Entre la simulación y la mentira

El jueves 10, en una singular edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron dos instrumentos jurídicos concernientes a la radio y la televisión, que han generado debate en distintos sectores de la comunidad. Se trata del nuevo “Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión” y del “Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica”.

De entrada, debe consignarse que se trata de una decisión presidencial que pone de relieve rasgos de simulación y mentira con distintos grupos de la sociedad y del Poder Legislativo, que habían confiado en que habría en este gobierno una verdadera voluntad de hacer las cosas de manera distinta.

Las más de 50 reuniones que llevó a cabo la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos se tomaron marginalmente en cuenta en esta microreforma, hecha, por lo demás, a espaldas de los integrantes de dicha Mesa y que rompe las expectativas creadas de una reforma de mayor calado en este importante sector.

Formas aparte, el nuevo marco jurídico reglamentario tiene algunos aspectos que son positivos y otros que lo son menos. Veamos.

Primero. El decreto mediante el que se reforma el impuesto en especie cambia el tiempo que tenía disponible el Ejecutivo Federal de 12.5%, por 18 minutos en televisión y 35 en radio. Se trata de una medida que ha sido considerada por algunos como una concesión del Estado frente a los concesionarios; no obstante, habría que señalar también que ningún Estado democrático de derecho tiene un impuesto de semejante naturaleza. Quizá lo ideal hubiera sido que ese impuesto se transformara en un pago en efectivo, etiquetado para financiar a los medios públicos, que ahora no existen en México, pero más temprano que tarde los medios gubernamentales transitarán en esa dirección. Es de advertirse que acaso de manera involuntaria el decreto deja fuera a las estaciones permisionadas de esta contribución, al abrogar en el artículo tercero transitorio del Acuerdo del 21 de agosto de 1969, que incluía también a las estaciones sin fines comerciales.

Segundo. En los considerandos del nuevo Reglamento se indica la importancia de establecer “condiciones transparentes” para el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones y permisos. Por supuesto, esa retórica se limita solamente a definir el concepto de “información detallada” prevista en el artículo 17, fracción III, de la Ley Federal de Radio y Televisión, pero deja intacto el principio de discrecionalidad, entendible habida cuenta que el Reglamento no puede ir más allá de lo dispuesto por la Ley.

Tercero. El título cuarto del Reglamento se refiere al Registro de Radio y Televisión, el cual podrá ser consultado por el público. Se trata de una medida positiva de transparencia, pero la cual de todos modos hubiera tenido que llevarse a efecto como consecuencia de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuarto. Por lo que hace a los denominados “tiempos legales”, el Reglamento introduce una importante salvaguarda para evitar en las elecciones federales del 2003 problemas con el Instituto Federal Electoral (IFE). Cabe recordar que en las elecciones del 2000, la Camára de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) se negó a otorgar tiempos oficiales al IFE, bajo el argumento de que no era un organismo del Estado, sino una entidad autónoma. Hoy con lo previsto en el artículo 17 del nuevo Reglamento se resuelve esta situación al establecer que “en el ámbito electoral, para el uso y duración de los tiempos del Estado se observará lo previsto al efecto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

Quinto. El artículo 38 del nuevo Reglamento introduce lo que podría llamarse una variante del derecho de réplica, si bien lo hace de manera acotada y siempre y cuando medien dos circunstancias: a) Que un programa de radio o televisión no cite la fuente, y b) Considere que los hechos que le aluden son falsos e injuriosos. Es decir, no sólo tiene que ser una fuente anónima, sino además deben ser hechos que al mismo tiempo reúnan falsedad con injuria. No se trata estrictamente de un derecho de réplica, el cual supondría una sanción a la conducta contraria a la establecida como debida por la norma. Y no es el caso aquí. Es verdad también que tal como está esa posibilidad es mejor que nada, pero lo correcto sería que fuese parte de una reforma a la ley para dar mayor seguridad jurídica a la audiencia y cumplir de mejor manera con lo dispuesto en ese sentido por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sexto. En el artículo 40 del nuevo Reglamento se advierten mejores condiciones para los concesionarios en lo que se refiere a la transmisión de propaganda comercial. El tiempo dedicado a los comerciales no se incrementó, pero en cambio se suprimieron en el nuevo Reglamento algunas salvaguardas para proteger al auditorio. Por ejemplo, el artículo 42 del Reglamento abrogado establecía: “El equilibrio entre el anuncio y el conjunto de la programación se establece en los siguientes términos: I. En estaciones de televisión:

b. A partir de las veinte horas hasta el cierre de estación, los comerciales no podrán exceder de la mitad del total del tiempo autorizado para propaganda comercial; c.Los cortes de estación tendrán una duración máxima de dos minutos y podrán hacerse cada media hora, salvo en los casos en que se transmita un evento o espectáculo que por naturaleza sea inconveniente interrumpir; d.La distribución de propaganda comercial dentro de los programas deberá hacerse de acuerdo con las siguientes reglas: Primera: Cuando se trate de películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas, teleteatros grabados y todas aquellas transmisiones cuyo desarrollo obedezca a una continuidad natural, narrativa o dramática, las interrupciones para comerciales no podrán ser más de seis por cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida, y cada interrupción no excederá de dos minutos de duración. Segunda: Cuando se trate de programas que no obedezcan a una continuidad natural, narrativa o dramática, las interrupciones para comerciales no podrán ser más de diez por cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida, y cada interrupción no excederá de un minuto y medio de duración”.

Además, en el nuevo Reglamento se incorpora un valor agregado para los concesionarios consistente en que el tiempo para propaganda comercial “no incluye los promocionales propios de la estación ni las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado y otros a disposición del Poder Ejecutivo”.

Séptimo. Los artículos 47 y subsecuentes reforman la composición del Consejo Nacional de Radio y Televisión al incorporar a un representante de la sociedad civil organizada como “invitado permanente con voz, pero sin voto”.  El artículo 4 transitorio ordena que este Consejo debe integrarse en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del inicio de vigencia del Reglamento; es decir, contados a partir del viernes 11. Uno debe entender que ahora sí, efectivamente, tendrá vida jurídica ese órgano previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión desde hace más de dos décadas, pero que hasta ahora no ha tenido vida material.

Octavo. Los artículos 51, 52, 53 y 54 del Reglamento establecen sanciones al incumplimiento del Reglamento. Se trata, en realidad, de una retórica discursiva sin mayores efectos para generar incentivos en el cumplimiento de la norma, toda vez que, como se ha dicho, el Reglamento no puede rebasar el contenido de la Ley,  la cual establece sanciones de naturaleza únicamente testimonial.

En resumen, la visión de coyuntura cortoplacista del presidente Vicente Fox ha sustituido lo que hubiera podido ser la gran reforma legal de los medios electrónicos.

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