MÉXICO, D.F. (apro).- Con un año y cuatro meses de retraso, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del Estado mexicano, ofreció una disculpa pública a la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú, en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de sus derechos humanos, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Poiré Romero fue el portavoz de la disculpa pública que el Estado mexicano ofreció a Rosendo Cantú, aunque evitó mencionar que la indígena tlapaneca (me pháa) fue violada y torturada sexualmente por una turba de militares en febrero de 2002, cuando se encontraba lavando en un río cercano a su comunidad, Caxitepec, municipio de Acatepec, en La Montaña de Guerrero. La sentencia fue emitida por la Coidh el 30 de agosto de 2010. En el museo de la Memoria y la Tolerancia, en el Centro Histórico, el discurso de Poiré estuvo precedido por el de Valentina Rosendo, así como de las procuradoras general de la República, Marisela Morales, y de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías, y del secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, además del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández. Vestida de blusa blanca, falda negra bordada, abrigada con un reboso blanco y calzada con huaraches, Valentina Rosendo, acompañada de su hija Yenis Bernardino y su madre, María Cantú, hizo una relatoría de sus casi diez años de sufrimiento no sólo por la agresión de los militares, sino por las consecuencias que le acarreó denunciar a miembros de las fuerzas armadas, entre ellas tener que abandonar su tierra y vivir a salto de mata ante las constantes amenazas de muerte. “Por no quedarme callada he tenido consecuencias graves: después de denunciar comenzaron a subir militares a mi comunidad; rodeaban mi casa exigiéndome que señalara a los que me agredieron. El presidente municipal de Acatepec fue a la comunidad a decir que dejara de señalar al Ejército y le advirtió a la comunidad que si no lo hacía, ya no les iban a dar apoyos para obras y servicios”, recordó Valentina en un discurso entrecortado por sus lágrimas. Valentina confió en que el acto de desagravio impulse más denuncias de mujeres, como ella, víctimas de violaciones sexuales cometidas por militares, e hizo un reconocimiento a las organizaciones sociales que la acompañaron durante su lucha, “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI). “Gracias a ellas estoy con vida y confiaron en mí”, reconoció. Al final, ella y su hija Yenis sellaron su cariño y la larga lucha de ambas en un abrazo colmado de lágrimas, al que se unieron su madre, María, y Abel Barrera, su fiel defensor, quien en su discurso se comprometió a defender su derecho a la justicia y a la seguridad. Después del acto conmovedor, y para cerrar la ceremonia, Alejandro Poiré tomó la palabra, aparentemente conmovido por la escena previa. En por lo menos dos ocasiones, Poiré expresó la disculpa en nombre del Estado mexicano, pero acotó que los hechos ocurridos en 2002 y la impunidad del caso, no es un asunto generalizado en el gobierno de Calderón. “Es evidente que esos casos aislados no representan de modo alguno la política del Estado mexicano, orientada en todo momento por la promoción respeto, protección y garantía de los derechos humanos”, puntualizó Poiré. El secretario de Gobernación reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por “la violación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada a las garantías judiciales a la protección judicial, a la garantía de acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas y niños, derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana para Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, de acuerdo con la sentencia de la CoIDH. Sin referirse qué tipo de servidores públicos violaron los derechos de Valentina cuando era menor de edad, Poiré resaltó que los hechos “deben ser investigados, sancionados y reparados íntegramente por el Estado mexicano”. El funcionario señaló que en cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, la investigación de los hechos está en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), “y no en el fuero militar”. En un acto celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en el Centro Histórico, Poiré también dijo que la Procuraduría de Justicia de Guerrero investiga a los funcionarios que obstaculizaron el acceso de Valentina a la justicia. Además, dejó en claro que ya se cubrieron las indemnizaciones; que se otorgaron becas a la víctima y a su hija Yenis, también beneficiada de la sentencia. Sobre las acciones de fondo, Poiré aseguró que el 9 de diciembre Felipe Calderón le instruyó ponerse en contacto con los legisladores para que la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, cumpla con las especificaciones ordenadas por la CoIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sostuvo que en la reunión de procuradores de noviembre pasado se aprobó un protocolo para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Para concluir, Poiré se dirigió a la víctima que litigó su caso en la Corte Interamericana: “Estimada Valentina, ejemplar Valentina: Hace casi una década el Estado no la protegió ni le procuró justicia; hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción y, a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable, deseamos que para usted y la pequeña Yenis y todos su familiares, que este acto simbólico se traduzca en una mínima restitución de justicia y que sirva para la reconstrucción de su proyecto de vida. Una vez más, una disculpa”.