Misión bajo sospecha

El régimen sirio arrecia la represión. Lo hace a pesar de que se encuentra en su país una delegación de observadores de la Liga Árabe, cuyo objetivo es justamente verificar que el gobierno de Bashar El Assad cumpla con el acuerdo de no atacar a la población civil. De hecho, el Consejo Nacional Sirio –que aglutina a varios grupos opositores– expone su escepticismo: los observadores no podrán moverse libremente ni visitar campos militares donde presuntamente se encuentran cientos de detenidos.

BEIRUT.- El pasado 27 de diciembre inició sus labores la misión de observadores enviada a Siria por la Liga Árabe para verificar que las autoridades de ese país cumplan con el acuerdo que intenta poner fin a la represión gubernamental contra los manifestantes civiles.

Fue una visita largamente esperada y se efectuó en un marco de violencia extrema, pues en la tercera semana de diciembre el ejército intensificó sus ataques sobre barrios residenciales de distintas ciudades y mató a por lo menos 275 civiles, denunciaron organizaciones opositoras.

Además, los militares sostuvieron un enfrentamiento –el mayor hasta ahora– con sus excompañeros, soldados que desertaron y se pasaron a las filas del llamado Ejército Sirio Libre (ESL). El saldo fue de 269 muertos.

Según estimaciones de la fundación Avaaz esos choques elevaron el número de víctimas mortales a 6 mil 237 desde que inició el conflicto en marzo pasado. Esta ONG también calculó en 69 mil el número de detenidos.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima el número de muertos en más de 5 mil. El gobierno Sirio tiene su propia cifra: 2 mil, todos ellos efectivos de las fuerzas armadas.

Contra cualquier pronóstico, la presencia de la misión de observadores y el inicio de sus actividades no se tradujo en un alto a la represión del ejército. De hecho, el Consejo Nacional Sirio (CNS) –organización que aglutina a grupos opositores, desde islamistas hasta de izquierda– manifestó sus dudas acerca de la eficacia de esa misión.

Mediante un comunicado que emitió el 22 de diciembre último, el CNS expresó que el gobierno sirio consiguió imponerles varias condiciones a los observadores. En primer lugar, no podrán ingresar en las zonas militares donde, según la organización Human Rights Watch, “las autoridades sirias han transferido a tal vez cientos de detenidos para esconderlos de los observadores de la Liga Árabe”. En segundo término, tampoco podrán moverse con total libertad, pues para transportarse deberán utilizar vehículos, choferes y guías del ejército.

Sin embargo, el mayor motivo de descontento por parte del CNS estriba en que el jefe de la misión de la Liga Árabe es el general sudanés Muhamad Ahmad al Dabi, implicado en casos de represión como los que ahora debe investigar. En su comunicado, el CNS destaca sobre todo su pasado como comandante de las operaciones militares en contra de los rebeldes de Sudán del Sur, hoy país independiente.

 

Acuerdo árabe

 

El caso de Libia es un elemento de preocupación en el gobierno de Bashar El Assad.

En marzo pasado el Consejo de Seguridad de la ONU se encontraba dividido en torno a cómo actuar ante los acontecimientos en Libia: Francia y Gran Bretaña pedían una intervención militar, Rusia y China la rechazaban y Estados Unidos se mostraba vacilante.

En ese contexto, la Liga Árabe sorprendió al pedir protección para los civiles libios. Esto movilizó a Washington, desactivó a Moscú y Pekín y entusiasmó a París y Londres. El Consejo de Seguridad no sólo condenó al régimen de Muammar El Gadafi, sino que autorizó la intervención militar en ese país.

Siria es otra cosa: demográficamente es mayor que Libia, topográficamente es más complicada, militarmente más fuerte y geopolíticamente más delicada. Además, las organizaciones opositoras han tardado más tiempo en agruparse. En esas condiciones ni Estados Unidos ni los países europeos se mostraban dispuestos a intervenir.

Sin embargo, el gobierno sirio reprimió con tal brutalidad que hasta los vecinos y aliados de Siria se deslindaron de éste. Turquía y Jordania, por ejemplo, pidieron la salida de El Assad.

Luego, varios países árabes retiraron a sus embajadores. La situación se agravó el pasado 12 de noviembre, a raíz de que el régimen permitió que turbas que le eran afines atacaran varias embajadas de países árabes. Ello en represalia porque la Liga había suspendido la membresía de Siria como sanción por la violencia ejercida por su gobierno en contra de la población civil.

Las alarmas en Damasco se encendieron el 16 de diciembre último. Ese día Rusia difundió un documento en la ONU en el que pidió el cese de la violencia e instó a las autoridades sirias a avanzar hacia reformas políticas para poner fin a la crisis. Moscú ya no parecía dispuesto a defender a El Assad. El gobierno sirio firmó entonces un acuerdo con la Liga Árabe, en el que se comprometía a retirar tanques y tropas de las poblaciones y de los distritos residenciales, así como a liberar a los presos políticos y a permitir el ingreso al país de periodistas y defensores de derechos humanos.

No era la primera vez: el gobierno sirio había signado un documento similar en septiembre y lo violó al rechazar la entrada de observadores que pudieran verificar su cumplimiento. Esta vez, en cambio, aceptó que llegara una misión de 50 inspectores árabes, los cuales eventualmente podrían aumentar a 500.

Pero ello no implicó el fin de la violencia.

“Montajes”

 

En la tercera semana de diciembre pasado –justo cuando llegó una avanzada de siete integrantes de la misión de la Liga Árabe– las fuerzas de seguridad lanzaron las más intensas ofensivas registradas en nueve meses de enfrentamientos. El miércoles 21, al menos 121 cadáveres fueron identificados en el pueblo norteño de Idlib. Ese mismo día, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 269 personas (163 revolucionarios armados, 97 soldados y nueve civiles) habían muerto en operaciones contra el Ejército Sirio Libre (ESL).

Mientras tanto, el ejército intensificó el asedio sobre los barrios opositores de la ciudad de Homs, especialmente en Bab Amr, donde fallecieron 12 personas. Esta es la tercera ciudad en importancia de Siria y en la que se han registrado 2 mil 582 muertos (40% del total de víctimas mortales), según el conteo de la organización Avaaz.

Lo más extraño, sin embargo, tuvo lugar el 23 de diciembre: a las 10:18 horas dos autos-bomba estallaron frente a las sedes de la Dirección de Seguridad del Estado y de la Oficina General de Inteligencia, en el céntrico distrito de Kfar Sousa de Damasco. Justo en esos momentos, funcionarios del gobierno se encontraban reunidos con los primeros observadores de la Liga Árabe. Los llevaron de inmediato a ver lo ocurrido.

Cuarenta minutos más tarde, Sana, la agencia gubernamental de noticias, difundió en su sitio en internet numerosas imágenes de cadáveres despedazados. Lanzó la afirmación: “El ataque criminal tiene las huellas de Al Qaeda”. Cifró en 44 los “mártires” que murieron y dijo que hubo además 166 heridos.

Faisal Mekdal, viceministro de Exteriores, declaró desde el lugar de los hechos: “Lo hemos dicho desde el principio: esto es terrorismo. Están matando al ejército y a civiles”.

Casi de inmediato, la versión gubernamental empezó a ser cuestionada.

“O es un montaje de la incompetente policía secreta de El Assad, o es un ataque genuino del incompetente brazo armado de la oposición. Hablo de la incompetencia de la oposición porque no puedo imaginar nada más tonto que hacer estallar bombas en Damasco, cuando acaban de llegar los observadores de la Liga Árabe”. Ello equivaldría a “alimentar los dichos del gobierno de que no están reprimiendo al pueblo, sino combatiendo el terrorismo”, valoró un par de horas después el prominente bloguero sirio Maysaloon.

Las explosiones “son muy misteriosas porque ocurrieron en áreas densamente vigiladas a las que es difícil entrar en automóvil”, dijo por su parte el opositor Omar Idilbi.

Varios reportes de prensa citaron a testigos que aseguraron que las calles afectadas habían sido cerradas varias horas antes por los servicios de seguridad, y que muchos guardias no habían mostrado nerviosismo después de que se escucharon los estallidos.

La agencia Sana se apoyó en fuentes que respaldaron la versión oficial, como el “doctor Amin Hoteit, experto estratégico de Líbano”, quien dijo que los ataques “indican que los agentes de Occidente y de Israel han empezado a llevar a cabo actos terroristas” utilizando “a Al Qaeda para matar civiles”.

El grueso de la misión de observadores llegó el 26 de diciembre último. Los 50 integrantes se dividieron en cinco equipos de 10 personas, uno de los cuales estuvo en Homs el 27 y el 28 de diciembre. El gobierno había retirado sus tanques de combate; preparó personas para que hablaran con los enviados árabes y les explicaran que los verdaderos victimarios son los rebeldes. También tomó medidas para impedir que se aproximaran manifestantes y se esforzó para crear una sensación de normalidad.

Sin embargo, los habitantes se las ingeniaron para concentrarse en diversos barrios. Medios de prensa internacional estimaron que se movilizaron 35 mil personas; la oposición sostuvo que fueron 70 mil. Desafiaron disparos y gases lacrimógenos con tal de que los visitantes observaran el repudio popular al gobierno. Además, querían hablar con ellos.

En un video que subió la oposición a YouTube aparecen activistas en Homs que muestran a los observadores extranjeros el cuerpo de un niño de cinco años, a quien las fuerzas de seguridad habrían asesinado.

–Sean pacientes, dennos tiempo. Realizaremos nuestros deberes hasta que pueda haber diálogo, le dice uno de los observadores a un habitante de Homs.

–¿Cuál diálogo? –responde éste–. ¿Cómo podemos llegar al diálogo si están matando gente. Nos dijeron que los tipos de la seguridad no matarían a nadie en presencia de los observadores árabes, pero cuando el jefe de la misión estaba aquí, mataron a un niño y a al menos 15 personas más.

En apariencia, el régimen se mostró confiado con la visita: “Muchos países en el mundo no quieren admitir la presencia de grupos terroristas en Siria. (Los enviados árabes) vendrán aquí y verán que están presentes”, declaró el ministro de Exteriores, Walid al-Moualem, el 20 de diciembre, tres días antes de los bombazos.

En contraste, el CNS expuso su decepción por la persona que encabeza la misión de la Liga Árabe: el general Muhamad Ahmad al Dabi, quien entregó a la agencia France Press su currículum. En éste se indica que fue jefe de la inteligencia militar de Sudán del 30 de junio de 1989 a agosto de 1995. Si ello es así, Al Dabi se convirtió en colaborador de Omar al Bashir el día en que éste tomó el poder en Sudán mediante un golpe de Estado. De hecho, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en contra de Al Bashir por delitos de lesa humanidad.

El currículum de Al Dabi indica además que fue jefe de la agencia de espionaje extranjero de Sudán de 1995 a 1996, así como jefe de operaciones militares contra la insurgencia en lo que hoy es Sudán del Sur, de 1996 a 1999.

Por la mañana del pasado 28 de diciembre Al Dabi habló ante reporteros e hizo un primer balance de su visita del día anterior a Homs. Resumió: “El día de ayer estuvo tranquilo y no hubo enfrentamientos. No vimos tanques, aunque sí algunos vehículos blindados”.

Los periodistas no lo podían creer. El día anterior la oposición había denunciado la muerte de al menos 17 personas sólo en Homs y un total de 42 en todo el país.

Ante los cuestionamientos, el general sudanés matizó: “Pero recuerden que fue sólo el primer día y hará falta investigar más”.

“Considerando lo próximos que están entre sí el régimen de Al Assad y el régimen de Al Bashir, los sirios no tienen esperanzas de que la misión tenga un desempeño justo”, había lamentado el opositor CNS en su comunicado del 22 de diciembre último.

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