MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local aprobó hoy las nuevas leyes de Atención y Protección a las Víctimas del Delito y de Protección a Testigos y Terceros Involucrados en un Proceso Penal. La Ley de Atención y Protección a las Víctimas del Delito surge de la fusión de iniciativas que en ese sentido fueron enviadas por el Ejecutivo estatal y la coordinadora de la fracción panista, Magaly Cruz Nucamendi, con el fin de revalorar y restituir en sus derechos a la víctima de un delito, otorgándole un papel preponderante dentro del proceso penal. En la discusión del dictamen, el diputado Omar Corzo Olán, del PVEM, expuso que con este nuevo ordenamiento se fortalece la atención a las víctimas que han sido afectadas como consecuencia de algún delito, con el fin de que le sean reconocidos sus derechos mínimos fundamentales, y continuar así con la conformación del orden jurídico necesario para aplicar exitosamente el nuevo proceso penal. Además, detalló que esta nueva norma obliga a la Fiscalía General del Estado (FGE) a crear todas las medidas de atención y protección a víctimas de delitos. Se crea también un Comité Técnico Interinstitucional para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito, como un órgano de asesoría, apoyo, evaluación y consulta del gobierno del estado, de carácter permanente, el cual promoverá, propondrá y concretará acciones a favor de la atención y protección de las víctimas del delito en la entidad. “Dentro de los muchos derechos de esta iniciativa, destaco, por ejemplo, el que la víctima deberá ser informada directa, oportuna y adecuadamente de los derechos a su favor; deberá ser tratada con la atención y el debido respeto a su dignidad humana, sin ninguna forma de discriminación; deberá recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio de la investigación para la defensa de sus intereses, y solicitar justificadamente a la vicefiscalía el reemplazo del defensor público asignado”. Por su parte, Cruz Nucamendi resaltó que la norma complementa el marco normativo para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal. Así mismo, se aprobó la ley de protección a testigos, cuyo objetivo es persuadir de un posible accionar desleal o negligente a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la seguridad de las personas cuya vida o integridad corporal puede estar en peligro por su intervención en la averiguación previa o el proceso penal. Durante la discusión, la diputada priista Martha Góngora Sánchez argumentó que con esta nueva ley se otorga libertad y protección a los yucatecos que tengan el deber de testificar o acceder a colaborar con la procuración de justicia. Afirmó que la ley de protección a testigos es parte de las acciones encaminadas a la correcta aplicación de la implementación de la reforma en materia de justicia, y destacó entre sus puntos más relevantes la creación de un programa para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada. Asimismo, señaló que se garantiza la seguridad de los parientes en línea recta y colateral hasta el tercer grado del testigo en riesgo y aquellas personas que se encuentren vinculadas a éste por un lazo afectivo, y que la FGE será la institución responsable de brindar protección a los testigos, así como determinar las atribuciones de la Dirección de Atención a Víctimas para cumplir sus funciones en la materia. “Otras medidas de protección a favor de los testigos son: la custodia personal o residencial, el cambio de residencia o a la reubicación temporal o definitiva del beneficiario en otra entidad o fuera del país, el suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, y reinserción laboral”, explicó. De igual forma, se prevé todo lo relativo a las sanciones que deberán imponerse a quien no cumpla con el objeto de la ley y con las disposiciones contenidas en la misma, para lo cual se prevé que, cuando se trate de un funcionario, éste debe ser sancionado en términos de lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Yucatán, con independencia de las sanciones penales y civiles que su actuación pueda ocasionar. Finalmente, aseguró que con esta nueva norma se otorga libertad y protección a los yucatecos que tengan el deber de testificar o acceder a colaborar con la procuración de justicia, además de que se logra el equilibrio entre las garantías del debido proceso y los deberes de quienes participan en el esclarecimiento de hechos delictivos.