11: “Aquí salimos ganando todos”.

 

Acerca del autor

Reportero de Proceso desde 1994, Premio Nacional de Periodismo en periodismo de investigación y autor de tres libros.

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