El 12.5%: Televisa lo puso, Televisa lo quitó

Primero de julio de 1969: después de un cabildeo intenso de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, Tele Sistema Mexicano, antecedente de Televisa, está de fiesta porque logró que los concesionarios de radio y televisión paguen la mitad de sus impuestos concediendo 12.5% de sus transmisiones al gobierno.

10 de octubre de 2002: Televisa está de fiesta otra vez, porque logró, después de “arduas” negociaciones de su vicepresidente Bernardo Gómez, que el gobierno accediera a quitar el 12.5%.

En el libro El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de editorial Grijalbo, Claudia Fernández y Andrew Paxman, relatan lo que sucedió en 1969 de la siguiente manera:

La intervención de mayor peso del gobierno en la empresa de los Azcárraga hasta entonces se registró en 1968. Esta relación que evolucionaría en un marco simbiótico de supervivencia mutua, tuvo su primera escaramuza durante las protestas estudiantiles del 68 y la pérdida de prestigio de México en referencia a la masacre de Tlatelolco. Aunque TSM (Tele Sistema Mexicano) había colaborado con el gobierno, aparentemente no había sido suficiente.

Un mes después, en noviembre, empezaron a mostrarse algunos signos de descontento del gobierno hacia la televisión privada. En un discurso público, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, dio a entender que la televisión comercial no había demostrado suficiente preocupación por los efectos potencialmente adversos de su programación en la juventud mexicana. Ya para fines de ese año, el gobierno atacó de frente al proponer un leonino esquema fiscal dirigido a TSM, aunque los aumentos propuestos también serían aplicados a los concesionarios de radio y televisión en su conjunto. Esta propuesta se sumaría a los impuestos ya existentes.

Según contaría después el propio Azcárraga a gente del medio, “el manejo del 68 estuvo muy mal, nosotros empezamos a cubrirlo y nos amenazaron”. La amenaza, como la llamó Azcárraga, se refería al decreto de tiempo oficial en los medios electrónicos que impondría el gobierno federal. En su opinión, era una forma de cobrarles la factura por haber permitido, por lo menos en algunas ocasiones, que se escucharan voces discordantes al gobierno.

El 31 de diciembre de 1968, la Ley de Ingresos de la Federación para el año 1969 incluyó el impuesto constituido por los pagos  que se efectuaran por los servicios prestados por empresas que funcionaran al amparo de concesiones federales. Es decir, se cobraría (mensualmente) el 25% sobre los ingresos obtenidos por publicidad. Esta disposición implicaría elevar dramáticamente las tarifas  publicitarias y resultaría en un conflicto entre las estaciones y sus clientes. Sin embargo, el artículo 16 de la Ley ofrecía a los concesionarios privados una alternativa al pago de este impuesto: la Secretaría de Hacienda (SHCP) ofrecería un subsidio equivalente al total de este impuesto si la empresa accedía a colocar 49% de sus acciones a la venta, ya fuera directamente o a través de instituciones nacionales de crédito, entre otros requisitos. Ninguna de las dos opciones fue atractiva para los concesionarios, quienes temían que si colocaban sus acciones el gobierno las compraría. Inmediatamente se pusieron a negociar. Las negociaciones se dieron en dos niveles: uno oficial a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio (CIR) y otro a nivel personal, tras bambalinas, liderado por Emilio Azcárraga Milmo.

Las amenazas

Primero se lanzó una campaña en la prensa escrita y en los medios electrónicos para criticar la nueva ley. Cuando conocieron la intención del presidente Díaz Ordaz, a través del secretario de la SHCP, Antonio Ortiz Mena, la mayoría de los miembros de la CIR fueron a ver al presidente para entregarle todas las concesiones y amenazarlo con represalias económicas de parte de sus anunciantes si proseguía con su plan. El propio Emilio Azcárraga, quien declaró al New York Times que la ley era imposible e inaceptable y que habría negociaciones para cambiarla, comenzó a reunirse en privado con funcionarios de primer nivel y hasta con el presidente para plantear su posición de rechazo. Sus socios, Rómulo O´Farril y Miguel Alemán Velasco, incluso dijeron en una entrevista con el periódico El Día que habían amenazado a las autoridades con que los empresarios se retirarían de la industria si el gobierno no moderaba sus demandas.

Al mismo tiempo corrían las negociaciones oficiales. Entre enero y junio de 1969, una comisión de la CIR, formada por José Luis Fernández, el principal abogado de las empresas de Azcárraga, y Clemente Serna Martínez (socio de Azcárraga Vidaurreta en radio), entre otros, se sentó a discutir con las autoridades hacendarias una opción más favorable, que evitara llevarlos, según ellos, a la ruina.

Esta actitud y el cabildeo en el Congreso de dos concesionarios que también eran diputados, Ignacio Santibáñez Flores y Guillermo Morales Blumenkron, facilitaron el acuerdo.

Por su parte, el gobierno, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Enrique Padilla Segura, negoció nuevas demandas que fueron de alguna manera aceptadas, entre las que figuraban que las estaciones cedieran más tiempo gratuito al Estado para cumplir con sus funciones; que los concesionarios garantizaran un mejoramiento efectivo de su programación, reservándose el Estado el derecho de revisar, cada cinco años, si se cumplía con esta obligación; y que si el Poder Ejecutivo consideraba que algún tema perturbaba la paz pública o causaba la alarma o desorientación, podría llamar la atención del licenciatario y llamarlo al orden.

El arreglo que finalmente alcanzaron y que apareció oficialmente el 1 de julio de 1969, fue que el impuesto sería cubierto si las estaciones ponían a disposición del Estado el 12.5% del tiempo diario de transmisión, con la salvedad de que dicho tiempo no es acumulable ni diferible, es decir, sin importar si se hace uso de él o no. Para endulzar el trato, el gobierno incluso decidió extender el tiempo de las concesiones a los operadores. Sin embargo, las producciones del Estado fallarían en utilizar el tiempo/aire de manera fructífera, ya que su capacidad para generar programas de calidad era limitada y a menudo estas se reducían a reportes aburridos sobre los proyectos financiados por el gobierno. Peor aún, estas producciones se transmitirían en horarios que garantizaban alcanzar audiencias muy pequeñas. Y fue, de hecho, esta incapacidad uno de los puntos que los concesionarios aprovecharon para presionar y lograr un mejor acuerdo ante una situación que tenía un ligero tufo de nacionalización o al menos control sobre el negocio televisivo.

Un importante revés para el gobierno y una significativa victoria personal para Azcárraga, quien se encargó de gran parte del cabildeo para lograr un acuerdo final.

Comentarios