Las fronteras del encono Negociaciones infructíferas: la guerra está presente en el alma de peruanos y ecuatorianos

QUITO, Ecuador.- En las escuelas ecuatorianas, los niños conocen desde el primer grado el mapa de un país inexistente. Es el mapa oficial, en el que todavía aparece la mitad del territorio que le fue cortado a Ecuador luego de la guerra contra Perú, hace 54 años.
Los alumnos aprenden también a identificar a los peruanos, sus vecinos del sur, como enemigos de su patria: aquéllos que en 1945 les arrebataron medio país –incluido el río Amazonas– mediante “una invasión infame y abusiva”.
En Perú, en cambio, se enseña a los niños la historia de un país, el suyo, que peleó y recuperó un territorio “secularmente peruano”, del que Ecuador se había apropiado sin derecho alguno.
Esto explica en gran medida el encono de un conflicto que se antoja absurdo, pero que tiene orígenes remotos. Es una guerra que, formalmente, no es guerra. Es una confrontación de orgullos nacionales que de modo cíclico reaparece y que ocasionalmente deriva en enfrentamientos armados. El motivo del conflicto actual –que dura ya más de dos semanas y ha costado, oficialmente reconocido, medio centenar de vidas– es un problema limítrofe entre ambos países, concretamente un trecho no demarcado de sólo 78 kilómetros de una frontera común de 1,675 kilómetros.
Pero esta historia viene de muy atrás.
En 1941 el conflicto limítrofe insoluto desde tiempos de la Colonia derivó en una guerra entre ambos países. Ecuador, en notable desventaja militar, perdió esa guerra. Perú ocupó más de 200,000 kilómetros cuadrados de territorio amazónico que Ecuador reclamaba como suyos.
Para dilucidar el problema, el 29 de enero de 1942 se firmó en Río de Janeiro el “Protocolo de Paz, Amistad y Límites”, que fijó una frontera entre ambos países, con lo cual Ecuador perdía 55% del territorio que detentaba. El tratado fue ratificado días después por los congresos peruano y ecuatoriano, y como países garantes fueron nombrados Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina.
Se inició entonces la demarcación física de la línea fronteriza, ejecutada por comisiones mixtas de ambos países. Surgió, sin embargo, una divergencia sobre la demarcación de 78 kilómetros en la sección oriental de la frontera, correspondiente a la Cordillera del Cóndor. Se recurrió entonces al arbitraje de un experto brasileño, Braz Días de Aguilar, cuyo fallo estableció en 1945 como límite el “divorcio de aguas” de los ríos Zamora y Santiago. Posteriormente, en 1947, se efectuó un levantamiento acrofotográfico, realizado por la fuerza aérea de Estados Unidos a solicitud de ambos países. Así se descubrió que entre los dos ríos mencionados había un tercero, el Cenepa, cuya existencia se desconocía. Ese “nuevo” río desemboca directamente en el Marañón, afluente del Amazonas.
Entre 1942 y 1950 se colocaron los hitos (mojoneras) correspondientes a 159 kilómetros de frontera; es decir, 95% de la misma. En 1951, sin embargo, el gobierno ecuatoriano se negó a seguir demarcando la frontera en la Cordillera del Cóndor. Alegaba, como hasta la fecha, que la inexistencia del “divorcio de aguas” de los ríos Zamora y Santiago hacía “inejecutable” el protocolo de Río.
A partir de entonces, Ecuador rechazó la validez de este tratado. Argumentó que su firma había sido obligada por la fuerza, toda vez que el ejército peruano “invasor” estaba en su territorio. Y recurrió a diversos organismos internacionales –la ONU, la OEA– para reclamar lo que consideraba sus derechos históricos sobre el territorio cercenado y el acceso al río Amazonas, pero encontró siempre la misma respuesta: conforme al derecho internacional, es absolutamente válido el protocolo de Río. No hay vuelta de hoja.
Recientemente el gobierno ecuatoriano mismo reconoció, por fin, la validez del acuerdo –lo cual se consideró como un avance histórico–, aunque insistió en su “inejecutabilidad” en el tramo no demarcado y en su exigencia de una salida de su país al Amazonas. Perú sostiene que la frontera debe ceñirse a la Cordillera del Cóndor.
Durante más de tres décadas el problema permaneció latente. Tanto Perú como Ecuador han respetado formalmente, así sea a regañadientes, la línea divisoria no demarcada, aunque de hecho comparten la región en disputa –de unos 200 kilómetros cuadrados de espesa selva amazónica–, en la cual ambos tienen puestos militares, cada quien en su lado. Ninguno de los dos países, sin embargo, da su brazo a torcer.
En enero de 1981, hubo en esa misma zona enfrentamientos armados entre tropas de ambos países. La superioridad militar peruana fue evidente y Ecuador aceptó el cese al fuego dos semanas después. En 1991, estuvieron a punto de reaparecer las hostilidades, pero el peligro fue conjurado mediante un “pacto de caballeros”.
Por lo demás, este nuevo conflicto ocurre cuando las relaciones diplomáticas entre ambos países parecían mejores que nunca. El presidente de Perú, Alberto Fujimori, ha visitado tres veces Ecuador, con propuestas de cooperación bilateral. En su primera visita, en 1992, fue recibido en Quito por una multitud de ecuatorianos que lo vitoreó entusiastamente.

BALAS EN LA SELVA

Hasta antes de iniciarse el conflicto actual, la presencia de tropas ecuatorianas y peruanas en el área era tan cercana, que a menudo patrullas de un país encontraban a las de otro. Convivían amistosamente, pues. Era frecuente inclusive que compartieran reuniones para beber cervezas o que disputaran partidos de futbol en algún claro de selva.
Pero el 9 de enero pasado sonaron nuevamente las balas en medio de la selva. Mutuamente se culparon ambos países de la primera provocación. Según el gobierno de Quito, una patrulla peruana, que dos días antes había penetrado en territorio ecuatoriano, atacó inopinadamente su puesto militar en Cueva de Tayos, en la margen del río Cenepa. Según el gobierno de Lima, una patrulla peruana que realizaba en territorio de Perú misiones normales de vigilancia, tuvo que responder a los disparos de una patrulla ecuatoriana.
Como haya sido, el incidente desencadenó el conflicto –hasta ahora focalizado en un área de 75 kilómetros cuadrados– que cumplió ya dos semanas. La postura oficial de ambos gobiernos es igualmente contradictoria: Perú alega que el único objetivo de su acción militar consiste en “desalojar las tropas ecuatorianas que han invadido nuestro territorio”. Ecuador, que lo único que hace es repeler la agresión de Perú, “cuya vocación expansionista lo lleva a tratar de apoderarse de nuevos territorios ecuatorianos”. Ambos también se acusan de haber preparado la agresión desde tiempo atrás, deliberadamente.
A diferencia de lo acontecido en 1981, esta vez la reacción militar peruana no fue inmediata. Según las fuentes castrenses en Lima, la demora se debió a la necesidad de equilibrar la fuerza militar peruana con la que ya Ecuador habría concentrado en la zona, con unos 20,000 efectivos. Los enfrentamientos se hicieron cotidianos a partir del 25 de enero.
Ecuador se apresuró a denunciar internacionalmente la “agresión peruana”, mientras el gobierno de Lima guardó inexplicable silencio durante varios días. En una de sus primeras declaraciones, el presidente ecuatoriano, Sixto Durán Ballén, aseguró el sábado 28 que la pretensión peruana es situar nuevos destacamentos militares en el norte del río Cenepa, para lo cual pretende desalojar a los efectivos de su país asentados allí. Y advirtió: “no vamos a retroceder. Pero estamos listos para aceptar un cese al fuego que no signifique un retroceso en las posiciones ecuatorianas”.
Alberto Fujimori, el presidente peruano, habló por vez primera sobre el conflicto el miércoles 1 de febrero, cuando dirigió un mensaje a la nación. “En ninguna circunstancia Perú ha permanecido ni permanecerá impasible o tolerante frente a una violación de nuestra soberanía nacional”, dijo rotundo. “La soberanía no es negociable”. Propuso un cese al fuego, pero con la creación de una zona desmilitarizada en el área de conflicto. “Esperamos que la sensatez y la buena voluntad acompañen la respuesta de nuestro vecino, la república hermana de Ecuador”, remató.
Entonces se inició la guerra diplomática. Ecuador apeló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la OEA, pero ambos organismos sólo exhortaron a las partes a una suspensión pronta de las hostilidades. Los vicecancilleres de Perú y Ecuador se reunieron en Río de Janeiro con sus homólogos de los cuatro países garantes del protocolo de Río. Luego de seis días de negociaciones agotadoras, el cuarteto propuso un acuerdo de solución –basado en la sugerencia peruana–, que rechazó Ecuador. El gobierno de Quito presentó una contrapropuesta, que la cancillería peruana calificó como “totalmente impertinente”.
Mientras tanto, el presidente Durán Ballén efectuó una gira relámpago por Brasilia, Buenos Aires y Santiago, para entrevistarse en 53 horas con los mandatarios de esos países garantes. Y una misión ecuatoriana, encabezada por el presidente del Congreso nacional, viajó a Washington para conversar con funcionarios del Departamento de Estado y divulgar la versión de su país sobre el conflicto.
El miércoles 8 de febrero, se inició en Brasilia una nueva ronda de negociaciones, a nivel de vicecancilleres, entre los países garantes, de Perú y Ecuador. Hasta el viernes 10, sin embargo, no se había llegado a acuerdo alguno y las hostilidades militares, intensificadas, continuaban…
La divergencia fundamental estriba en que mientras Perú y los intermediarios proponen un cese al fuego acompañado de la creación de una zona desmilitarizada, con el retiro de las fuerzas de ambas partes, Ecuador plantea el cese al fuego, pero sin retirar los puestos militares que tiene ahí, algunos, según dice, desde hace décadas.
Una solución definitiva de la controversia fronteriza, por otra parte, se antoja muy lejana. El presidente Durán Ballén ratificó al regresar de su periplo la pretensión ecuatoriana de “una solución de continuidad territorial soberana hasta el Amazonas”, a lo cual Perú no está dispuesto a acceder.

LA GUERRA DE PAPEL

La postura de los gobiernos de uno y otro país frente al conflicto obedece a las respectivas aspiraciones nacionales: es lo que peruanos y ecuatorianos sienten, con plena convicción. Y son radicales. No ceden, aunque unos y otros dicen querer la paz.
Encuestas nacionales realizadas en uno y otro país confirman un respaldo contundente a la actitud de sus respectivos mandatarios. Según el sondeo de la empresa peruana Apoyo, 71% de los peruanos aprueba y 20% critica la postura del presidente Fujimori. El 88% avala y sólo 8% censura la actitud de las fuerzas armadas de su país. El 92% considera válido el protocolo de Río.
La encuesta de la empresa Cedatos, de Ecuador, revela que 97% de los ecuatorianos considera a Perú como país agresor. El 86% opina que el protocolo de Río es nulo.
En los dos países, todas la fuerzas políticas, incluidas las opositoras, han apoyado a su respectivo gobierno. En Perú, el contrincante principal de Fujimori para las elecciones presidenciales del 9 de abril próximo, Javier Pérez de Cuéllar –exsecretario general de la ONU–, respaldó el gobierno y las fuerzas armadas y lo instó a realizar una limpieza rápida de la frontera ecuatoriana.
Esto costó a Pérez de Cuéllar, por cierto, que la Asociación Latinoamericana por los Derechos Humanos (Aldhu) le retirara el premio “Monseñor Leónides Proaño” que le había otorgado en 1988. Ese reconocimiento se entrega anualmente a defensores destacados de la paz y las garantías individuales. Lo han recibido, entre otros, Hélder Cámara, Rigoberta Menchú y la Academia Mexicana de Derechos Humanos. “Pensamos que un exsecretario general de la ONU no puede ser promotor del exterminio y de la guerra”, dice el secretario ejecutivo de la Aldhu, Juan de Dios Parra, al explicar la decisión de retirar el galardón al diplomático y hoy candidato presidencial peruano.
Fuera de Perú, el actual conflicto se atribuye con frecuencia a “intereses electorales” de Fujimori, quien está en busca de la reelección. La intencionalidad del voto a su favor había bajado en las semanas previas siete puntos en las encuestas, de 52% a 45%, pero mantenía una clarísima ventaja de más de 20 puntos sobre su opositor, Pérez de Cuéllar. Por otra parte, el nivel de aceptación al gobierno del “chino” se mantenía arriba de 64%.
En contraste, la popularidad del mandatario ecuatoriano, Durán Ballén, estaba por los suelos, con un grado de aceptación de menos de 10%, y en los meses recientes su gobierno había enfrentado cinco huelgas nacionales y movilizaciones de indígenas y trabajadores contra las políticas económicas neoliberales que ha empezado a aplicar.
Sobre el conflicto con Ecuador, internacionalistas, políticos, intelectuales, comunicadores y diplomáticos latinoamericanos entrevistados en Lima coinciden unánimemente en dar la razón jurídica a Perú, a partir de la vigencia plena del protocolo de Río.
“Es realmente difícil que en esta época el derecho internacional pueda cambiar”, menciona el analista internacional peruano Francisco Tuleda. “Imposible, diría yo. Hay miles de ejemplos en el mundo, miles de tratados limítrofes, como el protocolo de Río, que son y deben ser respetados sin alteración. Creo que Ecuador no tiene ningún argumento válido”.
Otro especialista, Juan Mariátegui, rechaza tajantemente la queja ecuatoriana de que el protocolo fue firmado por ellos bajo presión. “Finalmente, el protocolo lo único que hizo fue reconocer derechos históricos de Perú, ratificarlos”.
El politólogo Raúl González, destacado “senderólogo”, advierte a su vez que este conflicto “va para más, lamentablemente, porque subsiste el problema de fondo”. Critica el “poco interés” de los países garantes en buscar una solución definitiva de la controversia limítrofe. “Desde hace 40 años pasa lo mismo”.
Del otro lado, en Quito, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, historiador, ofrece en entrevista una visión mesurada. “La solución de este embrollo no es nada fácil”, advierte. “Paradójicamente, la resistencia ecuatoriana a los ataques peruanos en el actual enfrentamiento armado hace más difícil la solución. El gobierno de Ecuador dio un gran paso al reconocer que el protocolo de Río está vigente, a pesar del costo político que ello implicó. Ahora Perú debe aceptar una negociación. Creo que ha de respetar la vocación amazónica de Ecuador. Por ahí estaría un arreglo definitivo, que –de paso– salvaría el decoro ecuatoriano, sin humillaciones”.
Refiere –asimismo– que el presidente Fujimori “tiene apertura” y que ha propuesto un arreglo viable, a través de la creación de un puerto libre, ecuatoriano, con cierto grado de autonomía, en las márgenes del río Marañón. “Habría que caminar por ese rumbo”.
En Lima, el conflicto está presente en todas las conversaciones y satura las páginas de los diarios y las emisiones de radio y televisión. Sin embargo, hay poca efervescencia belicista. Las manifestaciones callejeras han sido escasas. Eso sí: la ciudad toda –en cada edificio, cada casa, cada comercio– está cubierta por el rojo-blanco-rojo de miles y miles de banderas peruanas, que fueron apareciendo como salpullido.
Marcado contraste con lo que ocurre en Quito. Aquí, todos los días hay concentraciones y manifestaciones de apoyo a la postura del gobierno ecuatoriano. Por toda la ciudad se miran pintas: “dile no al Perú”, “hacer patria es matar a un peruano”, “ni un milímetro más. Todos somos Ecuador”.
Se respiran el encono, el coraje.
Los medios de comunicación ecuatorianos, en su mayoría presas de un exacerbado celo patriótico, reflejan tal sentimiento y lo adornan con calificativos: Perú es el agresor, el expansionista, el abusivo. Y Fujimori, un tirano insaciable.
Amplia difusión dieron esos medios a sendos artículos de Mario Vargas Llosa –quien luego de perder las elecciones frente a Fujimori en 1990 se fue de Perú y se nacionalizó español– y su hijo Alvaro, en los cuales atribuían el conflicto a problemas políticos internos del presidente peruano.
Dos periodistas peruanos, enviados a Quito por la cadena Panamericana de Televisión, fueron atacados a golpes la noche del martes 7 en un barrio del centro de esta capital. Los agredidos denunciaron que fueron víctimas de agentes de seguridad ecuatorianos, que desde su llegada a Quito los mantenían permanentemente vigilados. El gobierno ecuatoriano atribuyó el incidente a “un grupo de desadaptados” y presentó excusas a los comunicadores, que al día siguiente, con otros cuatro periodistas peruanos, volvieron a su país.
Internacionalmente, Ecuador lleva clara ventaja en la guerra informativa. El gobierno reaccionó rápido y puso en marcha una audaz estrategia de comunicación fuera del país, a través de sus embajadas. Casi de inmediato se creó una imagen favorable a la posición ecuatoriana y a su calidad de víctima de una agresión…
Mientras en Lima el acceso a la información se mantenía prácticamente vedado y se negaban facilidades a los informadores extranjeros –lo que se modificó finalmente–, en Quito el gobierno instaló de inmediato un centro de prensa extranjera, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, un organismo no gubernamental. Enviados de más de 30 países disponen ahí de teléfonos, computadoras, transmisiones vía satélite. Hay también una sala de monitores, donde permanentemente pueden verse las emisiones de cadenas ecuatorianas, peruanas, estadunidenses y la mexicana Eco. A ese centro llegan constantemente comunicados oficiales de la Presidencia de la República y del comando conjunto de las fuerzas armadas.
Todos los días, además, se organizan tours de periodistas a las inmediaciones de la zona de conflicto, en el sureste del país. Los comunicadores son transportados en aviones de la fuerza aérea en grupos de entre seis y diez, acompañados siempre de personal militar. Se permite el acceso a puestos castrenses de apoyo y abastecimiento, pero no a los situados en el frente de guerra.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

Todo mundo, aquí y en Lima, habla de “la guerra”, pero oficialmente no hay tal beligerancia. Perú y Ecuador no están en guerra. “Se trata de un enfrentamiento focalizado en una pequeña región de la frontera”, precisa el canciller peruano Efraín Goldemberg. “El resto del país puede estar tranquilo y confiado. Nosotros nos esforzamos por no extender el conflicto. Nuestro único objetivo es el desalojo de las tropas ecuatorianas del territorio peruano”.
No hay guerra, pero todos los días se sabe de “intensos enfrentamientos”, “combates con misiles, bombardeos”. No hay guerra, pero en las escuelas de Guayaquil se efectúan simulacros de bombardeo. No hay guerra, pero según cálculos conservadores ambos países gastan unos 30 millones de dólares al día sólo en transporte, mantenimiento y movilización de sus efectivos.
Hasta el viernes 10, Perú había reconocido oficialmente 31 soldados muertos y 65 heridos, así como la pérdida de cuatro helicópteros. Ecuador, a su vez, 11 muertos y 27 heridos. Sin embargo, la Aldhu estimó en un informe en “dos centenares” el número total de víctimas, entre muertos y heridos.
Los reportes sobre acciones militares difieren radicalmente en uno y otro país. Así, mientras el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas peruanas, Nicolás Hermoza Ríos, anunció el 2 de febrero que las tropas de su país habían tomado los puestos ecuatorianos de Cueva de Tayos y Base Sur y marchaban sobre el de Tiwinsa para completar el “desalojo total de los invasores”, el gobierno ecuatoriano aseguraba –y asegura– que los ataques peruanos habían sido rechazados por sus huestes una y otra vez y que esos puestos se mantenían bajo su control.
Lo cierto es que ocho días después del supuesto “ataque final” anunciado por Hermoza, el desalojo no había ocurrido. Por el contrario, el propio jefe militar reconocía, el jueves 9, “la dificultad” que sus tropas estaban encontrando al combatir al enemigo, entre otras cosas por las condiciones geográficas y climáticas de la zona, una jungla.
Al menos en la estadística, la superioridad militar peruana es contundente: tiene 115,000 efectivos y 188,000 reservistas, frente a 58,000 y 100,000 de Ecuador; aviones de guerra, 96 contra 83; helicópteros, 80 por 20; tanques, 80 frente a 58…
La población de Perú, de 22 millones de habitantes, duplica la de Ecuador, que es de casi 11 millones. Sin embargo, el gasto militar peruano resulta diez veces mayor que el ecuatoriano: 2,000 millones de dólares anuales frente a 200 millones.
El enfrentamiento bélico ha provocado el desalojo de decenas de comunidades, principalmente indígenas, en la zona de conflicto. Se estima en 15,000 el número de reubicados, hasta ahora.
Por otra parte, 3,200 peruanos residentes en Ecuador y 600 ecuatorianos que vivían en Perú han regresado a sus respectivos países.
Los informes sobre acciones militares en ambos países, sin embargo, son cada vez más esporádicos y menos precisos. El jueves 9 se inició un largo silencio, como si nada ocurriera en el frente de batalla. Nada, o todo.

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