Escándalo en Santiago: parlamentarios y funcionarios públicos, acusados de drogadicción

SANTIAGO DE CHILE.- Mientras la atención nacional se centraba en la controversia por la creación de una cárcel especial para militares y la inminente condena al general Manuel Contreras, alias El Mamo, surgió una denuncia explosiva: Parlamentarios y funcionarios públicos son drogadictos y, como tales, son de algún modo cómplices del narcotráfico en Chile.
El autor de tan audaz aseveración es Francisco Javier Cuadra, quien fue titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
En declaraciones al semanario Qué Pasa, Cuadra afirmó: “Algunos parlamentarios y otras personas que ejercen funciones públicas consumen drogas. Principalmente cocaína”.
La adicción de estas personas, agregó Cuadra, las vuelve “vulnerables” ante eventuales presiones del narcotráfico, convirtiéndolas, de una u otra forma, en sus cómplices.

Tales expresiones causaron conmoción en Chile. Los aludidos reaccionaron inmediatamente: satanizaron a Cuadra, le restaron solvencia moral para acusar a nadie y lo conminaron a entregar todos los datos que posea, comenzando por los nombres de los drogadictos, a las autoridades pertinentes, “porque con esta denuncia irresponsable está enlodando a un poder del Estado en su conjunto”.
Cuadra, imperturbable, respondió que no dará nombres, mismos que considera irrelevantes: “Lo que pretendo es dejar en claro la hipocresía de la clase política chilena, que habla de legislar contra el narcotráfico, rasga vestiduras por el aumento del consumo de pasta base en poblaciones marginales y cierra los ojos ante el hecho de que parlamentarios y funcionarios públicos son consumidores de cocaína”.

EL VIEJO TRUCO…

Francisco Javier Cuadra es joven, bien parecido, abogado de profesión y con una capacidad publicitaria digna de figurar entre los récords Guiness. Mientras sirvió a la dictadura fue el ídolo de la juventud pinochetista, que lo llamó “Supermán”.
Actualmente, Cuadra se ha dedicado a colaborar con sectores ligados al régimen militar que manejan, entre otros organismos, el Instituto Libertad y Desarrollo, dedicado a “estudios de la realidad nacional”.
Se sabe sin lugar a dudas que dicho organismo elabora meticulosos proyectos de manejo de opinión pública, proporcionado a los representantes políticos de la derecha estudios e “instructivos” acerca de qué temas tratar a fin de mantener la atención ciudadana en torno de determinados asuntos, desplazando otros a un segundo o tercer plano.
En esta materia, Cuadra es un experto.
En 1986, uno de los años más críticos para la ya debilitada dictadura militar, el entonces ministro Cuadra se dedicó a encontrar un tema lo suficientemente atractivo como para distraer la atención mayoritaria de los chilenos.
Lo encontró. Fue el cometa Halley.
El plan se elaboró cuidando todos los detalles. Por principio de cuentas, Televisión Nacional de Chile, canal estatal, dedicó desde comienzos de ese año un importante espacio en el noticiario central, difundiendo noticias y reportajes acerca del acercamiento que el cometa haría a la tierra en abril.
Asesores de Cuadra se dedicaron a recopilar todo el material posible para elaborar mensajes y reportajes acerca del Halley destinados a “cautivar” al mayor número posible de chilenos, no sólo a los científicos, por al menos cuatro meses.
Lo anterior fue relatado por el propio exministro en reunión con periodistas realizada hace unos meses.
Tal artimaña no logró detener el avance opositor que culminó con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988… pero Cuadra y sus colaboradores habían logrado cuatro meses de tiempo extra, que sirvieron al régimen para elaborar leyes que estaban pendientes y que debían quedar promulgadas en ese año.
Ahora lanza la denuncia contra parlamentarios y funcionarios públicos.

Y LOS PUSO A DEBATIR…

Si la intención de Francisco Javier Cuadra en esta ocasión era lanzar una cortina de humo sobre la agenda política, es obvio que en alguna medida lo logró. Pero tuvo un beneficio adicional: provocó discrepancias en el gobierno y hasta provocó disputas personales entre parlamentarios de bancadas afines.
Varias horas debió dedicar el Congreso a tratar el tema de la denuncia de Cuadra. En el interín, el diario La Tercera llamó a los denunciados a someterse a una prueba antidrogas, que efectuaría el Comité Olímpico Nacional, al que los legisladores podrían acogerse voluntariamente como muestra de inocencia.
Como circulaban ya listas con los presuntos implicados en drogadicción, hubo parlamentarios que concurrieron a tal prueba –seis diputados y cinco senadores– y esto fue difundido por prensa, radio y televisión.
Hubo legisladores que propusieron pedir a Cuadra la entrega de antecedentes ante el Congreso para apoyar su denuncia. En caso contrario, se propuso aplicarle la Ley de Seguridad del Estado, lo que fue aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, con la excepción de las bancadas del Partido por la Democracia (PPD), oficialista, y de Renovación Nacional (RN), de oposición.
La dirección de PPD dijo no apoyar esa propuesta por considerar que era hacerle el juego a Cuadra, agregando que nadie debía probar su inocencia sino, por el contrario, había que exigir al denunciante demostrar la veracidad de sus acusaciones.
El diputado y presidente del PPD, Jorge Schaulsohn, agregó en sesión de la Cámara que era incomprensible que parlamentarios hubieran incurrido en “la indignidad de correr a orinar frente a las cámaras fotográficas y de televisión” para desmentir a Cuadra. Los aludidos montaron en cólera y se suscitó uno de los más ásperos debates registrados en los últimos años, al punto de tener que “limpiar” el acta para retirar improperios.
Finalmente, el PPD agregó que por respeto al derecho constitucional de libertad de expresión, no votarían a favor de aplicar contra Cuadra la Ley de Seguridad del Estado, pese a rechazar en todas sus partes la denuncia hecha por éste.
De la posición del PPD se valió RN, que en principio había aceptado apoyar la moción mayoritaria, para desistirse.
El Senado, a su vez, emplazó a Cuadra a entregar en un plazo de 48 horas antecedentes probatorios de su denuncia, advirtiéndole que de no hacerlo se interpondrán querellas en su contra por calumnia y difamación.
El plazo del Senado venció a las 12:00 horas del jueves 19, sin resultados. La Cámara de Diputados extendió tal plazo hasta la medianoche del 19, ofreciendo a Cuadra hacer su entrega de antecedentes ante el propio Poder Legislativo, en Valparaíso, advirtiendo que en caso contrario se dará curso a las acciones legales correspondientes.
Consultado en la capital a las 18:00 horas del jueves, Francisco Javier Cuadra respondió: “No está en mis planes viajar a Valparaíso en las próximas horas, días ni semanas”. Acerca de si temía las consecuencias legales anunciadas por los parlamentarios, dijo escuetamente: “No temo a ninguna acción. Cuento con un buen equipo de abogados”.

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