El Pemexgate, una novela de no-ficción

Antonio Jáquez

Paso a paso, nombre a nombre, situación a situación, la trama del escándalo conocido como el Pemexgate es reconstruida a detalle por Proceso con base en la orden de aprehensión completa librada el viernes 4 de octubre contra exdirectivos de Pemex y del PRI como presuntos responsables de peculado electoral. El documento resume en 42 fojas las 50 mil de que consta la indagatoria de la PGR.  Algunos pasajes del mismo, y partes de las declaraciones ministeriales en las que se basa,  han sido filtradas a diversas publicaciones.

La historia conocida como Pemexgate arrancó en serio el 8 de junio de 2000, tres semanas antes de la elección en la que Vicente Fox se impuso a Francisco Labastida.

Ese día,  se giró el cheque de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 640 millones de pesos a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),  con cargo a una cuenta en Inverlat de Pemex. Se trataba de un supuesto préstamo cobijado en el convenio administrativo-sindical 9399.

Según el sindicato, el dinero fue usado para atender compromisos de carácter laboral, penal, fiscal y civil. El gobierno federal actual, sin embargo, argumenta que se han encontrado evidencias e indicios de que los 640 millones de pesos llegaron finalmente a las arcas del PRI, en apoyo a la desfalleciente campaña de Labastida.

La ruta de los 640 millones de pesos puede ser reconstruida a partir de un documento que condensa en 42 fojas las más de 50 mil  que integran la indagatoria del Pemexgate: la orden de aprehensión librada  el 4 de octubre contra exdirectivos de Pemex y del PRI, según copia obtenida por Proceso.

El depósito

El 31 de mayo de 2000, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, secretario general y tesorero del  sindicato petrolero, enviaron un oficio a Carlos Juaristi Septién, director corporativo de Administración de Pemex:

Por este conducto, estamos solicitando, tenga a bien autorizarnos la cantidad de $640’000,000.00 (Seiscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) como préstamo para solventar demandas laborales, civiles, penales y fiscales que existen en el STPRM, para pagar en un plazo de 20 meses a partir del mes de noviembre del año en curso.

La petición fue atendida prácticamente de inmediato. El préstamo se formalizó el 5 de junio, con la firma del convenio 9399. Por Pemex, firmaron el director general Rogelio Montemayor, Juaristi, Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas, y Julio Pindter, subdirector corporativo de Relaciones Laborales; y por el sindicato estamparon su firma Romero Deschamps y Aldana.

Al día siguiente, Juaristi y Domene mediante un oficio notificaron la autorización del préstamo a José Antonio Manzur Kobe, gerente de Administración Financiera, y le pidieron “expedir el título de crédito” por los 640 millones de pesos. Anexaron copia de “Recibo” por ese monto, suscrito por Romero Deschamps y Aldana, fechado el 12 de junio.

Pero el cheque salió el 8 de junio, una vez que se cumplió en la torre de Pemex el último trámite un día antes: Teresita de Jesús Maldonado Ordóñez, superintendente de Egresos, solicitó a Yazmín Rodríguez Martínez, subgerente de Tesorería Institucional, que transfiriera los fondos de la cuenta 213575-2 en Inverlat, por concepto de “préstamo al STPRM”.

El mismo 8 de junio, Aldana depositó el cheque por 640 millones de pesos en una sucursal del Banco Mercantil del Norte (Banorte) en la colonia Lorenzo Boturini de la Ciudad de México. Según José Luis Córdova, director de Atención a Clientes Zona Centro de Banorte, Aldana estuvo en el banco a principios de junio para informarse sobre los requisitos de apertura de cuenta y el 6 la abrió, con 5 mil pesos.

Los 640 millones de pesos fueron retirados de Banorte mediante 14 cheques,  y se cobraron en efectivo en la Caja General del banco en La Viga, a espaldas del mercado de Sonora. Antes de efectuar el pago, declaró un empleado de Banorte, “se recibió la carta en donde se señalaban los nombres de las personas que acudirían a recoger el efectivo que correspondía a un cheque que el cliente deseaba cambiar…”

Según testimonios diversos, esas personas  laboraban en el PRI, precisamente en el área de Finanzas, y son por tanto el eslabón que relaciona el préstamo de Pemex al sindicato petrolero con la campaña de Labastida.

Los retiros

Alonso Veraza López, asesor del subsecretario de Finanzas del PRI en ese tiempo, Alonso Bretón, contó –según la orden de aprehensión ya citada–que a finales de mayo de 2000 su jefe lo instruyó para que, con otras personas, se ocupara de “recoger recursos destinados a actividades del partido”. Según Veraza, Bretón le dijo que “se requería gente de confianza para ese trabajo porque era mucho dinero”.  Bretón no entró en detalles sobre el monto y el origen del dinero, dijo Veraza en su declaración ministerial.

En esa misma fecha, afirmó Veraza, le comunicó a Carlos Almada López,  secretario  de Elecciones del PRI,  las instrucciones de Bretón. A principios de junio, relató, Bretón le dijo que fuera a la oficina de Jorge Cárdenas Elizondo, secretario de Finanzas, “quien se encontraba acompañado de una persona que no conocía y le pidieron que firmara un registro de firmas para poder hacer retiros en fechas posteriores”.

El primer retiro fue por 100 millones de pesos y se hizo el 9 de junio, es decir, un día después de que se depositó el cheque de Pemex. El siguiente fue por 52 millones de pesos ( 12 de junio), el tercero por 48 millones, y así hasta sumar 500 millones en 14 retiros. Los empleados del PRI que participaron en los retiros fueron Andrés Heredia Jiménez, Joel Hortiales Pacheco, Elpidio López López, Melitón Antonio Cázares Castro, Gerardo Trejo Mejía y el citado Veraza.

Cázares Castro, asistente del área de Finanzas del PRI, confirmó el testimonio de Veraza. Dijo que, a principios de junio, Bretón le comentó que “era necesario ir a recoger unos recursos, sin decir a dónde, sólo que se pusiera de acuerdo” con Heredia y Hortiales. Unos días después,  Bretón le ordenó a Cázares que se presentara en la oficina de Cárdenas Elizondo “para que firmara unos documentos como registro de firmas”. En su oficina, Cárdenas no comentó “absolutamente nada”, sólo mostró los papeles. Cázares estampó su firma al lado de su nombre y se retiró.

El 9 de junio, Elpidio López López, director general de Ingresos y Egresos del PRI, le avisó a Cázares que ese día “le tocaba ir a recoger dinero, que sería como a las tres de la tarde y que iría acompañado de Andrés Heredia, el chofer y otros dos sujetos desconocidos”. El grupo salió del PRI, en una camioneta Cherokee color negro, escoltada por una Suburban “color oscuro”, en la que viajaban “tres o cuatro gentes”.

Los dos vehículos llegaron a las instalaciones de Cometra, según Cázares. En realidad, entraron al edificio de la Caja General de Banorte, contiguo a las oficinas de la empresa especializada en el traslado de valores. En la versión de este testigo, el procedimiento fue similar en los retiros en que participó: se les entregaba el dinero, lo contaban, lo ponían en unas maletas, firmaban unos papeles de recibido –en los que figuraba el nombre del sindicato petrolero– y lo trasladaban a las oficinas del PRI.

Cázares: Al llegar a las oficinas del PRI, “además de los acompañantes, los ayudaban a subir las maletas los choferes de Jorge Cárdenas y Joel Hortiales, de los que no recordó sus nombres; los recursos los entregaban a Joel Hortiales, quien los ingresaba a las oficinas de Jorge Cárdenas (ubicadas en el primer piso del edificio tres del PRI según Cázares; en el segundo piso,  de acuerdo con otro testigo), sin mediar ningún recibo”.

Esta operación, narró Cázares, se realizó en tres ocasiones, siempre a la hora de la comida, entre las tres y las seis de la tarde, habiendo recogido en total unos 151 millones de pesos. Desconoce el destino exacto de esa cantidad, pero dijo que en una ocasión parte del dinero fue a dar a la oficina de Cárdenas y parte a la oficina de Bretón, “misma que le fue entregada para realizar pagos de diversos conceptos”, entre ellos pago de nómina a “gente que trabajaba con Manuel Bartlett, lo cual se hacía a través de Pascual Juárez del Reyo, Arturo Núñez, Humberto Roque, Maximiliano Silerio Esparza; así mismo se pagaba el total o parte de la nómina general” del PRI y se asignaban recursos a organizaciones priistas como la CNC, CNOP y Fundación Colosio.

Cázares reveló también que llevaba un registro de sus actividades en un cuaderno. Anotaba, por ejemplo, la instrucción que le dio Bretón de entregarle 100 mil pesos “a Beatriz Paredes”, a quien en una ocasión posterior le hizo llegar 2 millones de pesos mediante Pascual Juárez del Reyo.

En entrevista con El Universal, el 7 de julio último, un “testigo protegido” al que no se identifica pero que parece ser Cázares, declaró: “a mí me dijeron que (los 2 millones de pesos) eran para Beatriz Paredes, pero en realidad se le dieron al área de José Guadarrama Márquez, que estaba en la secretaría de Operación y Acción Política”.

El diablito

Andrés Heredia relató otra parte de la historia. En junio de 1999 entró a trabajar por honorarios en Nuevo Impulso, asociación civil de membrete que manejaba las finanzas de la campaña de Labastida. Se le asignó en principio una oficina en la calle Varsovia, en la Zona Rosa, y se encargó de la revisión de facturas. En enero de 2000, se mudó al edificio tres del cuartel general del PRI.

A las 11:30 horas del 8 de junio, el mismo día en que Pemex giró el cheque por 640 millones de pesos, Cárdenas Elizondo le avisó a Heredia que participaría en el retiro de los fondos y le presentó un documento de autorización suscrito por Aldana para que registrara su firma. Ante el “desconcierto y titubeo” de Heredia, Cárdenas le comentó que se trataba de dinero que el sindicato había obtenido “lícitamente” de Pemex.

Al día siguiente, se hizo el primer viaje del PRI a la caja de Banorte, bajo la custodia de oficiales del Estado Mayor Presidencial comisionados a la campaña de Labastida.

En la caja de Banorte recibieron los recursos, en bolsas de plástico, contaron los billetes, los colocaron en maletas de lona, “de colores azul, verde y negra”, subieron las maletas a la camioneta negra, y regresaron al punto de partida, es decir el estacionamiento del edificio tres del PRI. De ahí, “el personal del Estado Mayor Presidencial, por su juventud y corpulencia, lo trasladaba” a la oficina de Cárdenas “en el segundo piso”.

Según Heredia, la operación se repitió en siete ocasiones, entre el 9 y el 20 de junio de 2000.

También en junio, Hortiales y Heredia fueron a unas oficinas del  STPRM en la colonia Cuauhtémoc, cerca de la embajada de Estados Unidos, por instrucciones de Cárdenas Elizondo, en una camioneta panel. Al llegar a ese lugar, Heredia se quedó en el vehículo, en tanto que Hortiales “subió a las oficinas, ignorando a qué piso y a quién vio”. Más tarde, “cuatro personas desconocidas” se acercaron para pedirle unas cajas de archivo muerto que traían en la panel, que poco después regresaron repletas de billetes.

De regreso al estacionamiento del PRI con esas cajas, Hortiales le dijo a Heredia que esperara un poco, que iba a enviar personal “con un diablito para cargar las cajas señaladas”. Todas las cajas fueron trasladadas a la oficina de Cárdenas Elizondo, ignorando, dijo el testigo, la cantidad que recibió Hortiales en el sindicato y el destino que tuvo.

En otra ocasión, Cárdenas Elizondo instruyó a Hortiales y a Heredia para que fueran a las oficinas del STPRM que están atrás de la Delegación Cuauhtémoc, a tres cuadras de la sede del PRI. Ahí se repitió la historia de las cajas de cartón, que fueron llenadas “al parecer con billetes” y que luego regresaron al estacionamiento del edificio tres del PRI y se entregaron en la oficina de Cárdenas, transportadas en un diablito.

Heredia aportó además información sobre Nuevo Impulso. Aseguró que Francisco Labastida y Cárdenas Elizondo dictaban las órdenes dentro de la asociación civil. En primer lugar daba las órdenes el candidato, que  asistía (a la oficina, en avenida Chapultepec) de regreso de cada viaje de campaña; “lo hacía normalmente por las noches y era para reunirse con el licenciado Jorge Cárdenas para la toma de decisiones”.

Por versiones de personal del departamento de Contabilidad, declaró  Heredia, se enteró que los ingresos monetarios de Nuevo Impulso provenían de donativos de simpatizantes de Labastida “promovidos por el señor Eduardo Bours a nivel nacional” y depositados en las cuentas de la asociación, entre ellas la de Banamex sucursal Sevilla.

Y declaró que “otras personas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI tenían conocimiento de que el dinero que recogían en el banco provenía de Petróleos Mexicanos; en algunas conversaciones con mis compañeros de trabajo Joel Hortiales y Melitón Antonio Cázares, éstos refirieron tener noticia de que varias personas del CEN del PRI tales como Dulce María Sauri y Carlos (Almada) López habían intervenido en la obtención de recursos de Pemex vía el sindicato petrolero para apoyar la campaña de Labastida”.

La misma fuente contó que en las negociaciones con Montemayor participaron también “algunos miembros del equipo de campaña del candidato, como eran Beatriz Paredes Rangel y Emilio Gamboa Patrón”. Ambos negaron la versión tras de que  Reforma publicó, el miércoles 9, el presunto papel de Labastida y algunos de sus colaboradores en el Pemexgate.

La Cherokee

Otro testimonio revelador es el de Francisco Serrano Segovia, empresario transportista que ha sido involucrado en actividades ligadas al narco. Manifestó que conocía a Labastida desde hacía más de 20 años y tenían “una estrecha relación de amistad”. Cuando Labastida contendía por la candidatura del PRI a la Presidencia, en 1999, Serrano le regaló una camioneta blindada de su propiedad, Jeep Gran Cherokee Limited, color negro, modelo 1998, ocho cilindros, con placas del Distrito Federal, con la factura endosada en blanco para que estuvieran cedidos los derechos.

Serrano afirma, en su declaración ministerial, que Labastida le habló “para agradecerle el obsequio de la camioneta”, vehículo que se usaría unos meses después en el operativo de  traslado de los famosos 640 millones de pesos al PRI.

La semana pasada, Labastida negó el regalo de Serrano. Dijo que la Cherokee le fue entregada “por el gobierno” durante su precampaña y que “nunca” fue empleada en transportar el dinero presuntamente desviado de Pemex. Según Labastida, la camioneta formó parte del equipo de seguridad donado por el gobierno a los candidatos a la Presidencia. “El Estado nos dio vehículos y escoltas a todos los aspirantes, incluido el señor presidente, Vicente Fox”, declaró a Reforma.

El destino

El uso preciso de los 640 millones de pesos aún se desconoce. Por versiones de varios testigos, se sabe que unos 40 millones fueron empleados por la secretaría de Operaciones Políticas del PRI. Otra parte fue usada por la secretaría de Elecciones. Se entregaron unos 18 millones a Téodulo González para que a su vez los distribuyera a representantes de Operaciones Políticas de comités estatales, entre ellos los del Distrito Federal, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua.

Cázares declaró, en calidad de “testigo protegido”, que por órdenes de Bretón se sacaba el dinero de las cajas fuertes del edificio tres del PRI, ubicadas en las oficinas de éste y en la de Cárdenas, se depositaban en un banco… y aparecían como si fueran hechos por terceras personas”. Los nombres de estas personas habían sido seleccionados previamente para que figuraran como aportantes.

El origen del dinero se disimuló también con el falso sorteo “Milenio Millonario”, tramado por el PRI y en el que supuestamente se pusieron a la venta 25 mil boletos, cada uno con valor de 5 mil pesos. Pero los boletos nunca fueron vendidos al público, afirmó Cázares, “por lo que Alonso Veraza y Teódulo González contactaron a militantes de los estados, les enviaron dinero y les pidieron que lo depositaran en un banco, como si fueran las ganancias por la venta de los boletos”.

La historia fue confirmada por  Pedro Beltrán Delgado, coordinador electoral del PRI en Zacatecas y quien acudía a reuniones en el  Distrito Federal. Dijo que Veraza le daba mensualmente 19 mil pesos y que un día de junio de 2000 le pidió que fuera a esperarlo al aeropuerto de Zacatecas y ahí le entregó 700 mil pesos “en una caja de cartón”;  le explicó que el dinero se tenía que depositar en una cuenta en Bancomer a nombre del PRI “bajo el concepto de sorteos y le dio un calendario de las fechas en las cuales se deberían realizar los depósitos…”

Según el juez que libró la orden de aprehensión, José Luis Moya, los elementos de prueba allegados a la causa acreditan la presunta responsabilidad de los funcionarios priistas Almada, Bretón, Cárdenas y Hortiales en la comisión del delito electoral consistente en destinar fondos de Pemex “para apoyar al Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral del año 2000”.

Se acreditó igualmente la presunta responsabilidad de los directivos de Pemex,  Montemayor, Juaristi, Domene y Pindter, en la comisión del delito de peculado electoral, “toda vez que ha quedado demostrado en autos que, en su calidad de servidores públicos, destinaron de manera ilegal fondos de los que disponían en razón de sus cargos”, vía el STPRM, para apoyar al PRI en el proceso electoral del año 2000.

La operación se evidencia en el convenio 9399 suscrito el 5 de junio de ese año, apunta el juez, “para lo cual resulta relevante la propia declaración ministerial de Rogelio Montemayor Seguy, quien reconoció haber participado en la suscripción del convenio… argumentando que dicha operación se llevó a cabo y se documentó con toda transparencia, que se informó a todas las instancias y autoridades respectivas, aun cuando no precisa a qué instancias y autoridades se refiere…”

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