TURBACO, COLOMBIA (Proceso Especial 35).- Con paso lento, adormecido de domingo por la tarde, las mujeres suben la ladera. Se desvían por un camino angosto y se detienen frente a una pila de palos de madera color cenizo convertida en “monumento” como recuerdo del centro comunitario que algún día existió en esa colina, al que una noche sus enemigos prendieron fuego. Sólo quedaron esas varas calcinadas. Cuatro jóvenes armados las siguen durante el recorrido. Son los escoltas que les asignaron las autoridades desde que probaron que hay gente interesada en matarlas o, cuando menos, asustarlas para que abandonen esta tierra. Metros adelante está el salón que reemplaza al incendiado. El nuevo recinto, de ladrillos y cemento, tiene un cobertizo para protegerse del sol tropical en las reuniones al aire libre. Avanzamos unos metros hasta que Sandra Martínez, una mulata caderona de amplia sonrisa, anuncia orgullosa: “Le presento a ‘El Corazón de las Mujeres’, el lugar donde hacemos nuestras reuniones”. Sus compañeras ya están dispersas por el terreno. Alguna se asoma a revisar la cocina comunitaria; otra mira el paisaje. Las demás se sientan en unas bancas de madera debajo del cobertizo, donde toman el fresco. Desde el lugar donde charlan, metros abajo, entre la maleza, se distinguen varias hileras de casas chatas color vino tinto y verde. Es “La Ciudad de las Mujeres”, una ciudadela donde 98 familias pertenecientes a la Liga de Mujeres Desplazadas rehicieron su vida de entre las cenizas, después de que el conflicto armado las obligó al desplazamiento forzado y calcinó sus sueños. “Aquí estaba la blockera donde hacíamos los blocks para nuestras casas y teníamos un taller donde hacíamos panes pero nos lo quemaron para apagarnos las ganas de organizarnos. Pero seguimos y esas casas que ve las construimos con mucha lucha”, explica la sonriente mulata. Es difícil imaginar a estas mujeres, campesinas la mayoría, algunas canosas, otras con complexión de adolescentes, mientras levantaban con sus manos las seis cuadras con casas, fabricaban ladrillos, amarraban varillas o supervisaban obras. La tarea no fue fácil. No sólo por los años que les llevó levantar cada vivienda, buscar terrenos y conseguir créditos. Sino por los años de trabajo para reconstruirse como personas después de haber abandonado su vida huyendo de la guerra. La mayoría llegaron a los barriales de Cartagena cargando pesadillas, encorvadas por el dolor de haber enterrado al esposo o a los hijos, o haber visto cómo algún grupo armado se los llevaba. Muchas quedaron solas, a cargo de los hijos que sobrevivieron. Improvisaron su vida en cualquier terreno de invasión. Levantaron sus nuevos hogares con bolsas de plástico, palos y mecates, viviendo entre fango y porquería, arriesgando su vida en las noches de inundación o en las calles sin alumbrado. “Yo no dormía, me sentía insegura, vivía en una casita de palma. Allá se inundaba, robaban, violaban mucho, mataban, y yo pensaba: ‘Dios mío, si se meten que me hagan lo que lo que quieran a mí pero a mi hija no’”, recuerda Sandra. Los comienzos “Nosotras nacimos buscando un cajón para enterrar a una mujer”, indica la autobiografía oficial de la Liga de Mujeres Desplazadas. Nivi Díaz, una de las actuales lideresas de la ciudadela, recuerda bien ese momento: “La organización nació porque una mujer que venía de Urabá falleció por el desplazamiento, por la inasistencia médica. Diez mujeres se organizaron para pedir por las calles para el cajón. Después nos organizamos para otras cosas”. “Era duro”, agrega Ana Luz Ortega —menudita, de rasgos indígenas, madre de siete y actual representante legal de la organización—. “Empezamos con una olla comunitaria, dando un vaso de colado para los niños porque muchos no teníamos nada”. En 1999 ella huyó del estado de Córdoba, de un rancho sitiado por guerrilleros y paramilitares. Como el resto de sus compañeras llegó con su familia a Cartagena a la casa de un familiar, donde al poco tiempo se sintió como una carga. Recorrió las calles en busca de empleo. Ocultó su condición de desplazada por el difundido estigma de que quien huyó “en algo malo andaría”. Cuando intentaba reconstruir su vida, Ana Luz se encontró con una mujer, cuyo nombre sale a relucir en todas las entrevistas: la doctora Patricia. Mientras ellas peleaban en el barrio de El Pozón por su supervivencia, la juez y abogada feminista Patricia Guerrero deshacía maletas, luego de un autoexilio en Estados Unidos donde permaneció con su familia durante un año. Se marchó porque desconocía a su país, asolado por la violencia y desfigurado por tanta muerte. Cuando regresó a Colombia la abogada decidió reiniciar su vida ya no en Bogotá, sino en Cartagena, pintoresca ciudad antigua bañada por el Mar Caribe, con callejuelas rectas y anchas murallas que protegían de asaltos de piratas, balcones labrados en madera donde asoman jacarandas en flor. La misma que recibe turistas que fotografían la casa de Gabriel García Márquez —el hijo ilustre de Cartagena—, pero que difícilmente notan en los semáforos a los hombres y mujeres deslavados como sombras que se plantan con letreros que anuncian “soy desplazado, necesito trabajo, tengo hambre”. Desde su llegada una pregunta obsesionó a la abogada: ¿Quién atiende a las mujeres desplazadas? Lo preguntó a organizaciones sociales y a sacerdotes de barrios marginados que no supieron responder, pero la invitaron a conocer a estas familias de náufragos expulsados de sus tierras. En cuanto las conoció, con ocho mujeres comenzó a tejer lo que después sería La liga. Pronto organizaron una guardería casera donde fueran atendidos los hijos de las madres trabajadoras, convencieron al Programa Mundial de Alimentos para que aportara comida a ese barrio lleno de gente a la que le estaban negados los empleos, gestionaron la creación de un refugio para familias en fuga de la guerra. Hoy se estima que más de 4 millones de colombianos son desplazados. “Casi todos los días iba a los asentamientos, hablaba con ellas y empezábamos a estudiar. Si se quería conseguir las cosas mínimas básicas, como el Estado no iba a venir a entregarles nada, tenían que organizarse. Eso les daría mayores posibilidades de negociación con el Estado y podrían exigir sus derechos, pero antes tenían que conocerlos. Era difícil porque algunas eran completamente iletradas o venían de sectores donde no había Estado y la guerrilla era lo más cercano a una autoridad”, relata en la entrevista. Tras cinco años de estudio y de ensayos gestionando mejoras que querían para sus vidas, esas tímidas campesinas se convirtieron en expertas en derechos de los desplazados, de los seres humanos y de las mujeres. “Comenzamos por entender qué es un servidor público, qué es la Constitución del 91, qué el derecho internacional humanitario y cuáles los derechos de las mujeres. Después el tema de la impunidad empezó a calarles profundo. Se saben víctimas de un conflicto que no provocaron y empiezan a interesarse por entender cuáles son las leyes del conflicto, qué es el narcoparamilitarismo, la concentración de tierras y riquezas, la globalización económica, el negocio de la guerra, y cómo impacta todo eso en la vida de las mujeres”, explica Guerrero. Constructoras Cualquiera podría pensar que la ciudadela está habitada por abogadas, pues en cada charla mencionan leyes y decretos que fundamentan sus derechos. Pero son amas de casa que en cinco años se convirtieron en luchadoras sociales, defensoras de derechos humanos, diseñadoras y guardianas de políticas públicas, interlocutoras de los políticos e investigadoras de violaciones a los derechos humanos. —Cuando una lucha por sus derechos la tratan mal, nos pisoteaban, nos decían culebras venenosas —explica desde una mecedora Everlides Leonor Almanza, propietaria de una de las viviendas de la ciudadela. —¡Nos decían locas! —agrega divertida una vecina. —Ahora que sabemos hablar nos metemos a la alcaldía, en la contraloría, donde nos manden vamos y reclamamos porque los recursos no se ven. Si de amas de casas saltaron a activistas, su aprendizaje también pasó por ser arquitectas y albañilas. Eso ocurrió cuando Guerrero consiguió que unos congresistas estadunidenses financiaran viviendas a familias de mujeres desplazadas y de vecinas solidarias que vivían en las mismas condiciones de pobreza extrema. Hoy, 98 viviendas son una realidad: miden 70 metros cuadrados y constan de sala-comedor, dos habitaciones, un baño y un patio de tendido. El complejo está localizado en las afueras de Turbaco, a una hora de Cartagena. Aquellos tiempos de colonización los recuerda con una sonrisa traviesa Nemesia Cerda, que durante esos meses se convirtió en ayudante del herrero de la obra: “Fue una experiencia muy dura pero linda, nadie creía que yo iba a poder pero no había quien me ganara amarrando la varilla. Entristece cuando recuerda que el sobrino que la ayudó a transportar el material desapareció a punto de concluirse la obra. Coincidió con los tiempos de más hostigamientos: cuando aparecían cadáveres junto a las tierras que ellas cultivaban y hombres paseaban armados por los sembradíos para asustarlas. “En ese tiempo asesinaron con machete al esposo de la compañera Simona (Vázquez), que cuidaba la fábrica de ladrillo. Nos paralizamos un tiempo pero la viuda nos dio ánimo para seguir. Desde entonces hemos sufrido cinco amenazas de las Águilas Negras y de las Bacrim (bandas criminales) por defender los derechos humanos, y mientras más nos amenazan, más nos dan ganas de luchar”, explica Sandra. En marzo de 2006 la ciudadela fue inaugurada. El acoso a la organización ha seguido. En julio de 2007 se incendió el centro comunitario y se perdió la cocina colectiva y el horno para panes. Después recibieron llamadas telefónicas donde las acusaban de guerrilleras. “Es difícil resistir porque el conflicto permanece y sigue a las víctimas, a las organizaciones, a las líderes: mata, asesina, desaparece. Te vuelves objetivo militar porque nuestro proyecto se enfrentó a toda la estructura política paramilitar de la zona”, dice la abogada. La ciudadela luce como un lugar seguro. Desde que sale el sol se ve a niños uniformados rumbo a las guarderías comunitarias o a la primaria. Un par de tiendas ofrecen plátanos machos extragrandes, cocos, melones, papayas. Unas vecinas sacan puestos de frituras, otras van a Cartagena a trabajar. Al mediodía los pequeños son alimentados en un comedor municipal o en casa de Nivi, gracias a las despensas de una organización internacional. Las lideresas de la liga alternan sus labores domésticas con reuniones relámpagos, ya sea para comentar noticias, revisar finanzas o redactar escritos. A las ocho de la noche dos soldados armados, con su uniforme de camuflaje, recorren las calles centrales y arboladas llenas de sillas donde la gente toma el fresco y se detienen en una casa donde les pasan un libro que firman para dejar constancia de su presencia. Tantas medidas de seguridad no pudieron impedir el asesinato de Keila Berrío Almanza, la hija de la veterana Everlides, acuchillada por su exmarido a quien no le gustó verla feliz, con empleo y emancipada. “Me la degollaron, me la volvieron un colador, hasta la cara tenía pelada. Pero sabemos que eso mismo nos puede pasar a todas cuando reclamamos nuestros derechos”, dice la madre vuelta llanto. Matriarcado La primera pregunta que surge al llegar a La Ciudad de las Mujeres es: ¿Y dónde están los hombres? ¿Qué papel juegan en esta sociedad matriarcal? Aunque en todas las casas es posible ver a varones adultos —los compañeros—, éstos no tienen protagonismo en la comunidad. ¿Qué pasa con ellos?, es la pregunta que en el centro comunitario intentan responder Ana Luz, Nivi, Sandra y Marina. “Nosotras somos las que llevamos la bandera más larga. Nos toca ver por los hijos porque a los hombres los asesinan o no encuentran trabajo cuando llegan a la ciudad o mejor se van para otro lado, abandonando a la mujer, que queda sola enfrentando la situación”, dice una. “El hombre asume los problemas tomando trago o abandonando a la familia, y nosotras no lo hacemos. Como mamás nos toca dar un mejor sitio a nuestros hijos”, asegura otra. “Como somos mujeres nos violan durante el conflicto; somos el botín de guerra. No podemos decirlo porque una queda señalada y el hombre la abandona porque la violaron”, agrega una más. Dicen que de 70 mujeres desplazadas que habitan la ciudadela, 30 se quedaron como “madres de cabeza” y otras 15 enviudaron en la guerra (“una viuda consiguió esposo aquí y también se lo mataron”). El caso de Marina Martínez, la secretaria de la red, es típico: Sobrevivíó al desplazamiento pero su esposo la abandonó, cuando ella firmó las escrituras de la casa, al sentirse relegado. El protagonismo de las mujeres incomoda a muchos. En la alcaldía las tachan de locas por exigir mejores servicios. Sus esposos no las comprenden. Sus hijos mayores las ven como bichos raros. Como parte de su estrategia para mejorar el futuro —además de las gestiones para recibir mejores servicios, de los proyectos productivos, la cooperativa y el fondo de crédito— han invertido su tiempo en sembrar nuevas semillas, en cultivar un corazón recto en sus futuros reemplazos: sus hijos e hijas. Imparten talleres de capacitación a las nuevas generaciones para que crezcan con una mentalidad distinta. Los adolescentes, por ejemplo, toman clases para manejar adecuadamente su sexualidad, alejarse de las adicciones o superar el machismo. Uno de los capacitados es Pedro Julio Valdéz, un joven huraño de 17 años, que comenta a tirabuzón: “Por las charlas sé que nosotros por ser hombres no podemos llegar a casa a cualquier hora ni pegarle a la mujer si nos reclama”. Sentado bajo un árbol, mientras se sacude los zancudos que lo acosan, admite que ya “hace cosas de mujeres”, como lavar platos o planchar ropa, y cela menos a su hermana. Aunque la vida en la ciudadela pareciera armónica, no es fácil mantener la convivencia de un centenar de familias tan distintas. Durante la estancia de la reportera en la comunidad las lideresas estaban confundidas porque no sabían dónde habían dejado unos expedientes las anteriores directoras de la liga que acababan de ser expulsadas del movimiento por conflictos internos. Lucían agotadas por el esfuerzo invertido en poner orden. Visionarias La construcción de la Ciudad de las Mujeres es sólo un eslabón de un proceso más amplio en la historia de la liga. Patricia Guerrero explica cómo diseñó el tejido hasta lograr lo que han conseguido: “Mi hilo de Ariadna no era construir las casas, ni recursos o tierra para cultivar; la columna vertebral a largo plazo era el tema de justicia para las mujeres en el conflicto armado. Que ellas pensaran cuáles habían sido los crímenes cometidos en su contra —porque habían sido violadas, despojadas, sus familiares asesinados— pero todo estaba en la impunidad. “Por el hecho de ser abogada, feminista y haber sido jueza penal, sabía que debía enfocarme a que se decidieran a hablar acerca de lo que a ellas les había pasado. Tuvimos que trabajar el estrés postraumático y aprender a documentar caso por caso; a investigar y a conseguir elementos para su judicialización, porque el puro testimonio no te sirve ante un juez”. Durante ese proceso, las mujeres dedujeron que al Estado colombiano no le interesa la suerte de la población desplazada y le encontraron lógicas al conflicto. Entienden que grandes empresarios aprovecharon la guerra para quedarse con sus tierras y que el Estado permitió que la gente fuera expulsada. “Empezamos a documentar cuál había sido la situación de las mujeres en cada región, en qué años, por qué razones, cuáles eran los actores políticos y militares estatales y no estatales, para que el Estado investigue el desplazamiento forzado, la violencia sexual, los homicidios. Fue una investigación de tejido fino y logramos lo que ninguna organización había conseguido: que una misma unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos tomara en bloque los 144 casos que presentamos para que los investigara.” En el análisis de sus casos documentaron que 14% de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual; de ellas 32% estaban embarazadas cuando fueron desplazadas (cuatro abortaron); 26% fueron víctimas de lesiones y 10% fueron violadas. Como el sistema judicial fue archivando los casos, decidieron llevarlos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para acusar al Estado colombiano por negación de justicia. Con esto pretenden llegar a la justicia, la memoria y la verdad, y que se establezca por qué razones el Estado no evitó los crímenes o fue cómplice de los actores armados. “Como mujeres víctimas hemos logrado un modelo de desarrollo y de paz que no se había dado en Colombia y tratamos de que se implemente en otras partes para seguir resistiendo a las inclemencias de la guerra”, dice Ana Luz confiada, mientras se aleja con sus compañeras de “El Corazón de las Mujeres” para perderse en la brecha que conduce a la ciudadela. Abriendo caminos para otras mujeres.