MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales hicieron un enérgico llamado al presidente Felipe Calderón para que ponga en marcha acciones de protección a defensores de derechos humanos, luego de los recientes asesinatos y atentados contra cinco activistas, cuatro de ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En un comunicado, cinco grupos no gubernamentales con presencia en el estado de Guerrero advirtieron que los asesinatos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, el atentado contra Norma Andrade y el secuestro de Eva Alarcón y Miguel García Bautista, así como la muerte “no esclarecida” Joel Santana Villa, ocurrida en la cárcel de Iguala, revelan la urgencia de que el gobierno federal asuma su responsabilidad en la protección de los activistas, más aún cuando los primeros cinco habían informado sobre las amenazas de que fueron objeto. “Si bien el gobierno federal podrá argumentar que todos los casos son de índole estatal, el hecho es que por tratarse de defensores que estaban relacionados con casos muy sensibles y de alto interés para la opinión pública no debe negarse su responsabilidad, pues es el representante ante la comunidad internacional del Estado mexicano”, se indica. El gobierno de Calderón, sostienen, “está obligado a responder, coordinar y supervisar acciones entre la Federación y sus estados para proteger la vida, integridad y seguridad de todos los mexicanos”. Luego de repudiar que en algunos de estos casos se busque involucrar a las víctimas con el crimen organizado, las organizaciones exigieron la “creación de mecanismos eficaces y oportunos para garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos y de los activistas sociales”, toda vez que los hechos recientes demuestran “la alta vulnerabilidad en que nos encontramos para realizar nuestras actividades”. Las ONG también reclaman el esclarecimiento de “cada asesinato, de cada desaparición”, así como investigaciones “apegadas a derecho que deben dar certeza jurídica y ser creíbles”, con el fin de que los responsables “sean llevados a juicio y sentenciados para que paguen por sus acciones, terminando así con la impunidad rampante que se pasea por el país”. La exigencia la respaldan el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) y Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero. Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) envió una carta al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en la que advierte que el gobierno de Calderón “ha sido omiso y negligente en la adopción de medidas urgentes de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, como lo demuestran los lamentables hechos relacionados con Nepomuceno Moreno, Norma Andrade y Trinidad de la Cruz”. En la carta de Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, se rechaza la participación de esta organización en la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, de la que forma parte, “hasta que se demuestre un interés claro por parte de las autoridades federales de avanzar en temas clave”, como son el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), “en consulta con las víctimas y sus representantes”, así como el establecimiento de un mecanismo efectivo de protección para periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos”. La CMDPDH también deploró la reacción de Calderón Hinojosa, en el sentido de “amedrentar e intimidar a los 23 mil mexicanos que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional”, hechos con los que su gobierno atenta “contra la libertad de expresión y cuestionan el derecho de los ciudadanos de defender los derechos humanos, así como buscar por medios pacíficos mecanismos para acceder a la justicia”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó también el asesinato de Trinidad de la Cruz, líder comunitario e integrante del MPJD, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el municipio de Aquila, Michoacán, luego de haber sido privado de su libertad el día anterior por sujetos armados. En el comunicado, la ONU instó a las autoridades competentes a impulsar investigaciones serias, imparciales, expeditas y diligentes sobre dicho crimen y a desplegar una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de los campesinos ecologistas de Guerrero, Eva Alarcón y Marcial autistas, quienes fueron “levantados” ayer en Petatlán, Guerrero.