CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Dos días después de la represión a estudiantes, en que fueron asesinados a tiros dos jóvenes, el gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó los hechos violentos y se deslindó de haber ordenado el envío de agentes armados para sofocar la protesta, aunque también rechazó pedir licencia al cargo, como exigen los normalistas. En rueda de prensa realizada esta tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, Aguirre Rivero advirtió: “Que quede muy claro, el gobernador ni ordenó a los cuerpos policíacos que fueran armados ni mucho menos que se hicieran disparos”, y aseguró que él es el más interesado en que estos hechos se investiguen y no queden en la impunidad. Declaró que hasta el momento no han determinado quién disparó contra los manifestantes y tampoco saben qué autoridad decidió enviar policías estatales armados para reprimir la protesta. También dijo que los hechos violentos del lunes 12, donde dos normalistas fueron asesinados a tiros y cuatro más resultaron heridos de bala durante un desalojo realizado por policías estatales y federales al sur de esta capital, pudieron ser generados por “personas interesadas” en desestabilizar su administración. No obstante, admitió que los reportes preliminares realizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) indican que los dos normalistas asesinados presentan impactos de fusiles AK-47, conocidos también como cuerno de chivo, y de G-3, utilizados por el Ejército Mexicano y corporaciones policiacas. Lo que no especificó Aguirre Rivero es que ambos rifles de asalto utilizan balas calibre 7.62x39 milímetros. Luego destacó que diez policías estatales permanecen arraigados y sometidos a pruebas de radizonato de sodio para determinar su responsabilidad en el homicidio de los estudiantes, cuya investigación ya fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), aunque hasta el momento se desconoce el resultado de las pruebas. De estos elementos, cinco son agentes ministeriales y los otros cinco miembros de la Policía Preventiva Estatal (PPE), quienes se desempeñaban como escoltas del recién destituido subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, admitió el gobernador. Y ante la polémica generada ayer por la tarde entre el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, debido a que autoridades de ambas instancias se acusaron mutuamente de abrir fuego contra los inconformes, Aguirre dijo que no es prudente hacer señalamientos antes de que concluyan las investigaciones. "Nosotros no vamos a caer en ese juego, no vamos a hacer señalamientos de ninguna naturaleza, diciendo que se trababa de policías federales o si eran policías ministeriales, o si eran policías estatales o si eran policías municipales; no queremos hacer ese tipo de juicios que no contribuyen a nada”, expresó. Ello a pesar de que el martes anterior, el gobierno de Guerrero difundió un fragmento de un video donde se muestra a policías federales sometiendo a golpes a los manifestantes y realizando disparos al aire; en respuesta, José Ramón Salinas, vocero de la SSP federal, señaló que, de acuerdo con los peritajes de trayectoria balística, fueron elementos ministeriales y estatales quienes dispararon en contra de los normalistas. Sobre la renuncia de su gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, el gobernador dijo que no fueron destituidos, sino que los ahora cuatro exfuncionarios decidieron presentar su dimisión al cargo para contribuir con las investigaciones que realiza el Ministerio Público del fuero común y que ya fueron atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR). Quienes se separaron del cargo fueron el procurador Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, y el director de la Policía Ministerial (PM), Antonio Valenzuela Valdez. En el caso de los diez policías estatales que están bajo investigación, el gobernador reveló que, desde el martes 13, la PGR les aplicó pruebas de radizonato de sodio, y agregó que ya había solicitado el resultado al delegado de la dependencia federal en la entidad, Iñaki Blanco Cabrera; es por ello que los uniformados, reiteró, aún se encuentran bajo arraigo. Luego señaló que las investigaciones no sólo deben determinar quién disparó contra los manifestantes, sino indagar la presunta intervención de agentes externos: “Que se vaya más allá, porque también en esto pudo haber autorías intelectuales, y en eso tampoco podemos ser tan ingenuos y perderlo de vista; de personas interesadas en que mi gobierno entre a un proceso de desestabilización”, soltó Aguirre. También dijo que es necesario investigar qué pasó con las instalaciones de la gasolinera donde una bomba de combustible fue incendiada y que, a pesar de que el siniestro no provocó una catástrofe, causó lesiones en un trabajador de la estación de servicio Eva 2, quien actualmente se encuentra grave por las quemaduras. Toman estaciones de radio En tanto, los normalistas prosiguieron con las movilizaciones y este día tomaron la cabina de dos radiodifusoras capitalinas, con el fin de difundir un mensaje, donde insistieron en exigir el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. En esta acción, realizada por la tarde, los estudiantes señalaron que no basta con la renuncia del gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia; por el contrario, advirtieron, que es necesario que el gobernador Aguirre se separe del cargo y, además, anunciaron una nueva marcha para este viernes 16 en las calles de Chilpancingo. Por la mañana, los inconformes se adueñaron de por lo menos ocho autobuses que ocuparon para continuar con sus protestas, acompañados por líderes estudiantiles de Normales rurales de otras entidades del país. CNDH solicita medidas cautelares La Procuraduría General de la República (PGR) informó que atrajo la investigación para esclarecer los motivos por los que dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa perdieron la vida durante un desalojo policiaco en la Autopista del Sol. Entrevistado en la Cámara de Diputados, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, exigió a las autoridades no dejar impune el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. El poeta y escritor afirmó que el caso no se resolverá con la destitución del secretario de Seguridad y el procurador estatal y que se requiere de una investigación a fondo y que se haga cumplir la ley. Sostuvo que la violencia contra los jóvenes no abona a la paz, porque “ante la respuesta violenta a cualquier cosa, el único que pierde es el país”. Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la SSP federal, al gobierno de Guerrero y a la presidencia municipal de Chilpancingo para que se garantice a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia “por medio de una adecuada investigación”. La CNDH asegura en un comunicado que en esos hechos se transgredieron derechos a la vida, integridad física y seguridad de al menos seis víctimas, entre ellas los dos estudiantes asesinados. El organismo solicitó a las dependencias señaladas que se brinde atención de urgencia a las víctimas, familiares y testigos, a través de la intervención de médicos, psicólogos y abogados. También pide a las autoridades involucradas que resguarden y preserven las pruebas, evidencias e indicios relacionados con el caso, “necesarios para contribuir a su esclarecimiento y deslindar responsabilidades”. Asimismo, pidió a las autoridades dar acceso a las averiguaciones previas y las constancias que las integran, es decir, los videos, grabaciones y demás pruebas que se tengan de los hechos. Más movilizaciones Las manifestaciones de repudio a la represión sufrida por los normalistas el lunes pasado también se reprodujeron hoy en la Ciudad de México y Oaxaca. Alrededor de 300 jóvenes, encabezados por la Federación de Estudiantes Campesino Socialistas de México, marcharon del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación para exigir castigo a los culpables del doble asesinato, la liberación de presos y presentación con vida de los desaparecidos. Los inconformes pidieron se inicie juicio político al gobernador Ángel Aguirre y exigieron a las autoridades no criminalizar la protesta social. En Oaxaca, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también exigieron castigo para los responsables del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Maestros y estudiantes de las escuelas normales de Oaxaca realizaron diversas reuniones para iniciar una jornada de lucha en los próximos días y así manifestar su inconformidad por las acciones represivas. El secretario general de la sección 22, Azael Santiago Chepi, hizo un llamado a los normalistas de Oaxaca para que “alcen la voz en contra de las injusticias. Basta ya de evadir una realidad que día con día carcome nuestras entrañas, basta ya de permitir homicidios y violaciones a los derechos humanos”.