PUEBLA, Pue. (apro).- Los legisladores poblanos complicaron el conflicto limítrofe existente entre Puebla y San Andrés Cholula, al otorgarles a ambos municipios facultades para cobrar impuestos y servicios en el 2012 en 63 colonias de la zona conurbada. La decisión de los legisladores poblanos desató de inmediato una disputa entre los ayuntamientos por convencer a los contribuyentes. De hecho, el ayuntamiento de Cholula colocó mantas para invitar a los ciudadanos de esa zona a pagar sus impuestos en ese municipio, al tiempo que les ofrece mejores servicios y atención. Ambos municipios, Puebla y Cholula, gobernados por alcaldes panistas, incluyeron a las 63 colonias en sus tablas catastrales para su ley de Ingresos de 2012. La regidora poblana Sandra Montalvo calificó como "un grave error" la solución que dieron los legisladores al conflicto que se presenta año con año para definir límites entre ambos municipios. Señaló que esta determinación del Congreso, de que sean los ciudadanos los que elijan en qué municipio pagarán los impuestos y servicios, lo único que provoca, dijo la regidora, es agravar el enfrentamiento entre los ayuntamientos, sin resolver el asunto limítrofe de fondo. "A ver ahora quién es el primero que logra cobrarles a los ciudadanos; eso provocará un enfrentamiento entre ambos", declaró. En tanto que la también regidora, Lourdes Dib y Álvarez,   advirtió que el conflicto limítrofe no sólo se refiere al pago del predial, sino a otros impuestos como el de adquisición de bienes inmuebles, licencias de uso de suelo y de funcionamiento, entre otros. El síndico del municipio de Puebla, Ernesto Bojalil Andrade, mencionó que los ciudadanos y empresas que confluyen en las 8.5 hectáreas en conflicto podrían ampararse y dejar de pagar impuestos, ante los requerimientos de doble tributación. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Espinosa Rueda, dijo que con esta supuesta “solución salomónica", el Congreso estatal sólo generó  incertidumbre en la zona. De igual forma, el empresario vaticinó una "lluvia" de amparos contra ambos Ayuntamientos ante la falta de certeza jurídica. En años anteriores, ambas administraciones acordaban de manera política en qué zonas le correspondía realizar el cobro de impuestos a cada una.