Iniciativa de mordaza informativa en Guanajuato

El 27 de septiembre, el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, envió al Congreso del Estado su iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Se trata de un documento normativo que muestra estar varios pasos atrás de la tendencia nacional que se ha observado en este tema. Es un poco más avanzado que la fatídica Ley de Acceso a la Información Pública de Jalisco, pero se queda corto si se le compara con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y lo es más todavía si se hace lo mismo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Es de observarse la voluntad del gobierno de Guanajuato por tener una ley en la materia, para estar al mismo tiempo a tono con el nuevo entorno del país y para no ir mucho a la zaga de la ley federal negociada con el presidente Fox, oriundo precisamente de ese Estado, pero que ésta no vaya más lejos de lo que las circunstancias políticas permitan,  limitándose a proponer los mínimos que en la lógica del gobernador Romero Hicks serían aceptables. Existe, por supuesto, un conjunto de argumentos que permite sustentar los asertos anteriores.

Primero. El universo de sujetos obligados que prevé la iniciativa se constriñe únicamente a los que establece la ley federal en la materia, pero deja fuera a los partidos políticos y a los organismos privados que ejerzan actos de autoridad y reciban fondos públicos, como lo establece la Ley de Sinaloa, lo que pone de relieve el minimalismo de Romero Hicks de seguir el libreto al pie de la letra en este rubro.

Segundo. Es de llamar la atención que la iniciativa establezca un período máximo de reserva de 20 años por cuanto concierne a la información clasificada como reservada,  si se le compara con los 12 que prevén las leyes federal, la de Sinaloa y la de Michoacán, por citar algunos ejemplos. Vale decir aquí que el verdadero espíritu foxista se demuestra en su máxima expresión, el cual no pudo concretarse a nivel federal por la presión de la sociedad organizada.

Tercero. Mientras en las leyes de Sinaloa y de Michoacán se establece un período máximo de 10 días hábiles para responder a las solicitudes de información pública, en la iniciativa de Romero se duplica el tiempo y se establecen 20 días hábiles.

Cuarto. Las leyes de acceso a la información pública son generadoras de derechos para las personas, no de obligaciones, las cuales deben existir, ni duda cabe, pero no en el mismo cuerpo normativo por su efecto inhibitorio para traducir en acto el derecho de acceso a la información pública. Sobra decir que en este tipo de leyes las obligaciones son para los sujetos obligados a informar. La iniciativa aborda el tema del uso de la información pública y pontifica sobre el tipo de uso que debe dársele al establecer en el artículo 50: “Los particulares deberán hacer uso adecuado de la información pública solicitada, en caso contrario, serán sujetos de la responsabilidad que las leyes establezcan”. Debe quedar claro que si con la información pública el ciudadano incurre en un acto sancionado por las leyes debe actuarse en consecuencia, pero esas previsiones no deben incluirse en una ley de acceso a la información pública porque establece un impacto negativo y falta de confianza entre las personas para utilizar cotidianamente esta herramienta legal.

Quinto. La iniciativa otorga amplia discrecionalidad a los sujetos obligados para clasificar la información como reservada o confidencial al no incluir el principio de la prueba de daño que tanto las leyes federal y la de Sinaloa y Michoacán cuentan con el propósito de acotar al máximo esa posibilidad. Se trata de una cuestión de importancia capital porque si se deja al libre arbitrio del sujeto obligado el acceso a la información pública puede convertirse en una excepción y no en una regla general como se supone que debe propugnar una ley en este ámbito.  El principio de la prueba de daño previsto, por ejemplo, en el artículo 21 de la Ley de Sinaloa, establece para tranquilidad de las personas: “El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que: I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley; II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley. III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia”.

Sexto. La iniciativa sospechosamente no establece ningún órgano con autonomía para vigilar el debido cumplimiento de la ley. Se trata de la mejor fórmula para que el ciudadano no tenga los potenciales beneficios del acceso a la información pública. Es verdad que la iniciativa establece que si la persona desea recurrir la resolución del sujeto obligado a informar puede iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se trata, por supuesto, de un despropósito: ¿Qué ama de casa, estudiante, taxista u obrero va a contratar un abogado para llevar a cabo un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a efecto  de conocer unos datos que le pueden ayudar a mejorar su nivel de vida en un caso cotidiano? Como se dice coloquialmente, va a resultar más caro el caldo que las albóndigas, en perjuicio, como siempre, de los que menos tienen. La creación de órganos reguladores con autonomía para vigilar el cumplimiento de la ley tiene la bondad en una sociedad como la mexicana de facilitar las cosas al gobernado, de promover la socialización de conocimiento y de resolver las controversias como un órgano especializado, que no lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de suerte que si se aprueba esta iniciativa los ciudadanos habrán de esperar varios meses, abogado de por medio, para resolver una cuestión de información pública.

Séptimo. Finalmente, si no tiene órgano de vigilancia de la ley, se puede explicar que la iniciativa deja fuera toda referencia a la educación como vehículo primordial de transmisión de conocimiento para que desde la niñez las personas estén familiarizadas con el valor social del acceso a la información pública. Es algo congruente con la iniciativa: la mayoría de las personas nada importa. Valiente derecho de acceso a la información en esta inquietante iniciativa que no debería aprobar el Congreso de Guanajuato. (Comentarios: evillanueva99@yahoo.com y www.limac.org.mx)

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