Los violadores de derechos, a punto de obtener una concesión más Cárcel de privilegio para militares chilenos; su primer ocupante sería el asesino de Letelier

SANTIAGO DE CHILE.- “No pasaré ni un solo día en la cárcel”, aseguró en 1993 el general Manuel Contreras Sepúlveda, acusado y procesado por el asesinato de Orlando Letelier, exministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende.
No fue una bravata. Fue una primicia informativa: hoy, cuando su sentencia definitiva es inminente, el Congreso Nacional aprueba a todo vapor una iniciativa de ley que crea un recinto especial para que el reo purgue su condena.
Fuerte controversia se desató el 6 de enero a raíz de un decreto firmado por el presidente Eduardo Frei destinado a crear un reclusorio especial para uniformados convictos. Contreras –retirado– y el brigadier Pedro Espinoza –en servicio activo– serían los primeros habitantes de ese reclusorio especial.
Como primera reacción pública a esa decisión presidencial, el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, del ala de izquierda “renovada” de la coalición gobernante, presentó su renuncia el mismo día 6, pero la retiró horas más tarde cuando el Ejecutivo propuso, a cambio del decreto, solicitar al Congreso una ley para crear dicho reclusorio.
Un colaborador del ministro explicó que éste no quería pasar a la historia “como el ministro socialista que construyó una cárcel especial para Contreras”.
El tema de fondo que sigue en discusión es si debe existir un recinto penal especial para militares condenados por violación de derechos humanos. Que éste sea creado por decreto o por ley parece irrelevante.
Los ofendidos por la violencia y el terrorismo de Estado ejercidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, opinan que no. Los demás esgrimen diversos motivos para apoyar la creación de ese penal. Argumentan, incluso, “razones de Estado”.
El comunicado emitido por el Ministerio del Interior el viernes 6 indicaba que tal establecimiento penal, dependiente de Gendarmería de Chile, estaría destinado al cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenen la privación de libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden “que en razón de su actividad puedan estar sujetos a especial riesgo de compartir su reclusión con otros reos comunes”.
Esta preocupación gubernamental por proteger a los uniformados de riesgos derivados de compartir la prisión con delincuentes comunes, jamás se evidenció durante esta transición a la democracia –iniciada en 1990– respecto de los prisioneros políticos de Pinochet, la mayoría de los cuales pasó la totalidad de su cautiverio al lado de dichos delincuentes y con trato idéntico a aquéllos.
Peor aún, los que siguen presos por razones políticas –acusados de actos terroristas–, fueron trasladados a una cárcel de “máxima seguridad” construida especialmente, no para protegerlos de riesgos, sino para someterlos a mayor vigilancia y restricciones y para diferenciarlos claramente de los demás… en sentido negativo.
En este marco, tal recinto penal especial será una concesión más a los militares, pese a que la mayoría de la población chilena opina que ese privilegio es inaceptable, ofensivo y hasta grotesco.

COMPROMISOS PENDIENTES

La construcción de un recinto penal especial para militares no es una idea reciente. Hay quienes afirman que se trata de uno de los puntos pactados entre los políticos de la Concertación por la Democracia –hoy gobernante– y Augusto Pinochet y su plana mayor antes de que éstos entregaran el poder a Patricio Aylwin en marzo de 1990.
Fuentes confiables precisan que tal compromiso fue recordado a Aylwin por los militares en mayo de 1993, cuando Pinochet y la alta oficialidad del Ejército protagonizaron el “boinazo”: acuartelamiento de militares vistiendo uniformes de combate, con emplazamiento de efectivos y armamentos pesados en un edificio de las Fuerzas Armadas vecino al palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo.
Y Aylwin, agregan las fuentes, habría prometido respetar el compromiso.
Los entonces ministros del Interior, Enrique Krauss; de Justicia, Francisco Cumplido, y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Correa, se reunieron con el general Sergio Ballerino, presidente del Comité Asesor del Comandante en Jefe del Ejército –es decir Pinochet–, para estudiar un documento elaborado por los uniformados en el que se plasmaban todas y cada una de sus “inquietudes”.
Entre ellas estaba la referida al lugar donde cumplirían los miembros de las Fuerzas Armadas sus eventuales condenas. Un documento también secreto comprometió la decisión gubernamental de construir un recinto especial.
Patricio Aylwin terminó su mandato en marzo de 1994. El asunto de dónde purgarán Contreras y Espinoza sus condenas fue heredado por Eduardo Frei. A mediados del año pasado, militares de alta graduación –generales y coroneles– reiniciaron su campaña en pro de un reclusorio especial, planteando a altos funcionarios la necesidad de que éste se concretara a la brevedad posible, ante la inminente condena a Contreras y Espinoza.
Complementó la campaña una serie de rumores acerca de que Contreras estaría recorriendo unidades castrenses en busca de apoyo. Entonces el alto mando hizo circular la advertencia “oficiosa” de que el Ejército consideraría una vejación el que uno de sus hombres, en servicio activo o en retiro, fuera confinado a un recinto penitenciario común.
Además, los militares hicieron saber al gobierno que no garantizan el control de la tropa ante una ofensa de esa magnitud. A esa campaña respondió el actual gobierno –según añaden las fuentes– con el compromiso reiterado, esta vez por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, de crear un recinto especial para militares condenados.
La presión militar fue eficaz. Los resultados están a la vista.

DESMENTIDOS Y CONTRADICCIONES

Como se ha hecho habitual, todo lo anterior se sabe a nivel de “trascendidos” y “filtraciones”. Y, como es también habitual en Chile actualmente, todo es desmentido.
Los ministros protagonistas de las negociaciones con los militares en tiempos de Patricio Aylwin –Krauss, Cumplido y Correa– niegan que haya existido acuerdo alguno “verbal o escrito” con el alto mando castrense respecto del recinto especial.
En escueta declaración pública, los exministros reconocieron que “el tema de la controversia fue planteado en diversas oportunidades dentro de la natural relación entre la autoridad ejecutiva y las instituciones armadas”. Agregaron en su declaración que no se tomó “ninguna determinación sobre la materia que hoy pueda considerarse incumplida”.
Sin embargo, diversos datos prueban que tal acuerdo, con carácter de compromiso, sí existió y sigue vigente. La ministra de Justicia de Frei, Soledad Alvear, reconoció el 10 de enero que el tema de la cárcel especial “estuvo dentro de alguna agenda en la administración Aylwin”…
Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista (PS) –cogobernante–, dijo a su vez: “En Chile no nos podemos hacer los inocentes respecto de las negociaciones realizadas para estos fines”, en alusión directa al compromiso gobierno-militares.
Confirmaría lo anterior el hecho de que Jorge Burgos, subsecretario de Guerra de los gobiernos de Aylwin y de Frei, solicitó en oficio reservado de fecha 13 de octubre pasado a la ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, el traspaso de un terreno ubicado en las afueras de Santiago, de manos del Ejército al Ministerio de Justicia y posteriormente a Gendarmería de Chile.
Dicho traspaso sería el resultado directo de un acuerdo reciente gobierno-militares. Estos últimos cedieron el terreno para la construcción del “recinto especial”. El trámite se verificó en octubre en la más absoluta reserva.

“CARCEL DE CINCO ESTRELLAS”

Los defensores de la creación de lo que ahora la opinión pública llama “cárcel de cinco estrellas” –en doble alusión a su carácter de lugar placentero y exclusivo y también a las cinco estrellas del capitán general Augusto Pinochet–, no escatiman argumentos para justificar su creación.
Señalan que gracias a esa ley, los militares purgarán sus condenas en reclusorios a cargo de Gendarmería de Chile y no, como hasta ahora, en recintos militares –generalmente en hospitales o en cafeterías de cuarteles– rodeados de comodidades y a cargo de personal subalterno y, por lo tanto, manejable.
Se alude, además, a una cuestión “de ética”: “No importa que purguen sus condenas en un recinto creado especialmente para ellos; lo importante es que sean condenados y privados de su libertad”. Este concepto se refuerza recordando que, hasta ahora, ningún oficial de las Fuerzas Armadas que haya cometido crimen por violación de derechos humanos se encuentra encarcelado.
El debate acerca del tema ha trascendido el ámbito del Poder Legislativo. Organismos defensores de derechos humanos, familiares de víctimas de la represión y militantes de la izquierda, entre otros, han salido al paso para expresar su repudio a este nuevo privilegio que el poder civil otorga a los militares.
Voceros oficiales responden que no se tratará de una “cárcel de cinco estrellas” ni de un lugar de privilegio. Tendrá –dicen– “todas las características básicas de un recinto penal”, y se regirá por las normas señaladas al respecto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Quienes dicen conocer el proyecto afirman que el nuevo reclusorio será bastante más confortable que el resto de los existentes en Chile, incluyendo en ellos al anexo-cárcel Capuchinos, una suerte de “hotel con privación de salir”, donde son enviados los condenados por delitos económicos y otros reos pudientes, mismos que pagan por contar con comodidades que van desde cuartos exclusivos con televisión a color y videocaseteras, hasta la contratación de un “valet” personal.
Camilo Salvo, exdiputado, exalcalde y exprisionero político de la dictadura, ha planteado para zanjar las controversias: “Propongo que se habilite la Isla Dawson (en el Estrecho de Magallanes, Antártida chilena) para recluir a los uniformados. Me imagino que sobre ello sí habrá acuerdo, especialmente de los militares, que la habilitaron como cárcel especial cuando nos tuvieron –a los dirigentes de la Unidad Popular– recluidos durante largo tiempo. Según ellos, allá mejoramos nuestra salud y nuestros nervios; estábamos tostados de sol y contentos… Por lo anterior, no veo qué objeción podrían poner a esta propuesta.”

¿QUIEN OFENDE A QUIEN?

Las supuestas “razones de Estado” que justificarían el reclusorio para uniformados, que no son otra cosa que “el temor de una asonada militar y el quiebre del Estado de derecho”, son consideradas por los expertos como pretexto carente de sustentación real: “No existe hoy en Chile ninguna posibilidad de un golpe militar exitoso. Ni la mayoría ciudadana, ni la derecha político-económica, ni los Estados Unidos apoyarían una aventura de ese tipo, como ocurrió en 1973”.
Otras voces se alzan para poner en relieve una vez más el doble estándar prevaleciente en Chile acerca de asuntos medulares: autoridades civiles han dicho en forma contumaz que las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura corresponden a “responsabilidades individuales y en ningún caso enlodan a las instituciones armadas como tales”.
Sin embargo, quienes así opinan, acogen hoy la amenaza de los uniformados acerca de que se sentirían “ofendidos” si alguno de sus hombres es recluido en una cárcel común. En este caso sí se acepta que los uniformados son “una unidad monolítica”.
Y surge la pregunta ¿quién ofende a quién? ¿La autoridad pertinente que somete a un criminal militar a prisión ofende a la institución armada o el funcionario castrense que comete el crimen ofende a su propia institución?
Lo cierto es que todo este trámite urgente para crear ese recinto penitenciario especial –el Ejecutivo lo pidió con discusión inmediata, es decir, para ser resuelto en el plazo de tres días–, y que fue aprobado “al vapor” en la madrugada del jueves 19, se produce cuando la Corte Suprema de Justicia está a punto de dictar la sentencia definitiva en contra de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, por su participación en el asesinato de Orlando Letelier, perpetrado en septiembre de 1976, en Washington, mediante una bomba colocada en el automóvil del diplomático.
Contreras, quien fue el jefe máximo de la División de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política de la dictadura, dependiente del Ejército, se encuentra además acusado de responsabilidades en los crímenes del general Carlos Prats González, en Buenos Aires; del diplomático español Carmelo Soria, en Santiago, y del atentado contra el exministro democristiano Bernardo Leighton, en Roma.
A su cuenta pueden agregarse los miles de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y prisioneros políticos.
“No podrán probarme nada”, comentó Contreras en septiembre de 1991, cuando fue detenido en una casa campestre de su propiedad, 1,250 kilómetros al sur de Santiago, al reiniciarse el proceso por el asesinato de Letelier, sobreseído anteriormente tres veces por la justicia militar.
Hoy se confirma que al anunciar que no pasaría “un solo día en la cárcel”, Contreras sabía de lo que hablaba. El fallo de la Corte Suprema lo obligará –en el mejor de los casos– a pasar un tiempo recluido… en un “recinto especial”.

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