En México, confesiones bajo tortura: Amnistía Internacional

LONDRES (apro).- México tiene un grave problema en materia de procesos judiciales: Aún sigue siendo aceptada como evidencia las confesiones obtenidas mediante tortura, y esas violaciones flagrantes de derechos humanos son ignoradas por el Ministerio Público y algunos jueces del país.

La contundente denuncia fue hecha el pasado 9 de diciembre en Londres por Amnistía Internacional (AI), en un documento público en el que instó al gobierno de Felipe Calderón a enmendar esta situación sin demoras.

En su informe, titulado “México: Autoridades judiciales deben tomar en cuenta pruebas de tortura”, la organización manifestó su preocupación por que las confesiones obtenidas mediante tortura sigan siendo aceptadas como pruebas en los procesos judiciales, y la evidencia de tortura excluida e ignorada por el Ministerio Público y algunos jueces.

Para la ONG con sede en la capital británica, “la falta de voluntad plena para investigar y esclarecer debidamente alegaciones de tortura daña gravemente los procesos judiciales”.

En el documento destacó que las normas internacionales de derechos humanos son claras: “En cualquier juicio justo las pruebas, incluidas las confesiones del acusado, que se hayan obtenido mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no deben admitirse en ningún procedimiento, salvo en los encausados contra los presuntos perpetradores de la tortura”.

Amnistía Internacional hizo mención a información recibida la misma semana de la publicación del informe, en el que el juez noveno de Distrito en el estado de Chihuahua se negó a admitir pruebas de tortura en el amparo promovido por Israel Arzate Meléndez en contra de su vinculación a proceso por homicidio.

Con base en una confesión arrancada mediante torturas, Israel Arzate fue acusado del homicidio de 15 personas en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en 2010.

Sus defensores fueron informados, el martes 6 de diciembre, que no fue admitida como prueba la evidencia recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que demuestra que la confesión de Israel Arzate fue extraída bajo tortura severa.

La evidencia de tortura sufrida por Israel Arzate, documentada en la recomendación 49/2011 de la CNDH, ha sido ignorada desde el inicio de su detención por representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, según informó AI en el documento.

“La negativa de admitir como prueba la evidencia de tortura pone en entredicho la obligación de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y los verdaderos perpetradores sean los llevados ante la justicia”, agregó.

Indicó que debido a que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional pleno desde julio de este año, “todas las autoridades mexicanas están obligadas a acatarlos”.

Al mismo tiempo, Amnistía hizo un llamado a la Procuraduría General de la República a cumplir con su obligación de realizar una investigación penal pronta, completa e imparcial de la denuncia penal de tortura presentada por Israel Arzate el pasado 16 de noviembre y sustentada por la recomendación de la CNDH.

Ya en su Informe Anual 2011, AI había acusado a México por fallas endémicas dentro de su sistema judicial, que calificó de “serias deficiencias”.

“Las serias deficiencias en el sistema judicial y en los mecanismos de supervisión persistieron y, en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma”, destacó el informe presentado en junio pasado en Londres.

Según Amnistía, al finalizar 2010 aún estaban pendientes de aprobación en el Congreso mexicano varias reformas legales que afectaban al reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema de justicia penal, la actuación policial, la seguridad nacional y el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley y la jurisdicción militar.

En ese documento, sostuvo que existen informes de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército.

“La CNDH registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre (de 2010) informó que había investigaciones en marcha sobre más de un centenar de quejas de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas armadas en los 18 meses anteriores”, destacó.

“El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre estos casos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Se dispone de poca información sobre los avances realizados en los enjuiciamientos militares, aunque no se sabe de ningún militar en activo condenado por violaciones de derechos humanos. Las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada de la jurisdicción militar no garantizan que las violaciones de derechos humanos queden excluidas del sistema de justicia militar”, continuó.

Dio como ejemplos de las fallas del sistema judicial el caso de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron el 19 de marzo de 2010 cuando unos militares abrieron fuego contra unos presuntos miembros de una banda de delincuentes.

Una investigación de la CNDH sobre el caso reveló que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes. Hasta ahora no hay noticias sobre nuevos avances en la investigación.

“El 3 de abril, el Ejército mató a tiros en el estado de Tamaulipas a los hermanos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años. Según testigos presenciales, los niños iban en un automóvil con su familia. Las autoridades militares y las civiles negaron la responsabilidad de los militares, pero la CNDH demostró que se habían alterado los escenarios del crimen y que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. No se dispone de información sobre los avances de la investigación, que sigue bajo jurisdicción militar”, continuó.

En su informe, Amnistía denunció que en México se siguen recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales.

También señaló que los intentos de reformar el sector policial se vieron debilitados al no establecerse controles de supervisión creíbles y no realizarse investigaciones penales efectivas sobre los abusos contra los derechos humanos.
En mayo de 2010, informó que miembros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República detuvieron a seis agentes de la policía municipal en Cárdenas, estado de Tabasco.

Según informes a los que accedió AI, durante los interrogatorios los sometieron a semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas y palizas. Hasta ahora no se dispone de información sobre la investigación acerca de las denuncias de tortura.

En su sección de “Juicios injustos”, la ONG británica destacó también que el sistema de justicia penal de México “incumple a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitando enjuiciamientos de motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado de la detención preventiva sin cargos (denominada “arraigo”).

Denunció además que, en algunos casos, la atención nacional e internacional “pone de relieve las injusticias”, y los recursos legales federales dan lugar a la liberación de las personas afectadas. “Sin embargo, los responsables del abuso del sistema de justicia penal no rinden cuentas”.

Como ejemplo de ello, denunció que en junio de 2010 la SCJN ordenó la libertad de 12 activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, al concluir que su condena por secuestro era poco sólida.

“Ningún funcionario asumió la autoría de la tortura y otros malos tratos, incluida agresión sexual a mujeres, infligidos a más de 200 personas durante la operación policial que desembocó en su detención”, señaló.

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