Albazo navideño

Especialistas en materia de transparencia informativa y analistas políticos consultados por Proceso Jalisco coinciden: la decisión del gobernador Emilio González de publicar en el Periódico Oficial el decreto 23936/LIX/11 el pasado 22 de diciembre es un madruguete navideño que sólo pudo lograrse con la sumisión de los diputados locales. No obstante, insisten en que no permitirán el atropello, por lo que, dicen, en marzo realizarán un Congreso Estatal de Transparencia para debatir el tema y frenar la controvertida ley.

La decisión del gobernador Emilio González Márquez de publicar durante las fiestas navideñas la Ley de Información Pública que prevé cárcel hasta por cinco años a quienes difundan información reservada –lo que implica un retroceso en materia de transparencia y una amenaza a la libertad de expresión– confirma el desdén del mandatario por la transparencia, aseguran expertos en el tema.
Juan Larrosa Fuentes, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Jalisco, considera que “era inminente la aprobación” de la iniciativa”, pues fue el propio González Márquez quien la propuso; “era difícil que la vetara”.
“Fue un madruguete, al viejo estilo del PRI, un día antes de Navidad. Es una estrategia clara para agarrar a todos con la guardia baja. Nos deja en un contexto muy desprotegido. Todo esto fue un intercambio de favores políticos, y demuestra que entre PAN y PRI no hay diferencia.

“En las urnas esto deberá tener un costo político no se puede quedar así, es lo único que les duele, que les falten los votos para que no alcancen botines”, indica Larrosa.
El 22 de diciembre el Periódico Oficial publicó el decreto 23936/LIX/11 que incluye la nueva Ley de Información Pública que entrará en vigor el 1 de abril de 2012 a pesar de la oposición de asociaciones ciudadanas, académicos y periodistas.
La propuesta incluye una modificación al artículo 298 del Código Penal estatal que sanciona hasta con cinco años de cárcel a particulares que publiquen o divulguen información reservada y penas económicas hasta por mil días de salario mínimo, a pesar que esto atenta contra tratados internacionales como el Pacto de San José, así como los preceptos de máxima revelación recomendados por la Organización de Estados Americanos, entre otros (Proceso Jalisco 372).
Augusto Valencia, expresidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del estado de Jalisco (Itei), lamenta el entuerto aprobado por los diputados: “Lo que hicieron fue una ley burocrática en contra del sentido primario de libertad de expresión y contra principios constitucionales del derecho a la información. Esta nueva ley incluso prohíbe inconformarte por internet. Tienes que hacerlo en escrito y con tu firma. Todo es inquisitorio, no se diga las denuncias penales”.
Sostiene que no es la primera vez que el gobierno del estado intenta debilitar la transparencia jalisciense en contubernio con el Congreso local. Ya lo intentó, sin éxito, durante la LVII Legislatura.
Si hoy lo logró, se debe a la tibieza del Itei, que dirige Jorge Gutiérrez Reynaga, y por la “necesidad económica” de los diputados cómplices, dice al reportero el exzar anticorrupción de Guadalajara.
Relata: “La primera Ley de Transparencia data de 2002. Para finales de 2004 salió otra nueva que puso a Jalisco a la vanguardia, pero el gobierno estatal y los diputados quisieron meter reversa. A ello se debe que por lo menos en tres ocasiones desde el Itei –del cuál fue presidente en esa época– hayamos frenado los cambios”.
Los antecedentes

Augusto Valencia declara a Proceso Jalisco que en enero de 2005, cuando González Márquez estuvo al frente del ayuntamiento tapatío, promovió una controversia contra esa ley de avanzada a través del síndico Gustavo González. “Desde entonces se notó su desprecio por la transparencia; pero falló, pues la Suprema Corte de Justicia terminó por avalar la ley en octubre de 2006”.
Por eso ahora, para orquestar la infamia, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y representantes del Congreso se reunieron desde hace semanas para elaborar juntos un documento de más de 200 páginas, comenta el entrevistado.
Y añade: “Todo huele a intercambio político; más dinero al Congreso, cuyos integrantes ya habían gastado su presupuesto de forma irresponsable”. Además, insiste, no había ningún motivo para abrogar la Ley de Transparencia.
Asegura que el artículo 41 de la nueva ley da manga ancha a los funcionarios para que clasifiquen la información a su antojo sin necesidad de justificar los motivos; ahora los procesos deliberativos y las auditorías serán reservadas y sólo se sabrá de los resultados una vez que éstas concluyan.
“¡Es ridículo! Con esto, información como la de los pasados Panamericanos o el manejo de campañas y recursos electorales podrán quedar blindados con auditorías alargadas de manera mañosa”, dice Valencia.
Señala que, en el aspecto legal, los caminos para revertir el daño a Jalisco son complicados. Comenta que aun cuando el referéndum está contemplado en el artículo 34 de la Constitución estatal, cualquier gestión debe presentarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acompañada de firmas del 2.5 % del padrón electoral firmado y debe hacerse 30 días después de la publicación de la ley.
“Ello implica –dice Valencia– que el 22 de enero habría que juntar más de 120 mil firmas, lo cual es prácticamente imposible”. Aunque señala otra vía: en tanto la nueva ley vulnera los derechos fundamentales de los periodistas y la ciudadanía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República pueden interponer controversias constitucionales; lo mismo podrán hacer los ayuntamientos.
Según el entrevistado, en 2005, cuando estaba al frente del ayuntamiento tapatío, González Márquez interpuso una controversia ante la SCJN (la 32/2005) en un intento por modificar la Ley de Transparencia. No obstante, el 1 de octubre del año siguiente, el magistrado Juan Silva Meza rechazó la petición.
Valencia alude también a la opinión del jurista John M. Ackerman en el sentido de que la nueva ley es impugnable ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Proceso Jalisco 372). “Eso es una luz de esperanza. Si aquí no hay manera, se puede acudir a instancias y tratados internacionales cuyas sentencias tienen el mismo valor que la ley mexicana”, concluye.
Hacia un congreso de transparencia

El 16 de diciembre, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, Óscar Benavides Reyes, manifestó su molestia por la intensión del Ejecutivo de modificar la Ley de Transparencia, lo que finalmente logró la semana siguiente con el aval del Congreso.
El vicepresidente del Colegio de Politólogos de Jalisco, Francisco Javier González Vallejo, comenta que el gobierno de Jalisco se negó incluso a informar la fecha en la que recibió el dictamen de la ley recién aprobada, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril.
Lo que llama la atención de los analistas consultados es que el pleno del Congreso local haya aprobado por unanimidad y al vapor la nueva ley el 8 de diciembre y que el 16 de diciembre el presupuesto de egresos para 2012 haya pasado “sin manoteos ni mayores discusiones”.
Por primera vez en cinco años de gobierno de González Márquez, insisten, los diputados y el Ejecutivo “coincidieron” en que el presupuesto fuera de 74 mil 549 millones de pesos y acordaron reasignaciones por 200 millones de pesos. El Congreso alcanzó más recursos y hasta se logró el pago de aguinaldos que tambaleaba.
El exzar anticorrupción critica a los legisladores porque, acota, ese día se negaron a entregar una copia del presupuesto a los medios, por lo que se desconoce la tajada presupuestal que se llevaron.
Ese mismo 16 de diciembre, una decena de asociaciones ciudadanas, convocadas por el Itei firmaron un pliego petitorio dirigido al gobernador, en el cual pedían que se vetara la ley y que se convocara a todos los interesados a aportar propuestas para un nuevo ordenamiento.
El mandatario no respondió, por lo que 21 organizaciones civiles anunciaron que el próximo 1 de marzo realizarán un Congreso Estatal de Transparencia en el que periodistas y expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el tema de la transparencia e intentarán frenar la controvertida ley, asegura González Vallejo.
Y añade: “De esta manera tendremos dos vías: además de la legal, para pedir inconstitucionalidad de la ley, discutiremos y propondremos también reformas a los artículos más polémicos”.

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