Cuando las mujeres luchan por sus familias, por su comunidad, es imposible detener su ímpetu. Lo mismo descubren maniobras de militares para hacer pasar a jóvenes inocentes como miembros de la guerrilla a fin de cobrar recompensas por sus asesinatos que fundan ciudades para criar a sus hijos fuera de un entorno de violencia y crimen. Mientras esto ocurre en Colombia, en Chile se yerguen como la memoria acusadora de la dictadura y sus personeros, así como en defensoras de sus pueblos originarios en contra del olvido gubernamental y las ofensivas de trasnacionales que pretenden arrebatarles sus tierras. BOGOTÁ (Proceso Especial 35).- Luz Marina Bernal Porras, de 51 años, tenía cuatro hijos. María Ubilerma Sanabria, de 52 años, tenía nueve. Ahora son Las Madres de Soacha... Su calvario comenzó un día de 2008 en ese suburbio popular ignorado por la mayoría de los colombianos y donde se hacinan, trabajan y sobreviven 400 mil personas. Sólo en dos ocasiones ese conglomerado de la capital de Colombia ha tenido notoriedad: el 18 de agosto de 1989, cuando asesinaron ahí al candidato a la presidencia Luis Carlos Galán en plena campaña electoral, y el 23 de septiembre de 2008, cuando las caras compungidas de Las Madres de Soacha aparecieron en los noticiarios de la televisión. Desde entonces, las 17 madres de Soacha y miles en toda Colombia exigen justicia por la desaparición de sus hijos, quienes fueron posteriormente asesinados por integrantes de las fuerzas armadas para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. Luz Marina y María no se conocían, pero vivieron la misma tragedia. Se hicieron amigas y ahora trabajan de manera conjunta para evitar que se cometan crímenes como los que sufrieron sus hijos. Estudian en la Universidad Nacional y recorren Colombia impartiendo talleres. Participan en simposios, congresos y manifestaciones. Viajaron por Europa invitadas por Amnistía Internacional. Visitaron España, Bélgica y Alemania, entre otros países, en busca de apoyo para su causa. En Colombia su historia se conoce como el caso de los falsos positivos, una expresión que disimula y banaliza crímenes cometidos en nombre de la lucha del Estado colombiano contra la guerrilla. Fair Leonardo, de 26 años, hijo de Luz Marina, y Jaime Estiven, de 16 años, hijo de María, al igual que otros jóvenes, fueron asesinados como parte del citado plan perverso. Sus muertes fueron registradas como bajas enemigas —“positivas” en la jerga militar— para que los soldados asesinos obtuvieran recompensas y el gobierno pudiera dar pruebas de su guerra “victoriosa”. Los hechos bien pudieron permanecer ocultos, sobre todo en un país donde las desapariciones forzadas y los asesinatos eran hechos cotidianos. Eran los años de la “seguridad democrática”, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando Colombia se hallaba hundida en un conflicto que dejó más de 30 mil desaparecidos y 3 millones de desplazados. Por mera casualidad El 8 de enero de 2008, Fair Leonardo salió de su casa y no volvió. El segundo hijo de Luz Marina colaboraba de vez en cuando con la comunidad como ayudante de construcción. Ese mismo día su madre acudió a la fiscalía, donde le dijeron que debía esperar 72 horas antes de presentar una denuncia. Insistió los días siguientes sin que ninguna autoridad, ni la fiscalía ni la procuraduría, aceptaran su denuncia. El 8 de septiembre Luz Marina volvió a la fiscalía para poner la denuncia. No la recibieron. Las oficinas estaban en paro ese día. Una mujer se acercó y le dijo: “Señora, mi sobrino apareció en agosto en una fosa común en Ocaña. Si quiere la acompaño a Medicina Legal en Bogotá”. Fue en la capital donde una funcionaria aceptó procesar la denuncia. Buscó en el sistema y pidió fotografías, cédula y datos. Ocho días después, el 16 de septiembre, la citaron en Medicina Legal. Ahí le informaron que su hijo estaba muerto. El 23 de septiembre, responsables de esa instancia la citaron a las 10 de la mañana. En ese lugar Luz Marina se encontró con tres familias que estaban en su misma situación. Los funcionarios les confirmaron que sus hijos habían sido enterrados en una fosa común del cementerio de Ocaña, una ciudad ubicada a 700 kilómetros de Soacha. Las cuatro familias salieron juntas. En la puerta del edificio había periodistas de varios canales de televisión que acudieron a cubrir un asunto que no tenía nada que ver con la tragedia de Soacha. Se acercaron a estas mujeres, que lucían abatidas. Hablaron con ellas y quedaron intrigados por sus historias: todas vivían en el mismo barrio, no se conocían antes de enterarse de la muerte de sus hijos y compartían el mismo destino. La información se difundió en los noticiarios de la noche. A partir de ese momento comenzaron las pesquisas que desembocarían en el destape de una cloaca… Las familias partieron enseguida a Ocaña. El viaje fue larguísimo: 18 horas en autobús. El 26 de septiembre, ya de vuelta en Bogotá, las cuatro familias enterraron a sus hijos. Esa misma noche, Luz Marina prendió el televisor y vio al presidente Uribe que, curándose en salud, declaraba: “Los muchachos de Soacha no fueron a cosechar café, sino a delinquir…” Esas palabras le resultaron insoportables: “No solamente mi hijo fue asesinado por los que tenían que protegerlo, sino que además el presidente pisoteó su honor”, cuenta indignada a la reportera. Por su lado, María dice: “El último hilo que nos mantiene en vida es el combate por devolverles la dignidad a nuestros hijos asesinados. Nos toca denunciar a los culpables y exigir que sean juzgados”. Para ella el mundo se derrumbó ese mismo 26 de septiembre de 2008, cuando uno de sus hijos le dijo: “Mamá, mira el noticiario. Dicen que los muchachos de Soacha han aparecido en una fosa común en Ocaña”. Desde hacía ocho meses que esta auxiliar de enfermería, con nueve hijos, cabeza de hogar, buscaba a su hijo de 16 años. Jaime Estiven salió de su casa el 6 de febrero de 2008. Iba por el almuerzo y ya no regresó. En Medicina Legal le mostraron a María la foto de su hijo muerto. Caja de Pandora El 29 de octubre de 2008 el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, actual presidente del país, apareció en la televisión. A raíz del escándalo de Soacha se creó una comisión para investigar los hechos. Santos anunció la destitución de 27 militares, incluidos tres generales, y reiteró la posición del gobierno: los crímenes fueron perpetrados por militares inescrupulosos. Se trataba, dijo, de unas cuantas “manzanas podridas”, y aseguró que serían juzgados. En pocas semanas las denuncias se multiplicaron. Los muchachos de Soacha ya eran 17, confirmados por Medicina Legal. Se abrió la caja de Pandora y comenzaron a llegar denuncias de todos los rincones del país. Según la prensa colombiana, en lo que va de 2011 se tienen 2 mil casos registrados, y de mil 500 militares que habían participado en los asesinatos han sido condenados menos de 100. De visita en Colombia en junio de 2009, Philippe Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, manifestó: “Miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales siguiendo un patrón que se repitió en todo el país. Aunque esos asesinatos no fueron cometidos en el marco de una política oficial, numerosas unidades militares están comprometidas.” Fue por mera casualidad que el caso de los falsos positivos acabó saliendo a la luz pública. Y tanto en Colombia como fuera del país poca gente se percata de la extrema gravedad de los hechos. La expresión falsos positivos, tan usada por las autoridades, así como por la prensa colombiana e internacional, oculta de hecho esta realidad espantosa. Si bien fue en 2008 cuando las madres de Soacha contribuyeron a que se conociera el caso de los mal llamados falsos positivos, se sabe que esta práctica es mucho más antigua y se halla presente en muchas etapas del conflicto colombiano. De acuerdo con la ONG estadunidense National Security Archive de Washington, que dio a conocer una serie de documentos desclasificados en 2009, “el síndrome del body count” fue uno de los factores que determinaron el comportamiento militar colombiano durante años, basado en la obsesión de presentar estadísticas que hablaran de un éxito de la lucha contrainsurgente. Varias ONG y la oposición en el país coinciden en que esta política tuvo su momento de apogeo durante la presidencia de Álvaro Uribe, una vez que se divulgó, el 17 de noviembre de 2005, el documento denominado “directiva secreta número 29” del Ministerio de Defensa. El texto, firmado por el ministro de Defensa Camilo Ospina, predecesor de Juan Manuel Santos, establece “una política ministerial que desarrolla criterios claros y definidos para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones”. La “directiva” detalla los premios a lo largo de 15 páginas: de 3.8 a 5 mil millones de pesos por la cabeza de guerrilleros, según sus rangos; 700 pesos por municiones de armas cortas, tres millones por cada ametralladora… Omisiones Para los defensores de los derechos humanos, denunciar y movilizarse en Colombia es un viacrucis. De hecho, 20 de ellos han sido asesinados entre enero y junio de 2011. Las madres de Soacha tuvieron la valentía de resistir a las amenazas y enfrentar a quienes consideran que las víctimas son los culpables. Reciben el apoyo de numerosas asociaciones de la sociedad civil colombiana, entre las que destacan el Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado (Movice, creado en 2005) y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. Desde que llegó a la presidencia, Santos cambió sorpresivamente el discurso oficial: comenzó a promover el respeto a los derechos humanos, así como una ley de reparación a las víctimas que prevé la restitución de tierras. Sin embargo, la violencia no se ha interrumpido y la justicia avanza a paso de tortuga. La mayoría de los militares involucrados en casos de falsos positivos ha sido puesta en libertad, y las audiencias de los juicios se postergaron. En el caso de los 17 muchachos de Soacha, un único proceso se concluyó en Bucaramanga el 15 de julio 2011: ocho militares fueron condenados a penas que van de tres semanas a 55 años de prisión por los asesinatos de Eduardo Páez Garzón y Daniel Andrés Pesca Olaya. Luz Marina asistió al juicio por solidaridad y no esconde su decepción: “Están detenidos en un cuartel militar, pero ameritan cárcel ordinaria. Son criminales”. Los asesinos de Fair Leonardo todavía no han sido condenados. Junto con su abogada, Luz Marina —que no olvida ninguna fecha y ningún dato de lo ocurrido a su hijo— presentó 300 pruebas contra seis militares, quienes después de una breve reclusión actualmente están en libertad. La audiencia del caso ha sido postergada durante meses. La penúltima fecha de realización se fijó para el 12 de septiembre, pero se postergó por enésima vez, ahora para el 10 de octubre. El reclutador que engañó a su hijo fue detenido y confesó que lo había “vendido” por 200 mil pesos, precisa Luz Marina. En el caso de María y de otras cuatro familias de Soacha, las investigaciones siguen en estado preliminar. María y Luz Marina mantienen vivos sus esfuerzos. La meta de Luz Marina es desempeñarse como abogada y María sueña con ser periodista. Ambas estudian sin descanso. También imparten charlas en colegios y universidades “para que los niños no caigan en las mismas trampas”. María recuerda cuánto le dolió encontrarse en Medellín con mujeres aniquiladas que no se atrevían a denunciar el asesinato de sus hijos. “Les dije: ‘Señoras. Los niños nacen… Nosotras nos sacrificamos por ellos y pasamos noches difíciles. También nos traen muchas alegrías. ¿Cuántas veces les decimos ‘te quiero’? Ellos piensan que sus madres son valientes. Y estén donde estén hora se preguntan: ‘¿dónde está el amor de nuestras madres valientes si no luchan por nosotros?’.” l * Anne Proenza fue corresponsal del vespertino Le Monde- en Colombia. Ahora es responsable de la sección dedicada a América Latina del semanario francés Courrier International.