Interés Público: Fox, como Echeverría

Durante meses enteros sesionó en la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo para la reforma integral de los medios electrónicos, convocada por la propia secretaría. Hoy queda claro que allí se servía sólo atole con el dedo. Mientras los candorosos participantes suponían estar configurando el consenso que llevara una nueva legislación en la materia, la verdadera negociación tenía lugar entre el gobierno y los concesionarios, especialmente Televisa. Sólo uno de los asistentes al medio centenar de sesiones logró ganancia de esos encuentros. El señor diácono y notario, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, que representaba en la mesa al subsecretario de Gobernación José Luis Durán Reveles, es ahora uno de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

El presidente Fox emitió un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, y modificó la regla para el pago de un impuesto especial establecido por su antecesor Díaz Ordaz. Son dos regalos al sector privado que maneja esos medios electrónicos, una decena de familias y grupos. O son motivo de un canje de favores, que la radio y la televisión comerciales pagarán puntualmente como lo hizo con el régimen priísta.

Alega con razón el presidente, en el primer considerando del nuevo reglamento, que el de 1973 “ya no responde a la actual realidad política y social de nuestro país”. Menos aún corresponde a la realidad de 1960, año en que se emitió la ley a que corresponden esos reglamentos. Podría suponerse, por lo tanto, que todavía más imperativo que formular una nueva regulación administrativa sería reformar la ley del Congreso, a favorecer la emisión de una nueva por entero. Pero como ha pretendido hacer ante el fracaso de algunos de sus empeños legislativos, el presidente ha optado por la vía corta. Propongo que el Congreso lo enfrente en ese terreno, como lo ha hecho con éxito por lo menos dos veces antes, cuando Fox pretendió erigirse en legislador.

Al presidente se le pasó la mano en la integración del Consejo Nacional de Radio y Televisión, ése órgano de existencia azarosa (o de inexistencia, cabría mejor decir), que ha figurado como letra muerta en la ley, y jamás se ha reunido. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, derrotado ahora por los concesionarios, o sumado a ellos, quiso inaugurar el nuevo gobierno, en este campo, convocando al Consejo. Lo anunció. Los industriales de la radio y la televisión se opusieron. Triunfaron. No se reunió el Consejo.

Echeverría modificó la composición de ese órgano. La ley lo define como un “organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación”, integrado “por un representante de dicha secretaría, que fungirá como presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la de Salubridad y Asistencia, dos de la industria de la radio y la televisión y dos de los trabajadores”.

El populismo de Echeverría, que le permitía disfrazar su política favorable a los intereses privados (aunque el exceso en la escenificación los irritara), lo llevó a modificar la ley en el reglamento, operación imposible jurídicamente pero posible políticamente en el antiguo régimen. Llanamente agregó en el artículo 49 del reglamento que el Consejo tendría “un representante más de los trabajadores”. Nunca se reunió ese órgano con tal constitución. De haber ocurrido el suceso, uno de los tres representantes de los trabajadores habría participado ilegalmente en las sesiones.

Fox fue más audaz que Echeverría. Puesto a infringir la ley, no sólo mantuvo al espurio representante adicional de los trabajadores sino que, gobernante empresario como se ufana en decir, estableció la paridad: habrá también un representante más de los industriales, igualmente espurio y adicional. Y no sólo eso: el Consejo tendrá invitados. Uno, con voz pero sin voto, será permanente y representará “a la sociedad civil organizada”. Los habrá también ocasionales, igualmente con voz y sin voto, “representantes de sectores vinculados con la radio y la televisión”. Y no para allí la cosa, “para la mejor atención de los asuntos de su competencia, el Consejo podrá contar con comités o grupos de trabajo a los que podrá invitar a participar a personas, instituciones u organizaciones que no sean miembros del Consejo”.

Todo eso, por excesivo, es ilegal. Esos contenidos podrían ser incorporados a la ley pero no por la voluntad del Ejecutivo, insuficiente para ese propósito, sino por el órgano que emitió la de 1960, el Congreso de la Unión. Este Poder Legislativo, celoso hoy de sus atribuciones a diferencia del que hace casi dos décadas dejó pasar la intromisión presidencial en sus funciones, puede demandar a la Suprema Corte de Justicia, en una controversia constitucional, si es válido que el Ejecutivo modifique una ley.

Como hizo con el reglamento de energía eléctrica, o con la supresión a un gravamen especial sobre el consumo de fructuosa, el tribunal constitucional dirá que el presidente  carece de poder para legislar, y lo forzará a retroceder.

Se requiere para ese efecto que las cámaras legislativas acuerden poner en acción ese recurso para controlar la constitucionalidad. Si lo hacen contribuirán a que se defina cuáles cámaras deben legislar, si las del Congreso de la Unión o la de los industriales de radio y televisión.

Ese es, en realidad, el fondo de la cuestión. Nadie discute la pertinencia de que el gobierno plantee a los sectores interesados y aun convenga con ellos las modificaciones a la regulación que los afecta. No obra mal, en consecuencia, el gobierno de Fox cuando hace participar a los concesionarios en negociaciones sobre su industria. Pero en ese anchuroso campo de la comunicación social los dueños de las señales no son los únicos participantes. En la exclusión de los demás interesados, tan interesados en el asunto como los concesionarios, lo que ha enfermado de ilegitimidad las nuevas medidas.

Disminuir la carga fiscal a los industriales es acción de política económica deseable como estímulo en otras circunstancias. Hasta sería una saludable disposición democrática porque revierte parcialmente un acto autoritario de Díaz Ordaz, al que se avinieron los beneficiarios de la medida, beneficiarios en 1969 y beneficiarios en 2002. Pero negociada como si se tratara sólo de la gestión de intereses privados y no del impulso al bien general, resulta sólo arreglo convenenciero de los signantes de este nuevo pacto en que el nuevo régimen se asimila al antiguo. En la pantalla, Fox es igual a Echeverría.

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