Centro de la crisis española, el patrocinio oficial a los Grupos Antiterroristas de Liberación Sacuden a Felipe González los cargos de terrorismo de Estado y corrupción

MADRID.- Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) nacieron para hacer la “guerra sucia” contra ETA. Once años después de su nacimiento, se denuncia que esos grupos fueron patrocinados por el Estado, por lo que los partidos de oposición piden la cabeza del presidente del gobierno español y provocan una gran crisis política y económica.
En su momento, muchos aplaudieron que los GAL hubieran asesinado a 26 miembros de ETA; el gobierno se olvidó del asunto, lo sepultó, lo ignoró…
Pero cometió el error de descuidar a los dos hombres clave de los GAL: José Amedo y Míchel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por intentar cometer seis asesinatos en Francia. Sus declaraciones implican directamente al Ministerio del Interior, y el juez Baltazar Garzón –con ganas de revancha política– reabrió el sumario de 1983.
¿Por qué ahoran y no antes? “Supergarzón”, como lo llaman, encarceló a Julián Sancristóbal, exdirector de Seguridad del Estado; a Francisco Alvarez y Miguel Planchelo, exjefes superiores de la policía, y dejó en libertad bajo fianza a los comisarios Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja, acusados de ser los fundadores de los GAL y de haber organizado el secuestro de Segundo Marey, la primera acción de estos grupos.
El escándalo no sólo es político, sino también económico. El supuesto mal uso de los llamados “Fondos Reservados” del Ministerio del Interior para pagar las acciones de los GAL ya envió a prisión a Juan de Justo, secretario de Rafael Vera, exsecretario de Estado para la Seguridad.
“No existen pruebas, ni existirán”, dijo en un principio el presidente de España, pero los documentos que involucran a su gobierno fueron publicados en los medios de comunicación. En un intento de calmar los ánimos, la semana pasada Felipe González negó cualquier vínculo con los GAL, en una entrevista transmitida por la televisión estatal, quizá la más dramática de sus doce años en la presidencia.
Nunca antes se había visto a Felipe González desencajado, sudoroso, nervioso, crispado. Los mercados financieros cayeron, y la peseta volvió a registrar mínimos históricos, mientras la oposición exigió la dimisión del presidente y el adelanto de las elecciones.
Con los últimos casos de corrupción (Juan Guerra, Ibercorp, Filesa –a punto de abrirse otra vez–, Boe, Roldán, De la Rosa, Rubio, Conde…), los socialistas se enfrentan a una guerra de jueces, querellas y de “sálvese quien pueda”.

TIRARON DE LA MANTA…

Las memorias de José Amedo y Míchel Domínguez, en las que revelan los supuestos pormenores del caso, los responsables, sus implicaciones y consecuencias, fueron publicadas por El Mundo, el mismo que puso al descubierto una buena parte de los últimos escándalos de corrupción del gobierno.
“He permanecido callado hasta ahora porque era un asunto de Estado y yo pensaba que, si hablaba, podía perjudicar al país. Cuando surgieron los GAL y yo me vi envuelto en ese asunto, no había ningún otro tipo de escándalo político. Durante los años que estuvimos en la cárcel fueron surgiendo los procesos por corrupción, se fueron sucediendo escándalos graves. Todo eso nos hizo reflexionar”, dijo José Amedo al periodista Melchor Miralles, quien ha investigado el caso GAL desde sus inicios.
“Yo pensaba al principio que si todo esto revienta, ETA puede engordar. Pensaba yo que ETA puede justificar su actividad. Se estaba hablando de negociaciones con ETA, que ETA terminaba, y pensaba que podía ser perjudicial. Y entonces pensé: pues bueno, una postura conveniente será callarse y no defenderse, y punto. Ese fue posiblemente nuestro error…”
Amedo es interrumpido por Míchel Domínguez: “No. Y dices: bueno, si al fin y al cabo salgo absuelto o con una condena para justificar el tiempo que llevábamos, más o menos… Nos decían, además, que de qué nos iba a servir pringar (manchar) a nadie, si nosotros no nos íbamos a librar. Bueno, pues vamos a tragar, vamos a tragar con el tema. Hasta que ves que todo ha sido una farsa total, que nos han cogido y nos han sacrificado descaradamente…”.
Amedo y Domínguez aseguran que fue el gobierno el que organizó los GAL. Relatan que tenían órdenes de Julián Sancristóbal, director de Seguridad del Estado, y de Ricardo García Damborenea, exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de enterrar al secuestrado Marey en 1983. Cuenta Amedo:
“Me quedé helado. Yo cojo y digo: ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Les digo: ¿Vais a enterrar al viejo? No me jodas. Si enterráis al viejo, yo canto. Entonces me amenazan a mí. Les insisto en que no tiene ninguna lógica, en que es mejor que le soltéis y le deis bombo al tema… Y me dicen que entonces me van a mandar –destinado– a Dantzarinea; me dicen: `Te vamos a joder la vida, no te vamos a hacer comisario, y tal y cual’. Les digo que me importaba tres cojones, pero que yo con ese tema en la cabeza no me quedaba. Con un viejo que no ha hecho nada y la hostia, lo vais a enterrar para no tener problemas. ¿Pero problemas de qué? Lo mismo que se le ha llevado, se le podrá devolver. Y entonces, ante esa posición, que yo me planto de firme, pues entonces deciden sacarlo, pero la intención era enterrarlo.”
Once años después, el industrial francés Segundo Marey, secuestrado durante diez días por los GAL, por su supuesta relación con ETA, dice que “fue una víctima del terrorismo de Estado” y que nunca comprendió por qué lo secuestraron:
“Dieron un paso con la detención de Amedo. Ahora han dado dos pasos. Pero yo creo que tienen que seguir ese camino, que no sé hasta dónde conduce. Ocurre que Amedo formaba parte de los GAL y ocurre que ha cantado y que cinco más estaban también implicados… Quizás habrá otros, pero no puedo asegurarlo. Yo soy sólo una víctima, no soy un policía.”
El secuestro de Marey sirvió para dar a conocer el nacimiento de los GAL, porque colocaron en uno de sus bolsillos, al ser liberado, el primer comunicado en el que aparece la firma de los GAL:
“A causa del crecimiento de los asesinatos, de los secuestros y extorsiones cometidos por la organización terrorista ETA sobre suelo español, programados y dirigidos desde el territorio francés, nosotros hemos decidido eliminar esta situación. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), fundados a tal objeto, exponen los puntos siguientes: 1.- Cada asesinato por parte de los terroristas tendrá la respuesta necesaria; ni un sola víctima quedará sin respuesta. 2.- Nosotros manifestamos nuestra idea de atacar los intereses franceses en Europa, ya que su gobierno es responsable de permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente. En señal de buena voluntad y convencidos de la valoración en propiedad del gesto por parte del gobierno francés, nosotros liberamos a Segundo Marey, arrestado por nuestra organización a consecuencia de su colaboración con los terroristas de ETA. Recibirán noticias del GAL.
Laura Martin, viuda de Juan Carlos García Goena, uno de los asesinados por los GAL, aseguró que más de la mitad de las víctimas no tenían relación con ETA y que espera que se aclaren todas las responsabilidades: “Hasta la `X’, que supongo que es el señor González, que creo que nos debe una explicación a todos los familiares de las víctimas de los GAL, y si hay que procesarlo, que lo procesen”.
Herri Batasuna (HB, brazo político de ETA) informó que exigirá la reapertura de todos los crímenes de los GAL, porque ninguna de las muertes ha sido esclarecida.
“Que nadie se escandalice, pero nosotros no nos vamos a tragar la píldora de que con Amedo y Domínguez y cuatro más se acaba el GAL; queremos despejar la incógnita `X’ y establecer así las máximas responsabilidades”, dijo Jon Idigoras, portavoz de HB.
Aseguró que la creación de los GAL no fue sólo una idea del PSOE, sino que fue una estrategia compartida con el resto de los partidos y las fuerzas estatales: “La sangre de las víctimas no está ensuciando sólo a Amedo, Domínguez, Sancristóbal, Barrionuevo, sino a Jáuregui (que en aquel entonces era delegado del gobierno en Euskal Herria), al propio Felipe González como jefe del Ejecutivo y a los pilares que sostienen al Estado español”.
Explicó que HB no puede aceptar que ahora todos los partidos pidan responsabilidades de los GAL, cuando en once años no han hablado: “Esto se debe a que el escándalo ha surgido cuando se sospecha que los fondos reservados se han usado para el lucro personal de algunos mandos policiales”.

FONDOS POCO RESERVADOS

El escándalo del mal uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior es anterior a la reapertura del caso GAL. En marzo de 1994 se descubrió el pago de sobresueldos con fondos reservados, y el exministro de Interior, José Luis Corcuera, admitió implícitamente esta práctica en Radio Nacional de España: “No dispongo de otra partida para premiar a un funcionario que se ha distinguido por trabajar al servicio de la seguridad del Estado durante todos los días de todos los años”.
Desde 1983 hasta 1994, el Ministerio de Interior dispuso de 19,626 millones de pesetas. Ante las irregularidades, se dio a conocer que la juez Ana Ferrer se llevó “centenares de cheques” cobrados por antiguos responsables del Ministerio del Interior, muchos correspondientes a sobresueldos pagados con cargo a fondos reservados.
Esta juez investiga el enriquecimiento ilícito del exjefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, ahora prófugo de la justicia, quien supuestamente obtuvo importantes cantidades de dicha partida presupuestaria. Los sobresueldos investigados fueron cobrados sin declarar a Hacienda.
Ahora se dice que supuestamente Amedo y Domínguez recibieron dinero de esa partida para las acciones antiterroristas.
El miércoles 11, El Mundo informó que las esposas de Amedo y Domínguez cobraron cantidades mensuales, durante seis años, que procedían de los fondos reservados.
“El Mundo dispone de más de 40 comprobantes de las distintas visitas efectuadas por las dos mujeres en los últimos seis años a la Secretaría de Estado del Interior, al menos cinco de ellas al propio Rafael Vera (exsecretario de Estado para la Seguridad)”, señaló en su primera plana.
El jueves 12, el juez Baltazar Garzón dictó el auto de prisión incondicional a Juan de Justo, secretario particular de Vera. Amedo y Domínguez afirmaron que De Justo viajó a Ginebra en 1989, acompañado por las esposas de los expolicías, y depositó 50 millones de pesetas en las cuentas que tenían abiertas Amedo y Domínguez en la Unión de Bancos Suizos. El dinero procedía de la caja de fondos reservados del Ministerio de Interior.
En total, esa dependencia depositó 200 millones de pesetas en la cuenta 562618KB, de Domínguez, y en la 562619, de Amedo. Las entregas fueron efectuadas entre 1989 y 1991, antes de que ambos fueran condenados por la Audiencia Nacional y mientras José Luis Corcuera era ministro del Interior.
La desviación de los fondos reservados va más allá, según el diario español: Juan de Justo adquirió en 1989 dos apartamentos de lujo en el edificio Four Ambassador de Miami, con un valor de ocho millones de pesetas cada uno. En ese mismo edificio adquirieron apartamentos Rafael Vera y el comisario García Juarranz, exjefe del gabinete de Asuntos Legales.
El Partido Popular (PP) solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior, pero los socialistas se negaron. La propuesta recibió 142 votos a favor del PP, IU, Coalición Canaria, Grupo Mixto y el diputado socialista independiente Ventura Pérez Mariño, frente a los 169 del PSOE, CIU y PNV.

“SUPERGARZON”

La lucha de los jueces españoles contra la corrupción es comparada por algunos con el proceso de “manos limpias” de los jueces italianos.
Desde hace tiempo, la actualidad española se sigue en los juzgados. Los jueces más famosos, además de Garzón, son entre otros María Jesús Coronado, encargada de investigar el supuesto reparto de sobresueldos con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior; la juez Ana Ferrer, instructora del “caso Roldán”, y el juez Marino Barbero, que sigue el “caso Filesa”, a punto de explotar nuevamente.
Aunque la ley otorga total independencia a los jueces en España para garantizar la imparcialidad de su trabajo, llama la atención que no existan restricciones para impedir que rápidamente se pueda pasar del Poder Ejecutivo o Legislativo al Judicial.
Este es el caso de Garzón, que en 1993 dejó de ser juez para convertirse en candidato a diputado por Madrid en las listas del PSOE; era el segundo, tras Felipe González.
Ocupó su escaño durante nueve meses y fue delegado del Plan Nacional contra las Drogas. Esperaba un cargo más alto, el de ministro del Interior, pero fue dado a Juan Alberto Belloch, por lo que decidió retirarse de la política, con una memorable dimisión.
Regresó al Poder Judicial, donde Garzón tenía ya cinco años con los sumarios de los GAL, que inculpaban a los acusados de ahora, pero esperó hasta noviembre y diciembre del año pasado para reavivar el caso.
Muchos cuestionan el paso de Garzón por la política, su presencia en el Ministerio del Interior y su incompatibilidad para juzgar el asunto. El exministro José Barrionuevo, el presidente del Senado Juan José Laborda, el portavoz socialista Joaquín Almunia, entre otros, sugirieron que Garzón se abstenga en este caso.
“Desde un punto de vista moral, me produce cierto vértigo que una persona que hasta hace bien poco tiempo ha estado en el Ministerio del Interior, ahora está actuando contra responsabilidades de ese ministerio”, dijo Laborda.
Barrionuevo presentó una denuncia contra Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial, por “las irregularidades que se están produciendo en la tramitación cuasi-pública de las diligencias”.
Pero el Poder Judicial dio la razón a Garzón y exigió al diputado socialista “el debido respeto” a las resoluciones judiciales.
La tormenta de las querellas se amplía: El gobierno se querelló contra Amedo, cumpliendo la orden de Felipe González de actuar contra quien relacione al Ejecutivo con los GAL; y Rafael Vera denunció a Garzón ante la Guardia Civil, por “torturas psíquicas y coacciones”.
Sin embargo, el gobierno de González pierde credibilidad. Un día después de su aparición en televisión, las encuestas revelaron que más de la mitad de los españoles cree que el presidente español mintió sobre los GAL.
Un Sondeo de Demoscopia, publicado por El País, asegura que el 52% de los encuestados cree que Felipe González mintió sobre el asunto, mientras 49% opina que sería preferible recurrir a las urnas en el más breve plazo.
“Ni toleré los GAL ni los consentí ni los organicé”, dijo González al periodista Iñaki Gabilondo en Televisión Española, y afirmó que era imposible que el gobierno participara con los GAL: “Esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho y, por consiguiente, es imposible que algún día se pueda demostrar esto”.
Pero lo cierto es que ya hay siete miembros del Ministerio del Interior de su gobierno procesados por su participación en la trama de los GAL.

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