Las aseguradoras extranjeras imponen su ley

Claudia Villegas Cárdenas

Fabio Covarrubias, socio del gobierno federal  en el Grupo Fertinal — el principal productor de fertilizantes fosfatados en el país– inició hace un año una batalla en contra del Grupo ING, dedicado a los seguros, que ha divido al sector privado y que exhibe la vulnerabilidad regulatoria del gobierno federal ante la creciente influencia de la inversión extranjera que controla el sector de seguros.

El 27 de septiembre del 2001, el huracán Juliette  azotó las costas de Baja California y colapsó las operaciones de la mina Rofomex, productora de mineral de fósforo y principal subsidiaria de Fertinal, empresa donde el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) posee el 46.95% de las acciones.

Aunque Fertinal pagó durante los últimos años un seguro por daños totales, la indemnización y la partida por daños nunca llegaron.

El ajuste y evaluación de los daños aún no concluye, asegura en entrevista Tomás Ruiz, director de la aseguradora ING Comercial América.

ING es filial de una aseguradora holandesa; durante la última década ha consolidado inversiones por más de 6 mil millones de dólares en el sector financiero mexicano y en el negocio asegurador controla el 20% del mercado.

En el caso de Fertinal, reconoce los derechos de endoso de los acreedores de la empresa, entre los que se encuentra Banco Unión, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Bank of America y el  proveedor de equipo Nissho Iwai Corporation.

Ante la imposibilidad de generar recursos desde hace 12 meses, Fertinal incurrió en un incumplimiento con Fianzas Monterrey, que provocó un embargo, diligencia en la que ING encontró otra razón para detener el pago de la indemnización correspondiente a la póliza de seguros Q6101004. Sin embargo, el juez quincuagésimo cuarto de lo Civil en el Distrito Federal determinó que ING tenía que depositar, ante esa autoridad judicial, 107.2 millones de pesos, que forman parte de la indemnización. ING, sin embargo, inició una demanda de amparo para evitar cualquier entrega de recursos, mientras defiende contra una orden de aprehensión al director general de ING Comercial América, el regiomontano Adrián Paez, cabeza de los cuadros directivos que les heredó Alfonso Romo, por su presunta participación en el delito de fraude al haber avalado, aparentemente, el cobro de  recursos provenientes del reaseguro de la prima.

Como parte del proceso penal 443/ 2002 que se instruye en el Juzgado Segundo de lo Penal en Baja California Sur, Fertinal logró que se giraran 10 órdenes de aprehensión en contra de los principales ejecutivos de ING Comercial América.

Por solicitud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la secretaría de Gobernación intervino como mediadora en el conflicto; sin embargo, el fuego cruzado se mantiene, pues de por medio se encuentra la indemnización más importante por parte de una aseguradora en el 2001; de hecho, se trata de la prima más alta después del pago por 275 millones de dólares que cobró el satélite Solidaridad I el 27 de agosto del 2000.

Las leyes y disposiciones administrativas que actualmente regulan la actividad de las instituciones de seguros en México no proporcionan a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  (CNSF) ni a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), facultades que obliguen a las instituciones de seguros a acatar sus resoluciones.

La Condusef sólo logró la creación de reservas por 24 millones de dólares que resultarían insuficientes para reparar los daños. Consultada sobre el caso, la CNSF, a través de su área de Comunicación Social, comentó que el caso no se encontraba dentro de su competencia.

Ahora, los mil trabajadores de la mina Rofomex podrían iniciar una huelga en contra de la compañía de participación mixta tras un año de haber suspendido en varias ocasiones el emplazamiento a huelga que tenían previsto desde octubre del 2001, de acuerdo con  Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, titular del contrato colectivo de trabajo con Rofomex y la Sección 295.

Asociación forzosa

Con recursos del Banco Unión, que ahora forman parte del rescate crediticio de esa institución a cargo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en septiembre de 1996 el interventor de ese banco decidió recomprar a 17 bancos nacionales y extranjeros la deuda de Fabio Covarrubias Piffer, consejero y vicepresidente de Banco Unión durante la época de Carlos Cabal Peniche, según consta en documentos del propio banco.

Por considerar que se trataba de  uno de los supuestos socios en la estrategia de Cabal Peniche de otorgar créditos a compañías fantasmas, el interventor gerente Eduardo Morillo Safa, consolidó en los pasivos de ese banco, para después llevarla a cartera vencida, la deuda total de Covarrubias por mil 637 millones de pesos.

De esta manera Morillo Safa pudo intervenir más de 21 compañías  relacionadas con el grupo de accionistas que representaba Covarrubias, miembro de una familia de empresarios del estado de Guanajuato, que conoció a Cabal Peniche en sus días como estudiante en la Universidad Anáhuac.

No obstante, la estrategia falló cuando ni el interventor ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pudieron encontrar evidencias para probar la participación de Covarrubias en la intrincada ingeniería financiera de Cabal Peniche. Ahora Fabio, presidente del Grupo Covarrubias, con participación en la industria textil, asegura que él fue el primero en romper de manera definitiva con Cabal.

Sin pruebas para inculpar e iniciar en un proceso judicial a Covarrubias, el entonces presidente de la CNBV, Eduardo Fernández, autorizó a Banco Unión capitalizar aquel  paquete de deuda, previamente adquirido con recursos de su propia cartera, por el 40% del capital de Fertinal, considerada en ese momento la joya de la corona del grupo de compañías en las que participaba Covarrubias.

Así se convirtió en socio del gobierno federal al controlar la participación mayoritaria y compartir la toma de decisiones en la principal compañía de fertilizantes del país, con activos valuados en 700 millones de dólares y capital contable de 300 millones,  que ahora se encuentra en riesgo ante el enfrentamiento que ha generado el pago de una prima estimada en 84 millones de dólares, debido a los daños causados por Juliette en la filial de Fertinal, la minera Roca Fosfórica (Rofomex), con operaciones en Baja California.

El grupo de Fabio Covarrubias engrosó las filas de los empresarios beneficiados por la privatización de la industria nacional de fertilizantes que llevó a cabo entre 1991 y 1992 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El anzuelo para atraer la participación de inversionistas privados fue la promesa de una integración, en el corto plazo, de su producción con la materia prima que producía Petróleos Mexicanos (Pemex), como amoniaco.

Desde 1993, Fabio Covarrubias cubrió pagos de 3 millones de dólares anuales por concepto de pólizas, con lo que sumó más de 24 millones de dólares.

Después de la salida de la familia Dosal en 1997, otro de los accionistas de Fertinal, la participación de Banco Unión aumento a 46.95% y la de Covarrubias se ubicó a 53.05%.

Aunque de manera original el seguro de Rofomex en Baja California se contrato con Asemex, a raíz de  la adquisición de este grupo financiero por el Grupo Pulsar del empresario regiomontano Alfonso Romo, la póliza pasó a la cartera de Seguros Comercial América y, a partir de junio del 2001, a la aseguradora holandesa ING, cuando adquirió el grupo mexicano, en una operación que superó los 2 mil millones de dólares. ING controla el 20% del mercado asegurador nacional.

Para algunos sectores del sector privado, los problemas que ha enfrentado Fertinal para cobrar el total de la indemnización y, en principio y de manera inmediata, una partida de gastos “consecuenciales” por aproximadamente 35 millones de dólares, para inversiones de emergencia dirigidas a eliminar la inundación en la mina, representan la confirmación del excesivo poder de las aseguradoras extranjeras que dominan el mercado mexicano.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Yeidckol Polevnsky, encabezó la defensa del Grupo Fertinal frente a ING, después de que a 12 meses de los daños causados por Julliette no ha cubierta la indemnización.

Sin embargo, organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Héctor Rangel Domené, regiomontano que trabaja para el Grupo BBVA, consideró inadecuadas las críticas al sector asegurador. En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en donde participan las 70 compañías controladas por capital extranjero, estableció que el sector asegurador cumple cabalmente con su función de proteger el patrimonio de empresas y ciudadanos mexicanos, pues al cierre del 2001 pagó por concepto de indemnizaciones por siniestros más de 56 mil 553 millones de dólares, y cuenta con reservas por 132 mil millones de pesos para garantizar los “seguros que tienen vigor”.

En el caso de ING Comercial América, concentró indemnizaciones por 14 mil millones de pesos en medio millón de siniestros.

El vicepresidente de la Canacintra, Juan Pablo Vilar, aseguró que la disparidad en las negociaciones entre una aseguradora como ING y una compañía mexicana, es sólo una muestra de lo que puede suceder de continuar con la extranjerización de ese sector.

“De seguir así, nos vamos a encontrar con la noticia de que simplemente ya no se cuenta con proveedores con los que se pueda negociar”, dijo Vilar, quien también solicitó una nueva regulación para el sector asegurador, que ahora se encuentra en 90% en manos de extranjeros.

El vicepresidente de la Canacintra adelanta que, a raíz del huracán Isidore, ha recibido varias llamas de empresarios del estado de Yucatán que comienzan a registrar problemas para el pago de sus seguros.

Y es que las aseguradoras extranjeras que dominan el mercado mexicano prefieren concentrar su atención en seguros de vida, pensiones, accidentes y enfermedades, segmentos con mayor rentabilidad y menor impacto financiero.

Al cierre del 2001, más del 50% del volumen de primas fue generado por este tipo de seguros, situación que contrasta con la emisión de pólizas para cubrir accidentes y robo de autos así como daños, seguros que en 1997 llegaron a representar el  70% del total del sector.

Con un crecimiento de 19% en la emisión de primas al primer semestre de este año, la tendencia se consolidó en los mismos términos con un total de primas directas por 62 mil 518 millones de pesos, 9 mil 914 millones más que lo producido en el primer semestre del 2001.

Gracias a ese enfoque, la industria aseguradora en México se ubica como la de mayor crecimiento en América Latina en una economía en recesión.  De acuerdo con la agencia Standard & Poor’s, las  filiales de aseguradoras foráneas generan en el mercado mexicano el 25% del volumen total de las  primas emitidas en la región, con lo que consolidan tasas de crecimiento de 13% durante los últimos cinco años.

Después de que en 1993 una guerra de precios puso en jaque la operación de más de 15 aseguradoras controladas por inversionistas mexicanos, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) advirtió sobre una ola de intervenciones de no renovarse el capital de estos intermediarios. Así comenzó la extranjerización del sector.

En 1991 sólo nueve compañías aseguradoras registraban coinversiones de capital, principalmente europeo, mientras que en 1992 fueron 12 las firmas con participación extranjera.  En 1993, más de 30 compañías aseguradoras y afianzadoras de Europa y Estados Unidos llegaban al mercado mexicano.

Fue en 1990 cuando se hicieron modificaciones a la Ley General de las Asociaciones de Seguros y Fianzas para permitir una participación mayoritaria de capital extranjero.

En entrevista, Ismael Gómez Gordillo, presidente de la CNSF en 1993, reconoce que ahora las decisiones y evaluaciones sobre la magnitud de un siniestro así como el pago de las primas contratadas, no se toman en las oficinas de México de las aseguradoras, sino en sus oficinas centrales, lo que involucra un tiempo de espera más largo para los asegurados.

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