La “migra” estilo mexicano

Velia Jaramillo

Después de los ataques terroristas a Estados Unidos, México parece adoptar una nueva modalidad para controlar la migración de las familias centroamericanas. Separa a sus integrantes: deporta a uno de ellos y retiene al resto en México, según denuncias de ONG. Ello a pesar de que varias de esas familias cuentan con documentación para transitar por México e ingresar a Estados Unidos.

CIUDAD DE GUATEMALA.– El pasado 23 de julio, el ciudadano salvadoreño Jesús Jiménez Portillo viajaba con su esposa y su hija de 6 años en un autobús de Transportes Frontera. Iba de Monterrey a la ciudad de Nuevo Laredo. Llevaba 300 dólares, pasaportes salvadoreños, una visa transmigrante otorgada por el gobierno mexicano y una visa de entrada a Estados Unidos otorgada después del huracán Mitch.

Un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) de Nuevo León, los detuvo a 20 kilómetros de Monterrey, revisó sus documentos y le exigió 3 mil dólares para continuar. Ante la negativa de Jiménez Portillo, el agente destruyó sus documentos, los retuvo cuatro días en Monterrey y luego los deportó.

En el traslado de regreso a la frontera con Guatemala, la familia salvadoreña fue trasladada a Querétaro, donde permaneció tres días. Luego fue separada en el Distrito Federal, donde sus miembros quedaron detenidos. El 15 de agosto, Jesús, quien permanecía recluido en una cárcel de Naucalpan, fue puesto en un autobús de regreso a la frontera guatemalteca. Iba solo. Le aseguraron que su esposa e hija viajaban adelante, en otro autobús. Sin embargo, cuando llegó a  La Mesilla no pudo encontrarlas. Varias semanas después de su detención, su familia sigue desaparecida.

El caso de Jiménez llegó hasta la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, que obtuvo albergue temporal para el migrante e inició gestiones ante el agregado Migratorio de México en Guatemala, Alejandro González Navarro, para ubicar a María Julia Rivas de Portillo y a Julia Rivas, la esposa e hija menor del salvadoreño. Pero no ha habido resultados.

González dice que están a la espera de un informe solicitado al INM, y Jiménez constató que su familia no se encontraba en La Mesilla en los días posteriores a su deportación, ni ha retornado a El Salvador. Las pesquisas de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala en la frontera de El Carmen también fueron infructuosas. Personal del consulado de El Salvador en Guatemala recomendó a Jiménez regresar a su país para presentar una denuncia formal contra las autoridades migratorias mexicanas.

Historias repetidas

Casos como el de Jesús están proliferando en los últimos meses, denuncian voceros de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), una coalición de más de 20 organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes. Anabella Noriega, coordinadora ejecutiva de la MENAMIG, sostiene que ésta práctica de separar a familias de migrantes en la repatriación ha sido más frecuente después de los atentados del 11 de septiembre, cuando las políticas antimigratorias de Estados Unidos y México se endurecieron.

“La práctica no es de ahora, pero en los últimos meses ha sido mucho más visible. Cuando escuchamos los testimonios de migrantes deportados de México constatamos que se repiten éstas historias, y ha habido casos en los que padres separados de sus hijos no han vuelto a saber de ellos.”

Se trata, evalúa Noriega, de estrategias aplicadas por las autoridades migratorias mexicanas para garantizar que no habrá un nuevo intento de retorno a Estados Unidos. “Pero –señala Mauro Verzelleti, coordinador de la Casa del Migrante en Guatemala– no hay quien se responsabilice de los graves daños que provocan esas políticas. Son medidas que destruyen a una familia y dejan a una persona –en este caso a una mujer y a su hija pequeña– en un estado de extrema indefensión”.

Verzelleti cuestiona: “El gobierno mexicano y Vicente Fox han dicho bonitas palabras, han hecho grandes propuestas, han hablado mucho en defensa de los derechos humanos de los migrantes, pero la realidad es otra, quieren mantener una cara limpia frente a la sociedad civil en el tema migratorio, pero tejen políticas sucias a sus espaldas. No hay transparencia política de los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema migratorio”.

Noriega observa: “A partir del 11 de septiembre de 2001 las políticas migratorias en México son más duras. Las fronteras se  cierran y la actitud de la policía y los agentes migratorios es más agresiva”.

En uno de los incidentes, el 17 de julio, en Comitán, Chiapas, el migrante guatemalteco Marco Tulio Barrios, de 29 años, fue herido de bala por policías mexicanos que abrieron fuego contra el vehículo que lo transportaba con otros nueve indocumentados. Los hechos sucedieron después de que el conductor desoyó la orden de detenerse en un retén de la policía.

Pero el caso de Jesús reviste especiales irregularidades. El migrante asegura que viajaba con pasaporte salvadoreño, visa mexicana transmigrante y visa estadunidense para 5 años, documentos que le fueron destruidos. Fue separado de su familia y deportado hasta la frontera de México con Guatemala. Ello a pesar de que está en marcha un plan de retorno seguro en el que los migrantes son transportados hasta la frontera de su lugar de origen por las autoridades mexicanas.

El testimonio de Jiménez fue presentado el 6 de septiembre en un foro sobre migración organizado por la MENAMIG. Allí, entre lágrimas, el plomero y electricista originario del departamento de San Miguel, relató su larga travesía que desembocó en la separación y desaparición de su familia.

Contó que en Guatemala inició un largo peregrinar ante la Procuraduría de Derechos Humanos en la zona fronteriza de Hehuetenango, en la capital guatemalteca y el consulado de su país, sin obtener respuestas sobre el paradero de su familia. Finalmente, retornó a El Salvador.

“Mi preocupación es saber de mi familia, porque a ésta hora no sé nada de ella”, dice Jiménez.

Aferrado a los oficios de la Procuraduría de DH, la única documentación que le quedó, el salvadoreño asegura que continuará con sus pesquisas y su denuncia en su país “para que se sepa lo que las autoridades mexicanas hacen con nosotros, con o sin documentos”.

“Este caso debería indignar y mover a las autoridades. Se trata de un migrante que viajaba con papeles y ni aún así no pudo evitar los abusos de las autoridades. Ahora los centroamericanos no pueden migrar ni con visa, son tratados como terroristas y los gobiernos se limitan a la función policial de resguardar sus fronteras de la migración”, acusa Vercelletti.

“Debería haber una estrategia política de los países de la región que exigiera a México cumplir con su discurso promigrantes. México es uno de los 19 países que ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes Trabajadores y sus familias que aprobó la ONU hace 10 años, instrumento cuya aplicación se mantiene congelada porque requiere la adhesión de 20 países, pero lo que están haciendo sus autoridades es una barbaridad.”

La migra mexicana

Edbin Girón, funcionaria de la Defensoría de Población Arraigada y Migrante, quien conoció del caso, sostiene que la institución, que mantiene oficinas de apoyo a migrantes en municipios de la frontera guatemalteca con México, ha detectado un aumento en los casos de abuso. Ello, a pesar de la anunciada depuración de la policía migratoria mexicana para frenar las extorsiones contra los indocumentados.

Alejandro González Navarro, agregado de Migración de México en Guatemala, reconoce que hay “aparentes irregularidades” en éste caso aunque, advierte, las autoridades mexicanas están buscando constatar su veracidad.

En entrevista con Proceso, González asegura que los migrantes que viajan en familia no deben ser repatriados por separado: “Ahí opera el principio de unificación familiar. Es una regla de la autoridad migratoria. Las familias de migrantes son repatriados juntos. Este es el primer caso que conozco en el que son deportados por separado”.

Afirmó que, de confirmarse las irregularidades, “procederíamos a fincar responsabilidades y se daría vista a la Contraloría Interna del Instituto Nacional de Migración”. El afectado, expuso González, será informado del resultado de las pesquisas.

Es, al parecer, demasiado tarde: Jesús tuvo que emprender el camino de regreso a El Salvador.

El dilema

El caso de Jesús pone otro tema sobre la mesa: los problemas que enfrentan los migrantes centroamericanos establecidos en Estados Unidos para reencontrarse con sus familias que dejaron en sus países. La migración puede significar una larga separación de padres y madres con sus hijos y, ante el endurecimiento de las políticas antimigratorias, el reencuentro se complica. Muchos están optando por emigrar con sus familias.

De acuerdo con registros de la Casa del Migrante de Tecum Uman, en la frontera con México, en 20% de los casos que atienden, los migrantes son menores de edad que van acompañados por un familiar adulto. En algunos casos, los menores viajan solos.

En abril de este año, las autoridades migratorias de la embajada estadunidense en El Salvador y autoridades guatemaltecas detectaron en territorio guatemalteco siete camiones que habían partido de El Salvador hacia Estados Unidos con más de 50 niños y adolescentes indocumentados. El más pequeño tenía año y medio, los mayores, 17 años. Viajaban para reunirse con sus padres en ciudades estadunidenses. Algunos habían sido dejados al cuidado de familiares desde muy pequeños y sus padres habían pagado 5 mil dólares por el frustrado reencuentro. Doce coyotes que viajaban con los pequeños fueron detenidos.

El 12 de agosto, las autoridades estadunidenses anunciaron el desmantelamiento de una banda multinacional dedicada al contrabando de niños guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que viajaban desde El Salvador para ser entregados a sus padres en Estados Unidos.

La investigación fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos de las oficinas de México, Los Angeles, Washington y El Salvador, conjuntamente con autoridades migratorias de Guatemala y El Salvador. Las investigaciones concluyeron que el grupo operaba desde 1994. Las autoridades presumen que la banda estaba ligada a actividades de prostitución infantil.

El 9 de agosto los salvadoreños Ana Karina Cruz, Juan Orlando Servellón y Andrea Girón fueron enviados de El Salvador a Houston, Texas, donde fueron arrestados. El 15 de julio, las autoridades estadunidenses detuvieron a Bertha Parada Campos, acusada de ser la líder de la banda. Guillermo Antonio Paniagua fue detenido en Houston. No se conoció de la detención de autoridades migratorias vinculados con la red. “Desbaratar a esta organización criminal es un triunfo de las agencias policiales en su esfuerzo por acabar con el contrabando ilegal de niños con fines de lucro”, declaró Johnny Williams, comisionado ejecutivo de operaciones del SIN.

Pero el dilema de las familias separadas por la migración sigue ahí.

Comentarios